Gallardón anuncia una nueva pena para mantener en prisión a reos “peligrosos”
Los delitos sexuales y otros graves tendrán hasta 10 años extra de condena El ministro contó su plan tras reunirse con el padre de Marta del Castillo
Un mes después de anunciar que la futura pena de prisión permanente revisable —similar a la cadena perpetua, pero reversible— solo se aplicará a terroristas y no a violadores o pederastas, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer una nueva pena para mantener en la cárcel a los agresores sexuales, pederastas y otros delincuentes especialmente peligrosos (por ejemplo, narcotraficantes). Se llamará “custodia de seguridad” y permitirá prolongar la estancia en prisión del reo hasta 10 años más, una vez concluida su condena.
Ruiz-Gallardón lo contó tras reunirse durante una hora con Antonio del Castillo —padre de Marta del Castillo, la menor sevillana asesinada en 2009—, que había arremetido contra el ministro en las últimas semanas por descartar la prisión permanente revisable para los delitos sexuales. Gallardón le confirmó que esa pena solo se aplicará a terroristas, pero le tranquilizó explicándole que se creará una nueva “medida de seguridad” postpena, esta sí aplicable a pederastas y otros agresores sexuales, que prolongará la reclusión cuando se considere que no están reinsertados.
Esa nueva medida postpena, la “custodia de seguridad”, se añadirá a las que ya se incluyeron en el Código Penal en 2010 para delitos sexuales y de terrorismo. Entonces se creó, por ejemplo, la medida de “libertad vigilada”, que, dictada por un juez, permite a las autoridades tener controlado al exrecluso hasta diez años después de que deje la cárcel e impedirle acercarse a su víctima o desempeñar determinadas actividades.
Ahora la ley dará una vuelca de tuerca más: en los casos de delitos muy graves, el juez podrá incluir en la sentencia la medida de “custodia” en prisión, que empezará a contar cuando termine de cumplirse la condena impuesta y que se mantendrá “únicamente mientras subsista la peligrosidad del penado”, hasta un máximo de 10 años. Una medida que, según Ruiz-Gallardón, ya se aplica en Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza y Dinamarca, y que se decidirá en función de la “peligrosidad” o “potencial riesgo” de reincidencia del reo.
Será el juez el que, en el momento de dictar sentencia, podrá añadir —o no— a la pena de cárcel la “medida de seguridad” postpena. Por ejemplo: 20 años de cárcel y “custodia” posterior. ¿Qué ocurrirá si, después de esos primeros 20 años, el preso demuestra haberse reinsertado? Una portavoz del ministerio explicó que el juez de vigilancia penitenciaria, o un órgano colegiado, podrá en ese caso atenuar el cumplimiento de la medida, e incluso interrumpirla. Porque esta solo se mantendrá “mientras subsista la peligrosidad del penado”.
Aunque Gallardón puso el énfasis en los agresores sexuales, la nota de prensa de Justicia precisa que la custodia de seguridad podrá ser impuesta en un amplio abanico de “delitos graves”: “[Los que] conlleven violencia o intimidación, delitos contra la libertad sexual, tráfico de drogas, así como cuando existan antecedentes por otros delitos graves o se reincida tras cumplir la condena”. Además, el ministro adelantó otras dos modificaciones del Código Penal: se suprimirá la figura del delito continuado para delitos sexuales (lo que implicaría penas más altas en casos de abusos repetidos) y se agravará la pena por detención ilegal con desaparición forzada, sobre todo en los casos con víctimas menores como el de Marta del Castillo. Justicia también “modificará la Ley del Menor”, aún está por ver cómo.
El Código Penal español ya es uno de los más duros de Europa, con cumplimiento íntegro de penas y 40 años de cárcel en los casos de delitos más graves y acumulados (fundamentalmente, los de terrorismo). Desde 1995, todos los Gobiernos lo han modificado para endurecerlo.
Antonio del Castillo se mostró ayer “satisfecho, con matices”, porque él sigue reclamando la prisión permanente revisable para delitos sexuales. Juan José Cortés (padre de la niña Mari Luz Cortés, asesinada en 2008), que pide lo mismo, dijo que la nueva pena es “un parche más que no va a servir para nada”. La asociación de perfil progresista Jueces para la Democracia la tachó de “innecesaria” y “populista”. La moderada Francisco de Vitoria no quiso opinar, aunque señaló que es “peligroso” promover reformas legales vinculadas a casos concretos. Y la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, considerando “positivo” que el Gobierno “aborde una inquietud de la opinión pública”, se preguntó cómo se valorará la peligrosidad del reo: si en función de los hechos por los que fue juzgado o de su comportamiento en prisión.
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