Dívar: “Ni voy a dimitir ni voy a dar explicaciones a la prensa”

La imagen del Consejo General del Poder Judicial como institución del Estado saltó ayer por los aires en el pleno extraordinario convocado para que su presidente Carlos Dívar ofreciera explicaciones a los vocales sobre los 20 viajes de fin de semana de cuatro días o más que realizó a Puerto Banús (Marbella, Málaga), donde pernoctó y mantuvo cenas para dos personas en restaurantes y hoteles de lujo, como Puente Romano o el Marbella Club Golf Resort & Spa, entre otros.

Cinco vocales —Félix Azón, Margarita Robles, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y José Manuel Gómez Benítez— reclamaron la dimisión de Dívar por su conducta irregular, que ha supuesto un grave quebranto para el consejo y para la judicatura.

Pero lo sorprendente fue que en el pleno en el que el presidente tenía que dar explicaciones y pedir disculpas, no lo hizo, y otros siete vocales —Almudena Lastra, Gemma Gallego, Concepción Espejel, Gabriela Bravo, Antonio Dorado, Claro José Fernández-Carnicero y Fernando de Rosa— exigieron la dimisión del vocal José Manuel Gómez Benítez, que le había denunciado. La razón fue que a su entender había actuado con falta de lealtad con la institución y por —como explicó Lastra— haber presentado una denuncia “por un delito de malversación de caudales públicos, y ello a sabiendas, en su condición de jurista de reconocido prestigio, catedrático de derecho penal, de que no concurrían los elementos del tipo penal”, es decir, que sabía que no era delito.

Gómez Benítez no se quedó callado y atacó duramente a la fiscal Lastra, según fuentes del consejo. Reivindicó la presentación de la denuncia porque si en su día se pudieron investigar los fondos reservados del Ministerio del Interior es mucho más fácil hacerlo con estos viajes si se tiene intención de hacerlo, pero el fiscal no ha querido. El vocal denunciante dijo que sufragar gastos privados con presupuesto público es un delito de libro y dirigiéndose a Lastra le dijo que al decir que él sabía que no había delito le estaba imputando un delito de acusación y denuncia falsa. Y le retó a que presente una querella contra él y que ante los tribunales se dirima si es delito o no.

Gómez, muy enojado, dijo que si ella no interponía la querella, lo haría él por delito de calumnias, y que, a través de la exceptio veritatis (la verdad exime del delito) se investigaría todo lo que el fiscal no ha querido investigar.

La vocal Lastra, en nombre de cinco de sus compañeros, criticó duramente “la campaña de desprestigio y confusión” que según ella intencionadamente ha llevado a cabo Gómez Benítez y respaldó expresamente a Dívar, por considerar que “el presidente del consejo y del Tribunal Supremo, para lo bueno y para lo malo, lo es todos los días del año”, por lo que le reiteró “la confianza otorgada en el nombramiento”.

Lastra apeló a la honestidad de Gómez Benítez para que renunciara a su cargo.

Este se negó. “Por responsabilidad ante los ciudadanos y ante los jueces, no puedo dimitir”, explicó. Eso sí, pidió disculpas únicamente por no haber informado al pleno de su intención de denunciar a Dívar por los viajes. No obstante señaló que la obligación de la autoridad de denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento es personal y no se puede llevar a debatir al pleno lo que constituye materia penal.

La mayoría de los vocales pidieron explicaciones a Gómez Benítez acerca de por qué había presentado la denuncia contra Dívar.

El vocal contestó que hay mucha gente que no necesita que le explique por qué presentó la denuncia, porque actuar para atajar el despilfarro de gastos de altos cargos es hacer política con mayúscula, la que quieren los españoles. Preguntado sobre quién es esa gente, Benítez respondió que 5,5 millones de parados, millones de jóvenes sin futuro, los que no saben qué hacer para llegar a fin de mes y aquellos que actúan contra la corrupción. Eso, dijo, es hacer “política con mayúsculas”.

Miguel Carmona, uno de los representantes de Jueces para la Democracia en el consejo, que fue el único de los integrantes de esa asociación judicial que no respaldó la petición de dimisión de Dívar, como había pedido su secretariado, contestó a Gómez Benítez que lo que había hecho era “política de corral”.

Mientras tanto, la explicación de Dívar a sus compañeros brilló por su ausencia. “Yo en este momento no puedo dimitir”, señaló el presidente, “porque eso se interpretaría como una asunción de responsabilidades, que yo no siento que tengo y que sería contrario a esa exculpación que ha hecho el fiscal”.

Un importante número de vocales le reclamó que fuera él y no la vocal portavoz, Gabriela Bravo —una de las que de forma más entusiasta había salido en su apoyo—, el que saliera a dar explicaciones públicas a los medios de comunicación que esperaban en el salón de actos. Sin embargo, Dívar dijo: “No lo voy a hacer”.

Y fue en ese momento, ante la soberbia de Dívar en esa respuesta, cuando Carles Cruz, que hasta ese momento se había resistido a firmar el documento de asociación pidiendo la dimisión del presidente, se animó a firmarlo.

A última hora, el vocal Manuel Almenar intentó que se aprobara un borrador de acuerdo que contaba con el apoyo de 10 vocales, en su mayoría integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Ese borrador destacaba que el pleno del CGPJ, en relación con los hechos de la denuncia interpuesta contra el presidente, manifestaba “el profundo pesar por el quebranto a que se ha dado lugar, no solo para el Poder Judicial, sino para todos y cada uno de los jueces y magistrados que lo conforman”.

“Resulta comprensible la repercusión mediática y social, conscientes como somos de la difícil situación que atraviesa nuestro país”, recogía el texto, que concluía: “Por este motivo, en el día de hoy se acuerda iniciar para su aprobación en el próximo pleno la elaboración de un plan de transparencia en la ejecución del presupuesto de este consejo, en el que se delimite de la forma más exhaustiva posible, y con el fin de que estos hechos no vuelvan a producirse, el régimen de fiscalización de todos los gastos que se realicen, con expresa justificación y correlativa motivación”.

Dívar se acogió a que el pleno era deliberativo para rechazar la propuesta.