Los abogados de Urdangarin y Torres se reunieron con el fiscal
La cita se celebró hace tres semanas en el juzgado de Palma Los exsocios intentan sellar un pacto para evitar ir a la cárcel
La guerra está declarada entre los dos exsocios: Iñaki Urdangarin, duque de Palma y marido de la infanta Cristina, y Diego Torres, empresario. Una guerra abierta a cuenta de sus negocios en un instituto sin ánimo de lucro —Nóos— que desvió al menos 3,5 millones de euros logrados de Administraciones públicas a sus empresas privadas. Torres y Urdangarin están imputados por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Pero ambos, a través de sus abogados y con la ayuda de dos mediadores jurídicos, han abordado ya con la fiscalía las primeras condiciones para un posible acuerdo de autoinculpación, reparación económica del daño causado y pacto de conformidad que les permita evitar una condena de cárcel.
Dos intermediarios de la confianza de ambos han mantenido las vías de negociación pese a la beligerancia y frialdad exhibida por sus respectivos abogados, Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters. Y ahora tratan de negociar con la fiscalía.
Existió un primer contacto directo y casi fugaz tres semanas atrás, alrededor del 13 de abril, en Palma de Mallorca, en un edificio público de los juzgados situado en la vía Alemania de la capital balear, según señalan testigos indirectos de la cita.
En la reunión estaban el fiscal Pedro Horrach, el abogado del duque de Palma, Mario Pascual, y el enlace de este, el exfiscal y penalista José Zaforteza, que defiende en la causa al coimputado y amigo del duque Antonio Ballabriga. A mitad de la reunión se unió el defensor de Diego Torres, Manuel González Peeters. Aquel día declaró ante el juez José Castro como testigo el exconsejero de Turismo con Jaume Matas Juan Flaquer, a quien acompañó su letrado Carlos Florit. Posteriormente entró a declarar Antonio Ballabriga como imputado, asistido por José Zaforteza.
En una pausa de esta jornada no apretada de declaraciones se celebró el encuentro entre el fiscal y los abogados de Urdangarin y Torres. Sucedió en un pequeño despacho próximo a la sala de juicios del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que dirige el magistrado José Castro. La entrada está en el pasillo, a la vista del público. Los protagonistas de aquella reunión se niegan a hablar de ella.
La Fiscalía Anticorrupción está dispuesta a escuchar, en su momento, las declaraciones autoinculpatorias de Urdangarin y Torres, así como su relato sobre los contratos públicos logrados y la identidad de los participantes en el trámite político y práctico de la asignación de fondos (3,7 millones de la Comunidad Valenciana y 2,3 millones de Baleares).
La fiscalía, en cualquier caso, aún no ha negociado ninguna rebaja de la pena ni ha garantizado que pida menos de dos años para los dos principales imputados en el caso (lo que evitaría su ingreso en prisión). La ley establece como atenuante cualificada en este tipo de procesos el hecho de que el imputado devuelva antes de la vista los fondos públicos malversados (más de 3,5 millones sobre los 10 manejados por el Instituto Nóos).
El juicio, en cualquier caso, será inevitable para ambos.
Encuentros postergados
Mario Pascual, el defensor de Urdangarin, negó haber abordado con la Fiscalía Anticorrupción la posibilidad de un eventual pacto: “Ni formal ni informalmente he mantenido ningún tipo de contacto o relación con la fiscalía y con sus ilustres representantes en Palma de Mallorca en relación a ningún tipo de conformidad ni acuerdo”, relató ante la prensa en Barcelona, al revelarse el interés del duque de Palma por un pacto de conformidad para evitar la cárcel.
La declaración del abogado se produjo cuando ya se había reunido con sus colegas defensores y el fiscal en el juzgado, aunque fuera un contacto inicial en el que no se negoció nada en concreto.
Los abogados de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres pidieron tras la cita, que se celebró el 13 de abril, una reunión formal, a celebrar en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, los días 3 y 4 de mayo. La segunda convocatoria, como la previa de Palma, iba a ser a tres partes: fiscal y los dos letrados, pero el Ministerio Público marcó dos encuentros, dos reuniones por separado, “para escuchar”. La refriega pública y la publicación de las primeras propuestas de pacto obligaron a postergar la cita.
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