El Gobierno rechaza cualquier contacto con ETA: “Ni se negocia ni se negociará”

La oferta de ETA al Gobierno del PP de abrir conversaciones para abordar su desarme y el futuro de sus presos ha pinchado en hueso, por el momento. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ofreció este sábado a la banda la respuesta del Ejecutivo: la exigencia de su “disolución incondicional” antes de establecer cualquier tipo de contacto. Y aclaró, también, que el Gobierno “ni ha negociado ni negocia ni negociará con ETA”.

Era la respuesta más previsible, sobre todo si se tiene en cuenta que la víspera el ministro ya había adelantado que no reconocía ninguna legitimidad a la Comisión de Verificación Internacional que anunció el mensaje de ETA en una reunión con el Gobierno y los partidos vascos, las fuerzas sociales y, posteriormente, con algunos medios de comunicación.

El líder del primer partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, también ofreció una respuesta de libro: “El Estado tiene que hacer todo lo posible por culminar la tarea de lograr el fin de ETA, y en ese camino estamos con el Gobierno”. No obstante, abrió una puerta al señalar que “estamos en una etapa distinta de la política antiterrorista”.

Y es precisamente por esta puerta, la de la “etapa distinta”, la del cese definitivo de la violencia de ETA, por la que penetran el PNV y los socialistas vascos para reclamar al Gobierno del PP la iniciativa de abrir canales informales y discretos con ETA, como los tuvo el Ejecutivo socialista en la etapa anterior.

Así, fuentes del PNV aseguran que el presidente de ese partido, Iñigo Urkullu, va a pedir al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que establezca una vía de comunicación no oficial con ETA. La posición del PNV es muy importante porque Rajoy designó, de manera pública, al PNV y a su líder, Urkullu, interlocutores privilegiados en los temas relacionados con el terrorismo vasco, durante su debate de investidura.

El PNV entiende que, ante una propuesta de ETA formulada públicamente, el Gobierno responda, como hizo el ministro del Interior, con el rechazo, y “más aún si [la propuesta] se plantea en clave de negociación”. Pero también opina lo mismo que los representantes de la Comisión de Verificación Internacional: que el proceso de final de la violencia etarra ha llegado a un punto de bloqueo y que es el momento de que el Gobierno sondee la propuesta de desarme de ETA, así como su posición sobre los presos. Y para ello tendría que establecer algún canal informal con la banda, sin que ello implique ningún tipo de negociación.

También resulta conveniente conocer, según el PNV, el alcance de la propuesta de ETA, pues mientras el Gobierno del PP y la mayoría de los partidos, incluido el PSOE, reclaman su disolución, la banda terrorista se limita a proponer el desarme. Es más, ETA ha hecho llegar a la Comisión de Verificación Internacional que en los contactos informales que mantuvieron con el Gobierno anterior, previos a la declaración de cese definitivo de la violencia del pasado 20 de octubre, nunca hablaron de “disolución”, sino de “desarme” y “cese definitivo de la violencia”.

También los socialistas vascos defienden la conveniencia de que el Gobierno abra canales informales con ETA. Y ofrecen como facilitador para esa tarea al Comisionado del lehendakari por la Paz y la Convivencia, Jesús Loza, que mantiene estrechas relaciones con el Ministerio del Interior.

Los canales informales con ETA los han mantenido Gobiernos anteriores. Incluso los tuvo el Ejecutivo de José María Aznar durante un tiempo. El Gobierno de Rajoy, en el caso de que los estableciera, tendría asegurada la cobertura política no sólo del PNV y de los partidos nacionalistas. También del PSOE, según se desprende de la declaración que ayer formuló Rubalcaba y de la posición de los socialistas vascos que planteó su representante, José Antonio Pastor, ante la Comisión de Verificación Internacional en el encuentro que mantuvo en Bilbao el viernes por la mañana.

El PNV ofrece, también, argumentos políticos para que el Gobierno retome la interlocución informal con ETA. Teme que la banda, absolutamente deslegitimada ante la opinión pública vasca por su actividad terrorista, pueda recuperar imagen e iniciativa al aparecer sus miembros como quienes buscan la solución frente a la “intransigencia” del Gobierno. En este sentido, el PNV no oculta que ETA y la izquierda abertzale han hecho suyas las reivindicaciones clásicas del nacionalismo democrático en la etapa final del terrorismo: el acercamiento de presos a las cárceles vascas y la excarcelación de los enfermos.

Un comunicado que este sábado hizo público el Colectivo de Presos de ETA a través del diario Gara, es significativamente matizado y ni siquiera ataca frontalmente el plan de reinserción que les dirigió la semana pasada el Ministerio del Interior. Así, señala como aspectos positivos del plan “reconocimientos significativos” del colectivo de reclusos como “sujeto de derechos globales”, así como un “tratamiento diferenciado”. Destaca, también, que el plan de reinserción del Ministerio del Interior implica el reconocimiento del “fracaso de la vía Nanclares”, la que adoptaron las decenas de presos disidentes de ETA agrupados en esa prisión alavesa.

El comunicado marca algunas pautas del debate en que están sumidos los centenares de presos del colectivo de ETA. Todo apunta a que avanzan las posiciones favorables a asumir la legalidad penitenciaria, como pretende la izquierda abertzale, pero distanciándose de la llamada vía Nanclares.