Gobernar al margen del Parlamento

“Revitalizaremos el Parlamento utilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley”, se decía en la página 174 del último programa electoral del PP. Pero las mayorías absolutas relajan los buenos propósitos electorales sobre el Parlamento y el decreto es el instrumento habitual de este Gobierno.

Cinco meses después de tomar posesión, Mariano Rajoy ha convertido en decreto casi todo lo que ha tocado. Solo ha dejado de tramitar como decretos las normas que expresamente están excluidas de este procedimiento. Así, de los cinco proyectos de ley que han llegado al Congreso en esta legislatura, tres eran leyes orgánicas y otro era el de Presupuestos. Es decir, solo una norma susceptible de ser convertida en decreto se ha escapado.

Rajoy ha aprobado en cinco meses 20 decretos, por ocho de José María Aznar en ese mismo periodo de su primera legislatura y cinco de José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de su mandato.

La Constitución establece en el artículo 86 que los decretos pueden utilizarse “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” y limita los asuntos que pueden regular, de tal forma que es una vía para legislar casi excepcional.

Por eso, establece un procedimiento de convalidación en el Congreso y la posibilidad de que se tramite luego como proyecto de ley para debatir e incorporar enmiendas. Sin embargo, el Gobierno solo ha usado cinco veces esta vía que permite debate y correcciones: el de la reforma laboral, el que resta competencias a las comunidades sobre los ríos y tres de directivas europeas de escaso calado político. Y eso que con su mayoría absoluta, el PP no debería temer a las enmiendas de la oposición o la pérdida de votaciones en comisiones y en pleno.

Al no permitir este trámite las correcciones en el Congreso, los cambios se hacen mediante procedimientos al margen del control y el debate. Por ejemplo, el decreto de sanidad fue seguido de la publicación en el BOE de una lista de 73 fes de errores, muchas de ellas sobre asuntos de calado y de fondo y no por mera corrección de defectos. Otro caso fue el de un decreto aprobado con un solo artículo para satisfacer exigencias de CiU y corregir uno anterior que había sido convalidado y sobre el que se negó también el trámite como proyecto de ley. Con esta fórmula, el Gobierno consigue que un decreto como el de sanidad, que recorta 7.000 millones de euros, se despache en poco más de una hora. En Presupuestos, el PP impuso el rodillo y solo aceptó tres de 3.100 enmiendas de la oposición, con contenidos tan políticamente relevantes como beneficios fiscales al Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Otra de las aceptadas era del PSOE y consistía en rectificar el nombre de una localidad afectada por una conexión viaria y que figuraba equivocada en el proyecto del Gobierno. Eso fue todo.

Obviamente, los decretos son aprobados en Consejo de Ministros sin diálogo previo y solo se abren negociaciones en vísperas de la convalidación y de forma limitada.

En las pocas normas que se tramitan en el Congreso, el PP ha vetado las comparecencias de sindicatos y empresarios en el debate de la reforma laboral ante la comisión correspondiente. Esta semana se cierra el plazo de aprobación de enmiendas y el PP solo habla con CiU para incorporar algunas de sus modificaciones.

Rajoy no ha comparecido todavía en pleno monográfico sobre la crisis, ni se le espera. Solo ha ido dos veces al pleno por el imperativo legal de dar cuenta de sendas cumbres europeas. En los primeros cinco meses de su segunda legislatura, Zapatero compareció dos veces para hablar solo de la crisis, y en la primera dos, una por la retirada de las tropas de Irak y otra por envío de efectivos a Haití. Rajoy ha respondido a 18 preguntas en el Congreso y Zapatero a 31 en idéntico periodo.

El PP bloqueará las peticiones de comparecencia sobre Bankia, empezando por las de Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Miguel Blesa, exgestores del banco. Vetará la creación de una comisión de investigación y se remite a una subcomisión que funciona a puerta cerrada.