La fiscal de Valladolid consulta a Torres-Dulce la imputación del alcalde

La Fiscalía de Valladolid está a la espera de tener luz verde definitiva para pedir la declaración como imputado del alcalde de Valladolid, el popular Javier León de la Riva, en un supuesto delito de prevaricación, por la alteración ilegal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en beneficio de determinadas personas. El fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está al tanto de la situación pero, según fuentes de la Fiscalía General, la decisión corresponde a la Fiscalía de Valladolid.

El asunto se remonta a 2003, pero agotada ya la investigación, la fiscal de urbanismo de Valladolid propuso el pasado mes de marzo solicitar que el alcalde León de la Riva declarase como imputado, junto a otros seis integrantes de la junta de gobierno local. La solicitud fue aprobada por la fiscal jefe de Valladolid y por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Castilla y León, que envió una copia de la solicitud a la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado, que dirige Fernando Herrero Tejedor. La Secretaría Técnica pidió una ampliación de los motivos por los que se interesaba la declaración del alcalde, y en concreto, sobre los indicios de que León de la Riva tenía conocimiento de los hechos. Esa ampliación se remitió a principios de abril y, desde entonces, la fiscal de urbanismo de Valladolid está a la espera de tener luz verde para solicitar la imputación de León de la Riva.

En varias ocasiones, Torres-Dulce ha expresado su intención de dotar de autonomía a los fiscales en el ejercicio de sus tareas procesales y ha dicho que intervendría excepcionalmente en casos de divergencia radical con los fiscales. Fuentes de la Fiscalía del Estado consultadas sobre la eventual imputación del alcalde dijeron que las fiscales de Valladolid se reunieron en la Fiscalía General con Torres-Dulce. Según esa fuentes, al no ser un tema especialmente “complejo”, que no requiere un apoyo técnico de la Fiscalía General, la decisión corresponde a la Fiscalía de Valladolid.

El PGOU de Valladolid aprobado por el Ayuntamiento se modificó ilegalmente por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico.

Tras aprobarse su publicación pudo conocerse que lo publicado no correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la calle Bajada de Libertad, 17, aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación, conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.

En febrero de 2011, el Tribunal Superior de Castilla y León obligó al alcalde de Valladolid a revisar el PGOU y remitió las actuaciones al juzgado de instrucción para su investigación en vía penal, dadas las “alteraciones conscientes” con las que se encubrió una “auténtica revisión” del Plan General.