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Una asociación de abogados demanda a Dívar ante el Tribunal de Cuentas

La exigencia de responsabilidades contables pretende que devuelva el dinero

Dívar, en su comparecencia del 31 de mayo.
Dívar, en su comparecencia del 31 de mayo.

El abogado José Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas para Europa (ADADE), ejercitó ayer una acción pública para exigir responsabilidades contables de alcance al presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por entender que ha cargado al erario gastos de actividades que no son oficiales de sus 20 viajes a Puerto Banús (Marbella, Málaga) en fines de semana de al menos cuatro días, más 24 cenas y ocho comidas en restaurantes de lujo para dos comensales, contabilizados como gastos protocolarios.

La acción tiene como objeto que el Tribunal de Cuentas obligue a Dívar a “devolver a las arcas públicas lo que de ellas no debió salir; todo aquel dinero que de forma manifiestamente indebida cargó para satisfacer sus deseos, sus gustos o apetitos personales y privados”.

El escrito sale al paso de la teoría de que el presidente del Consejo del Poder Judicial lo es las 24 horas del día, porque hay momentos en los que cualquier persona, por alto cargo que sea, actúa de forma privada. “Momentos en los que el alto dignatario deja su áurea para convertirse en un común y mortal ciudadano”, precisa.

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“Y nada más impropio que los dispendios que con tales motivos se originen vayan con cargo al Estado, y ello máxime cuando la crisis económica nos acucia, obliga en todos los ámbitos públicos a recortar sus gastos, por más que, como parece que declaró el ínclito denunciado”, recuerda el documento, “los mismos fuesen una miseria, palabras estas que, en el contexto que sea, reflejan perfectamente la laxitud de criterios, moral y jurídico del presidente del Consejo del Poder Judicial”. El montante de los gastos que Dívar cargó al presupuesto del Consejo asciende a 12.996 euros.

La denuncia señala que el control de la corrupción forma parte de las tareas asignadas al Tribunal de Cuentas y considera que la actuación de Dívar “es algo no solo moralmente repugnante, sino también jurídicamente inadmisible”.

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La acción se ha entablado “por el empecinamiento del Presidente del CGPJ en no dar explicaciones precisas y concretas —tal como exige la ley— de esos numerosos viajes y estancias en Marbella y de quién le acompañó en sus comidas, pues lejos ello de ser curiosidad malsana, supone el intentar clarificar si, por ejemplo, la condición de su acompañante merecía costear su comida como gasto protocolario o representativo en razón del cargo público que pudiera ostentar”.

La denuncia desgrana detalladamente en 38 folios todos los viajes de Carlos Dívar a Puerto Banús en fines de semanas de cuatro días o más, en los que se da la “peculiar circunstancia” de que en casi todos esos viajes el denunciado liquidó gastos con cargo al presupuesto de “atenciones protocolarias” del Consejo, correspondientes a cenas de dos comensales los viernes, sábados y domingos, y a comidas los sábados o domingos.

El escrito recuerda que Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, y no consta en los expedientes que se conocen, ni actividad oficial alguna que motivase dichos desplazamientos, ni la identidad de los comensales que motivan las supuestas actividades protocolarias, además de que dicha clase de actividades no suele tener lugar los fines de semana, y mucho menos con esa reiteración y en la misma localidad”.

Tampoco existe constancia de que Dívar hubiera informado de ninguna actividad oficial en la provincia de Málaga durante los fines de semana a los vocales del Consejo encargados para Andalucía, ni al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que legalmente representa al CGPJ en Andalucía.

En el escrito se destaca que todos los datos relevantes de los viajes de Dívar fueron proporcionados por el jefe de Gabinete del presidente, Eduardo Menéndez, en lugar del secretario general del Consejo, que es a quien legalmente corresponde la expedición de certificados.

“Queremos que se reintegren los fondos indebidamente detraídos”

José Mariano Benítez de Lugo, miembro de ADADE, declaró ayer que su asociación había decidido iniciar las acciones contra Dívar por “motivos éticos y jurídicos, a la vista de la inoperatividad de las otras dos opciones para exigir responsabilidad al presidente: la penal y la política”.

“Nuestra acción”, aseguró, “tiene por objeto que Dívar reintegre al erario los caudales que indebidamente detrajo y que fueron utilizados en los largos fines de semana en Marbella”.

El letrado explicó que el proceso no es lento, porque no se trata de analizar exhaustivamente las cuentas globales de un organismo público, sino un procedimiento de enjuiciamiento en el que se analiza algún alcance (saldo deudor injustificado) en el erario, por eso se llama procedimiento de reintegro por alcance.

En el caso de que se concluyera que Dívar había malgastado fondos públicos, se podría llegar hasta embargar los bienes del presidente del Supremo, aunque habida cuenta de las cantidades que se reclaman no parece probable que esa situación llegue a producirse.

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