Los negocios privados hacen caer a otros dos altos cargos de Extremadura

Tan solo dos días después de que el consejero de Salud de Extremadura, Francisco Javier Fernández Perianes, renunciara a su cargo por haber compaginado su actividad política con la de médico en Portugal, el Ejecutivo autónomo del popular José Antonio Monago se ha visto salpicado por dos nuevas dimisiones: la del delegado de Gobierno, Alejandro Ramírez del Molino, y la de la directora de Infraestructuras y Transportes, Marta García.

Ramírez anunció este viernes su renuncia por incumplir la Ley de Incompatibilidades de Extremadura, al ser titular de una oficina de farmacia en el centro de Badajoz. Esta información era conocida públicamente, ya que el pasado febrero los medios regionales dieron cuenta de “un robo de 700 euros” en la botica del delegado de Gobierno. Ser dueño de una farmacia no impidió, sin embargo, que fuera diputado nacional del PP en la anterior legislatura. Por eso, Ramírez mostró ayer, en rueda de prensa, su sorpresa ante la imposibilidad de compaginar su “vocación” con su profesión. Según confirmó, la declaración de bienes que presentó cuando accedió a la Delegación de Gobierno era “muy similar” a la que entregó cuando resultó elegido como diputado.

Ramírez, aseguró, muy afectado, no ser consciente de esta incompatibilidad, desligó su renuncia de la del consejero de Salud y explicó que “diez o doce días” atrás la Oficina de Conflictos e Intereses le había advertido de que legalmente no podía conciliar su cargo político con la posesión de la botica, una resolución que también compartía la Abogacía del Estado y que el propio Monago le comunicó en la noche del jueves. Entre su “vocación” y su profesión, se decantó por esta última. Germán López Iglesias será el nuevo delegado de Gobierno en Extremadura, según aprobó ayer el Consejo de Ministros.

En el caso de Marta García, su renuncia a la dirección de Infraestructuras y Transportes obedece a “motivos personales”, de acuerdo con la versión oficial que ayer ofreció la Junta de Extremadura. Sin embargo, también García podría haber incurrido en una incompatibilidad. Según informaron medios regionales, su marido, Juan Francisco Coloma Miró, posee el 23% de las acciones de Inproesa, empresa adjudicataria en junio de 2010 de la obra de la Ronda Sur de Badajoz. La Ley de Incompatibilidades de Extremadura prohíbe a los altos cargos relaciones de parentesco de primer grado con quienes posean más del 10% de acciones de una empresa que contrata con la Administración. La Junta no quiso ayer “ni confirmar ni desmentir" a este periódico si Coloma es copropietario de esta compañía.