Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La policía entrega al juez facturas de la financiación ilegal del PP en 2008

Un informe acredita el amaño de la red Gürtel y una empresa de familiares del presidente de las Cortes Valencianas en la campaña de las elecciones generales

La policía entrega al juez facturas de la financiación ilegal del PP en 2008 Ampliar foto

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) continúa ahondando en la forma en que se desarrolló la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en la etapa en que Francisco Camps presidía el partido y la Generalitat. El último informe policial aportado a la causa que instruye el Tribunal Superior valenciano, vinculada al caso Gürtel, se centra en la presunta falsificación de facturas, para ocultar esa financiación, realizada por Orange Market, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, y el Grupo Sedesa con motivo de la campaña de las elecciones generales de 2008.

Este grupo empresarial fue supuestamente una de las ocho compañías de obra civil que financiaron irregularmente actos electorales populares en los años 2007 y 2008. Sedesa es propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que fue director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar.

El análisis de la UDEF concluye que cuatro facturas abonadas por Sedesa Inversiones, Sedesa Obras y la Fundación Sedesa a Orange Market por supuestos actos y por un importe total de 150.684 euros (IVA incluido) no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.

Sedesa habría pagado 150.600 euros a la trama por actos falsos

“Con la elaboración de las facturas falsas”, indica el informe policial, “se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es, con lo que se consigue crear un documento de naturaleza mercantil que presenta una apariencia de veracidad por su estructura y forma de confección”.

La UDEF llega a esa deducción, en parte, como consecuencia de las deficiencias que presentan las facturas: “Se observan discontinuidades en la elaboración de los citados documentos, empleo del mismo título en los presupuestos confeccionados cuando corresponden a servicios distintos, y una modificación de los archivos informáticos que recogen los presupuestos con posterioridad a la teórica fecha de confección. De ello se infiere la improvisación con la que se han confeccionado dichos documentos sin estudio ni preparación”.

Si la relación comercial entre Sedesa y la empresa de El Bigotes parece falsa desde esa perspectiva, también se antoja ficticia al no existir rastro de que la facturación fuera real: “No se ha hallado ningún documento, archivo, correo electrónico, hoja de costes, factura de proveedores o anotación, en ningún tipo de soporte, que indique que por parte de Orange Market se ha producido participación efectiva en el desarrollo de ningún tipo de trabajo relacionado con los conceptos reflejados en las facturas”. Eso es extraño, subraya la UDEF, porque la red era muy cuidadosa en la elaboración de documentos internos que reflejasen la relación coste / beneficio de los actos que realizaba.

La UDEF atribuye errores en las facturas a la “técnica del corta-pega”

Dos de las facturas analizadas se refieren al mismo acto, la VI Entrega de los Premios Sedesa, por un importe conjunto de 69.600 euros, celebrada el 30 de octubre de 2008 en el Hotel Meliá Valencia Plaza. El problema es que, según la investigación policial, como demuestran los correos aportados por el hotel, el acto fue coordinado y llevado a cabo por personal de Sedesa y del establecimiento (la UDEF identifica a las personas que lo hicieron concretamente).

El grupo empresarial abonó por ello al hotel 7.818 euros, y en ese importe se incluía la contratación del salón, la organización del acto, utilización de medios audiovisuales, un banquete para 185 invitados y el montaje del escenario. Para ello, destaca la policía, se utilizaron “módulos, manteles y faldones de color azul de los que dispone el propio hotel, así como sus propios medios audiovisuales”.

Las otras dos facturas corresponden a una campaña de publicidad (40.484 euros) y a una Convención Estratégica de Directivos (40.600 euros). Lo llamativo es que en una hoja del presupuesto del primer servicio, elaborado el 17-12-2007, se coló por error el título del segundo, que teóricamente no se elaboró hasta el 4-4-2008. “Se infiere que ambos habrían sido confeccionados en un mismo espacio temporal, bajo la técnica del corta-pega”, concluye el informe policial.

Silencio pese a la acumulación de pruebas

Los cabecillas de la trama Gürtel solo han abierto la boca ante el juez instructor de la causa de financiación ilegal del PP valenciano, José Ceres, para acogerse a su derecho a no declarar. A pesar de la acumulación de informes policiales, de Hacienda y de la Intervención General del Estado que acreditarían su participación en las tres piezas separadas que componen la causa —delito electoral de 2007, falsificación mercantil de 2008 y cohecho y prevaricación—, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, se han negado a responder al magistrado y a los fiscales del caso.

El único que se ha salido del guion del silencio ha sido Crespo, número dos de la trama, para afirmar ante la prensa que todo el proceso estaría viciado por las escuchas que acordó en prisión Baltasar Garzón, que acabaron costándole su condición de juez a principios de año.

Tampoco han sido muy explícitos los políticos y cargos de la Generalitat que han declarado hasta ahora. La diputada Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo y exvicepresidenta de las Cortes valencianas, desvió hacia los técnicos la responsabilidad del supuesto amaño en la adjudicación del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Un poco más reveladora, aunque no mucho, resultó la declaración de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo y ya condenado en el caso de los trajes. Ante la pregunta de quién decidió cambiar totalmente las bases del concurso de Fitur para el año 2005 —el primero que ganó la trama y que, según la policía y la Intervención General del Estado, redactó en realidad la red corrupta—, Betoret aseguró que él no fue y que solo los máximos responsables de la consejería tenían capacidad para ello.

Más información