El Gobierno replica las objeciones a la Ley de Transparencia

Las ONG se enfrentan al Ejecutivo del PP y critican la opacidad de la norma La nueva norma no se debatirá en el Congreso hasta después del verano

Si todo marcha como está previsto, la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno llegará al Congreso al final de este período de sesiones. No será hasta la vuelta del verano cuando los grupos políticos y las organizaciones y expertos que han exigido con más fuerza la ley debatan su contenido. Por ahora, los principales puntos de desacuerdo son estos:

» Transparencia de la ley. La Coalición Pro Acceso, una plataforma que engloba a 59 organizaciones ha señalado la paradoja de tramitar con opacidad una ley que debe instalar la transparencia en las instituciones. Se refieren sobre todo a la negativa del Gobierno a dar a conocer las 3.600 sugerencias que los ciudadanos habían hecho a la ley en una consulta pública en Internet en abril. Fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que la consulta fue transparente: “Durante 10 días, cerca de 80.000 ciudadanos participaron en el proceso, realizando más de 3.500 aportaciones que se tradujeron en una quincena de modificaciones. No vamos a hacerlas públicas de la misma forma que ningún ministerio hace pública la correspondencia que recibe con las propuestas para incluir o cambiar las normas de su actividad sectorial”. Las organizaciones no entienden por qué no pueden ser publicadas sin incluir los datos personales.

» Una agencia independiente. Las organizaciones opinan que la agencia que se encargará de vigilar el cumplimiento de la ley no será independiente, pues dependerá del Ministerio de Hacienda. El Gobierno dice que la Agencia dispondrá de un rango institucional idéntico al de la Agencia de Protección de Datos.

» Limitaciones a la ley. Ninguna de las dos partes dice que no haya que poner límites a la transparencia. El problema es que, según las organizaciones, hay demasiadas excepciones sobre las que además no se puede recurrir ante la Agencia de Transparencia. El Gobierno dice que no es cierto que haya limitaciones que impidan la vía del recurso. “Existe una vía administrativa y, agotada esta, la vía judicial”. Eso es lo que critica por ejemplo la ONG Acces Info, que lleva cuatro años pidiendo por vía judicial al Ministerio de Defensa varios datos como el número de miembros de las tropas españolas que han sido tratados por traumas post-conflicto en cada uno de los cuatro últimos años y el coste del tratamiento.

» ¿Un derecho fundamental? Prácticamente todos los expertos, ONG y organismos internacionales que han opinado y publicado informes sobre las leyes de transparencia consideran que el acceso a la información debe ser considerado un derecho fundamental. El Gobierno entiende que no es así. “La única referencia contenida en la Constitución Española al derecho de acceso a la información es la que se realiza en el artículo 105, que no forma parte del Título constitucional en el que se enumeran los derechos fundamentales. Los Títulos I y II del Anteproyecto de Ley regulan un derecho constitucional que para este Gobierno tiene la máxima importancia. Para nosotros este tema tiene una importancia jurídica relativa. Para regular la transparencia no consideramos necesario cambiar la Constitución”. Las organizaciones tampoco. Consideran que solo sería necesario vincularlo al derecho a la libertad de expresión, que sí es un derecho fundamental.

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