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El juez imputa al alcalde de Valladolid en un caso de corrupción urbanística

Está citado a declarar el próximo 12 de julio en relación con el Plan de Ordenación Urbana

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, del PP, ha sido citado a declarar como imputado sobre la alteración ilegal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. La Fiscalía de Valladolid pidió su imputación el pasado lunes, y el juez acordó ayer citar a León de la Riva y a otros siete concejales y exconcejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. La decisión de actuar contra León de la Riva fue comunicada por la fiscalía de Valladolid a la Fiscalía General del Estado, que se ha dado por enterada.

León de la Riva ha sido citado para el 12 de julio, a las 9.30, según una providencia del juez de instrucción número 1 de Valladolid. Además del alcalde, han sido llamados a declarar como imputados el concejal Tomás Punzano Ruiz y los exediles María Luisa Ramírez Carballedo y José Carlos Muñoz Mateo, a lo largo de la mañana del próximo 21 de junio. Los concejales Gonzalo Hernández Santamaría, Manuel Sánchez Fernández y el director del Servicio de Obras de la corporación municipal, Pablo Luis Gigosos Pérez, tendrán que comparecer el 5 de julio. El juez también ha aceptado la petición de la fiscalía de llamar nuevamente a declarar al que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y al arquitecto Luis Álvarez Aller, para el 4 de septiembre.

El asunto se remonta a 2003, pero agotada ya la investigación, la fiscal de urbanismo de Valladolid propuso que el alcalde León de la Riva declarase como imputado, lo que ayer fue aceptado por el juez de instrucción número 1. Los indicios apuntan a que  el PGOU de Valladolid aprobado por el Ayuntamiento se modificó ilegalmente por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico.

Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.

En febrero de 2011, el Tribunal Superior de Castilla y León obligó al alcalde de Valladolid a revisar el PGOU y remitió las actuaciones al juzgado de instrucción para su investigación en vía penal, dadas las “alteraciones conscientes” con las que se encubrió una “auténtica revisión” del Plan General.

Óscar Puente, presidente del grupo socialista del Ayuntamiento vallisoletano y denunciante de los hechos en 2008, manifestó a EL PAÍS que su objetivo no es León de la Riva, “sino que se esclarezcan unos hechos muy graves, como fueron la modificación de 74 artículos y el cambio de 14 planos del PGOU”. León de la Riva había declarado hace unos días que tenía el “convencimiento” de que no iba a “sentarse en el banquillo” por este asunto.