El juez impide a una modelo y su madre personarse en el caso por “aberrante”

“Jurídicamente aberrante” y una “pretensión que no responde a unos mínimos postulados de seriedad y respeto jurídico”. Así rechaza el juez del caso Palma Arena, José Castro, la petición de María Mar Cano, madre de la modelo germano-hispana Soraya, de personarse como acusación popular en la pieza del caso Urdangarin. La hija ya planteó su pretensión de ser acusación particular –afectada directamente- e insistió de nuevo, con idéntico resultado procesal negativo. La joven Soraya denunció en un caso de supuesta violación al magnate y príncipe de Arabia Saudí Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud.

La denuncia de Soraya fue archivada, por ausencia de pruebas, en distintas ocasiones y en diferentes instancias judiciales en Ibiza y la Audiencia de Palma. Iñaki Urdangarin es micro accionista (0,09%) del capital de una compañía Mixta África, que domina el financiero árabe denunciado por la joven, porque tiene más del tercio de la propiedad. El duque de Palma percibió cerca de 400.000 euros como asesor de la firma.

Las dos mujeres buscan ligar su episodio judicial con “cuestiones espinosas” para casas reales. Piden la aportación al juzgado de un reportaje de Vanity Fair de España sobre la personalidad y negocios de la aristócrata Corina zu Sayn-Wittgenstein. Las diligencias que aquellas solicitan “se descalifican por su mismas”, dice el juez.

Madre e hija intentan, en paralelo, anidar su asunto, que divulgaron en los medios, en el sumario del caso Urdangarin (o caso Nóos), en el que se investigan los supuestos negocios sucios con dinero público de Baleares y de Valencia del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y de su socio, Diego Torres, al frente del Instituto Nóos, sin ánimo de lucro.

El juez Castro describe las argumentaciones de Soraya y de su progenitora como “carentes de sentido y entendimiento”. Su letrado, Max Turiel, aportó en diez folios con una estructura de guión (prefacio, planteamiento, nudo… y estrambote). El instructor deniega la personación doble de la modelo y de su madre, por falta de conexión entre su asunto y el ‘caso Urdangarin’.

La denuncia de la supuesta violación fue, dice el juez Castro, “sobradamente archivada” y “tumbada”. El abogado de las dos mujeres, Max Turiel, indica en su escrito su intención de actuar contra el Fiscal General del Estado por un supuesto archivo de su asunto “por componendas políticas”. Pide que “se haga justicia aunque se hunda el cielo” porque cree que se han vulnerado los derechos fundamentales de la denunciante.

El juez solicitó inicialmente a la modelo que acreditase "qué perjuicios ha experimentado como consecuencia de los hechos investigados” en el sumario del Palma Arena, porque ella aludía únicamente a “la participación de alguno de los imputados de la empresa Mixta África". El caso que instruye el juez José Castro se ciñe a la presunta malversación de 3,5 millones de caudales públicos del Gobierno de Baleares y de la Comunidad Valenciana. El pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, el Gobierno de Baleares y el Partido Popular actúan como acusaciones junto a la Fiscalía Anticorrupción

Urdangarin fue contratado como consejero y/o asesor -como en otras empresas-, por la compañía inmobiliaria Mixta África. Cobró en el año 2007 de esta firma 257.000 euros, y 368.000 euros en tres años. Mixta África firmó un contrato con el duque de Palma que especifica que éste cobra para “fijar las líneas estratégicas en la gestión, operación, consolidación de la sociedad y sus filiales”. El príncipe mantiene esta división inmobiliaria internacional multinacional, ideada para alzar viviendas baratas en países en desarrollo. El magnate es titular de una de las 20 mayores fortunas del Mundo.

La Audiencia de Palma decretó en marzo de 2011 el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba la denuncia de Soraya, de 23 años, contra el príncipe sobre un supuesto episodio de 2008 en un megayate anclado en el puerto de Ibiza. Tras conocerse el carpetazo judicial, el rey Juan Carlos mostró su “alegría” y su “felicitación” al magnate saudí, que había escrito, por dos veces al monarca reclamándole ayuda. Don Juan Carlos le aconsejó que confiara en la Justicia, independiente, y que tomara los servicios de un abogado en España. Al Waleed contrató al bufete de Horacio Oliva e Ignacio Ayala. La defensa de Soraya advirtió, entonces, que el asunto no estaba cerrado.