Dívar, despilfarro y poder

Ser vocal del Consejo del Poder Judicial es uno de los cargos más codiciados de la judicatura española. Confiere influencia, un gran poder en la carrera judicial, sueldos de los más elevados de la Administración (112.000 euros brutos anuales, en torno a 6.000 netos al mes; el presidente del Consejo mucho más, 130.000 brutos), coche oficial, escoltas (el presidente, hasta siete), rango de secretario de Estado... Y, además, casi barra libre en las invitaciones y gastos de representación. Como ha sido en los últimos 16 años y seguirá siendo mientras el propio Consejo no modifique la normativa que regula los gastos de representación de sus vocales.

Hasta 1996, los vocales disponían de dietas en sus viajes, pero determinados abusos condujeron entonces a modificar la norma, de tal forma que los gastos son cargados al Consejo con solo aportar los recibos o facturas. Pero la norma les exime de la obligación de detallar con quién, por ejemplo, comparten mantel. Y si la comida es fuera de Madrid y los vocales prefieren dejar de lado el coche oficial y viajar en avión, Iberia les trata como altas autoridades del Estado: les lleva y recoge a pie de avión. Los diputados del Congreso tampoco tienen dietas: perciben 1.800 euros mensuales para sus gastos, aparte del sueldo.

Según fuentes del Consejo del Poder Judicial, los consejeros no disponen de Visa oro, pero basta la palabra, y solo la palabra, de cualquiera de ellos de que han estado en tal o cual lugar y en misión oficial para cargar esos gastos al Consejo, que maneja su propio y nada desdeñable presupuesto: 74.087.730 euros en 2011. Hoy por hoy, pues, el único límite a los gastos de los consejeros lo dicta el sentido común.

Los citadas fuentes del Consejo señalan que, a diferencia de Carlos Dívar, muchos vocales del Poder Judicial sí suelen explicitar en sus facturas el motivo y con quién, por ejemplo, han comido. Pero, de momento, la citada norma de 1996 les exime de especificarlo. A ese acuerdo de 1996 se ha agarrado el presidente del Consejo, Carlos Dívar, que simultáneamente lo es del Tribunal Supremo, para no desvelar quién o quiénes le acompañaron en las 40 cenas y almuerzos que ha pagado el Consejo en el marco de los 20 viajes que giró en larguísimos fines de semana caribeños. Algunos de ellos de jueves a martes, a hoteles de lujo de las cálidas costas de Puerto Banús (Marbella, Málaga).

En su comparencia del pasado jueves ante la prensa, Dívar se escabulló de explicar lo que todos creían que iba a detallar —es decir, con quién o quiénes se gastó, entre unas cosas y otras, casi 13.000 euros—. El presidente del Consejo se escudó en el “carácter oficial y reservado” de sus encuentros en Marbella, y nada dijo. Se amparó precisamente en ese acuerdo de 1996, que, contradictoriamente, él mismo tachó de “desfasado”. Y esa fue también su principal baza jurídica para que la Fiscalía del Estado archivase la denuncia que le puso el vocal y exabogado de Garzón José Manuel Gómez Benítez por malversación de caudales públicos.

El caso Dívar es una disfunción del actual sistema que regula los gastos de los vocales. Tras tildarlo de “desfasado”, el propio Dívar anunció que ese acuerdo será modificado en julio para que los vocales, cuando carguen gastos al Consejo, tengan que explicar si el viaje es oficial y el concepto de los gastos. Aunque Dívar avanzó que, en algunos aspectos, sus almuerzos seguirán siendo reservados. Solo informará de ellos al presidente en funciones del Supremo y al vicepresidente del Consejo, el magistrado Fernando de Rosa.

Los 20 viajes y 40 cenas en Marbella de Dívar aún sin explicar han desatado un terremoto en la judicatura española. En la carrera judicial no se habla de otra cosa. Y han puesto de actualidad intrahistorias de un órgano vital del tercer poder del Estado, el Consejo General del Poder Judicial. Si Dívar no ha caído aun es porque una mayoría de 15 vocales (del total de 20 que hay, con él 21) le sostienen. Solo cinco piden su dimisión, y están encabezados por la vocal Margarita Robles.

Si Robles accedió al cargo avalada por el exministro socialista José Blanco, Dívar dispuso de un consenso total en las alturas. Fue la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega quien convenció al entonces presidente Zapatero para que propusiera el nombre de Dívar como primera autoridad judicial del Estado ante Mariano Rajoy, que aceptó encantado. Dívar es un hombre de fuertes convicciones religiosas. Según fuentes del Consejo, durante su anterior etapa como presidente de la Audiencia Nacional se las ingenió para estrechar sus lazos con De la Vega y con Federico Trillo, entonces la mano del PP en la justicia, mostrando una faceta de hombre moderado.

Este Consejo se constituyó hace cuatro años merced a un pacto entre Zapatero y Rajoy, que se repartieron 18 de los 20 vocales (nueve el PSOE e igual número el PP) y los otros dos se los dejaron a CiU y PNV. La ley dice que, elegidos los 20 vocales, estos se reúnen y designan al presidente. Prueba inequívoca de que todo estaba amañado es que, cuatro días antes de que se reunieran los vocales, desde La Moncloa, con Zapatero, se filtró que Dívar sería el nuevo presidente. Y así fue.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado un cambio en la elección de los vocales. En síntesis, serán los jueces quienes elijan a 12 de los 20 vocales. Los otros ocho, seguirán siendo elegidos por las Cortes. La apuesta de Gallardón tiene críticos. La carrera judicial es mayoritariamente conservadora. Y existe el riego de crear un Poder Judicial monocolor y corporativista, donde los elegidos sean los consejeros más benevolentes con los incumplimientos de sus colegas electores.