Los actores claves de la financiación ilegal del PP valenciano deciden no declarar

Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Por ejemplo, una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “la transforman” en otra emitida al constructor Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. O una factura emitida al PP de Castellón “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”. Esa fue una de las fórmulas, según la investigación, que desplegó la trama Gürtel y mediante hasta nueve empresas saldaron parte de las deudas que el PP valenciano tenía con Orange Market, la filial de Francisco Correa en Valencia. Por ello, los empresarios, la red corrupta y la cúpula del PP de Francisco Camps están acusados de un presunto delito de financiación ilegal.

El juez que instruye esta causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Francisco Ceres, ha llamado a declarar, esta mañana, tanto al gerente de Orange Market, Cándido Herrero, como al máximo responsable de la firma, Álvaro Pérez El Bigotes. Ambos son clave en la estrategia presuntamente delictiva que ha llevado el caso hasta los tribunales. Pero ambos han optado por su derecho a no declarar y, por tanto, no han contestado a ninguna pregunta. Tampoco lo han hecho a su salida del juzgado.

Esta decisión ha sido semejante a la que han adoptado en anteriores comparecencias ante la justicia, que nunca han sido un dechado de claridad. Herrero ya declaró en la causa de los trajes y, al margen de la amnesia que le invadió cuando fue interrogado por varias cuestiones, se limitó a señalar que era un simple empleado que hacía lo que le decían. La postura de El Bigotes ha sido aún más radical. Ni declaró en el juicio de los trajes, ni declaró la semana pasada en Madrid, donde se instruye la causa principal.

Aún así, de la documentación incautada en los registros, la policía sostiene que Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros por los actos electorales del PP, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona". Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco.