El fiscal exculpa a Dívar y avala el gasto de dinero público sin justificar

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, archivó la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por el vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, contra el presidente de ese organismo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por haber viajado 20 veces a Puerto Banús (Marbella), en fines de semana de al menos cuatro días, supuestamente para actividades oficiales. El fiscal archivó la denuncia sin realizar las principales comprobaciones de investigación sobre el destino dado al dinero público gastado y apenas dos días después de conseguir algunos de los datos que había solicitado al Consejo General del Poder Judicial.

El decreto de archivo recoge que el presidente Carlos Dívar no tuvo “una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio” pues llegó a abonar parte de los gastos en esos desplazamientos a Marbella y concluye que “no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”.

La Fiscalía General del Estado avala con su decreto de archivo de la denuncia la más laxa manera de controlar el gasto público, porque se admite que, en muchos de los desplazamientos, no se conoce para qué viajó Dívar ni a qué dedicó los gastos protocolarios, en cenas para dos en distintos hoteles, como el Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, entre otros.

El secretario general del Consejo del Poder Judicial, Celso Rodríguez Padrón, al que el fiscal encargado del caso había pedido una certificación de que los viajes de Dívar eran oficiales, se había negado a hacerlo. Rodríguez Padrón alegó que él no estuvo allí y que no tenía constancia de actividades oficiales en las fechas de algunos de los viajes, por lo que no podía emitir certificación al respecto.

A la vista de que Rodríguez Padrón se había negado a certificar el carácter oficial de los desplazamientos del presidente pagados con dinero público, el jefe de Gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, envió un escrito al fiscal el 18 de mayo —en el que este se ha basado para decretar el archivo—, en el que precisa que algunos viajes pueden tener carácter reservado, debido a que “en ocasiones pueden tener una naturaleza no compatible con la publicidad”. El puesto de Menéndez es de confianza y de libre designación. Menéndez aspiró en marzo de este año a ser nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el aval de Dívar, pero en la votación correspondiente del pleno del Consejo no alcanzó la mayoría necesaria.

El fiscal justifica no haber realizado ninguna investigación sobre si los viajes de Dívar eran oficiales o no, porque de acuerdo con la normativa del Consejo, en la justificación de los viajes no tiene que constar el motivo oficial que da origen al desplazamiento y da por supuesto que cuando el Consejo ha pagado todo el gasto, se trata de un viaje oficial. Sin embargo, el fiscal podría haber comprobado con las personas que Dívar cita que se reunió durante sus viajes, la veracidad de los mismos. Uno de ellos, Lorenzo del Río, ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y anteriormente presidente de la Audiencia de Cádiz, no quiso confirmar si había comentado con otros presidentes de Tribunales Superiores que la reunión que Dívar alega que mantuvo con él no se había producido. “No voy a decir nada”, señaló. “Cuando haya que decir lo que sea, ya lo haré”. Preguntado si se lo diría al fiscal, respondió: “Por supuesto”.

Desde que tuvo conocimiento de la denuncia, Dívar trasladó a otras personas del Consejo que si él caía no iba a caer solo. En la reunión de la Permanente llegó a decir, según algunos de los presentes: “¿Por qué han tenido esa crueldad conmigo, si hay otros vocales que gastan más?” Y mencionó expresamente a Miguel Collado. Dívar convocó el lunes por la mañana a varios vocales individualmente para preguntarles por su posición. Algunos lo interpretaron como una intimidación. Previamente, a través de su jefe de Gabinete, había solicitado una relación de todos los gastos de viajes y atenciones protocolarias de los vocales, pero ante las quejas de una vocal, que amenazó con pedir su dimisión en un pleno, dio marcha atrás y la petición se centró en la disminución global del gasto desde 2008.

Por la tarde, Dívar convocó a los vocales, donde se quejó del quebranto institucional y personal que ha provocado la denuncia. Sin embargo, aunque estaban presentes 15 vocales, se le instó a convocar un pleno extraordinario para tratar de forma monográfica la situación de crisis institucional que se ha provocado.