Urkullu y Pastor ofrecen mediar para un contacto entre el Gobierno y ETA

ETA intenta establecer ya un contacto con el Gobierno para empezar a hablar del desarme, del desmantelamiento de sus arsenales y cerrar una solución definitiva al problema de la violencia que incluya la situación de sus presos. Es el eje del mensaje que la banda envía al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a través de la Comisión de Verificación Internacional, que ha mantenido contactos los días 3 y 4 de mayo con el Ejecutivo autónomo, los partidos y las fuerzas sociales vascas en Bilbao. En dicha cita, tanto el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, como el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, se ofrecieron para facilitar ese contacto con el Gobierno a través del PP vasco o del comisionado del Lehendakari para la Convivencia y la Paz, Jesús Loza. Ambas instancias tienen relaciones estrechas con el Ministerio del Interior.

Con esta propuesta, ETA vuelve a colocar la pelota en el tejado del Gobierno del PP, justo cuando este acababa de tomar la iniciativa con un plan de reinserción de los presos de la banda, que la propia Comisión de Verificación Internacional reconoce como un “paso adelante”, y una semana antes de que el propio Rajoy clausure el congreso del PP vasco, en el que se aprobará una ponencia innovadora sobre la “hoja de ruta del final de la violencia”.

Entre este pasado jueves y este viernes, la Comisión de Verificación Internacional del final del terrorismo etarra no solo confirmó el cese definitivo de la violencia de ETA a los seis meses de la declaración de la banda. También trasladó una nueva propuesta de la banda en reuniones bilaterales con el Ejecutivo y los partidos vascos —menos al PP, que se ha autoexcluido—, sindicatos, patronal y otras organizaciones sociales como la Iglesia católica. Este viernes mantuvo una reunión conjunta con representantes de esas fuerzas políticas y sociales.

De ahí que la Comisión de Verificación Internacional calificara el encuentro de “positivo”. “ETA necesita el contacto con el Gobierno para dar pasos”, señala Ram Manikkalingam, director del Dialoque Advisory Group, que actuó como portavoz, tras insistir en que la banda “ha cumplido sus compromisos de alto el fuego en enero de 2011 y el cese definitivo en octubre de ese año”.

La Comisión de Verificación Internacional, aunque no está reconocida oficialmente, mantuvo el jueves una reunión formal con el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y el Comisionado del Lehendakari para la Paz y la Convivencia, Jesús Loza. Es la segunda vez que dicha comisión visita el País Vasco para reunirse con sus fuerzas políticas y sociales. La anterior visita la realizó los días 25 y 26 de enero. Además de Manikkalingam, la comisión la componen Ronnie Kasrils, surafricano y líder de la lucha contra el apartheid; Ray Kendall, exsecretario general de Interpol; Chris MacCabe, participante en el acuerdo del Viernes Santo como director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Gobierno del Reino Unido; Satish Nambiar, exjefe adjunto del Estado mayor del Ejército de la India.

La Comisión de Verificación Internacional ha confirmado que el cese definitivo de ETA se extiende a todos los campos, incluida la extorsión del llamado impuesto revolucionario y la kale borroka. Manikkalingam precisó que ETA había manifestado que "nada tiene que ver" con los "brotes aislados" de violencia callejera que se han producido estos meses.  Asimismo, han despejado los temores existentes en ámbitos políticos sobre un riesgo de escisión en ETA. “No hay riesgo de escisión”, enfatizó la Comisión de Verificación Internacional.

También confirmó que la actividad de ETA en Francia se limita al mantenimiento de su estructura que incluye falsificación de documentos para evitar detenciones pero que está descartada cualquier tipo de preparación de atentados. También, añadió, existe el compromiso por parte de ETA de no utilizar armas en el caso de riesgo de detención. "El cese definitivo va en serio", enfatizó el portavoz de la comisión.

Los verificadores, tras reunirse con el Gobierno vasco y los partidos, consideran que estos “no deben quedar atrapados” en el debate sobre si ETA debe disolverse antes de que se dé una solución a los presos, o viceversa. “Desde nuestra experiencia pensamos que se podía avanzar mucho más rápido si hubiera contactos con el Gobierno y flexibilidad”, añadió el portavoz.

Aunque la Comisión de Verificación Internacional trasladó la inquietud de ETA "por el ritmo lento en que se aborda la cuestión de sus presos", valoró como "un paso el plan de reinserción de los reclusos de la banda propuesto esta semana por el Ministerio del Interior". También valoró de manera positiva la creación de la ponencia en el Parlamento vasco sobre la convivencia y la paz en la que solicitó "un espacio para la presencia de la izquierda abertzale". El representante de esta formación Rufi Etxeberría, aprovechó el encuentro con la comisión para quejarse de la permanencia de las detenciones así como del juicio de Askatasuna.

La cuestión de la disolución de ETA en la que insistió el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, es cuestionada desde la banda terrorista. Según ETA, en los contactos que mantuvo con el Gobierno socialista antes de la declaración del cese definitivo en ningún momento se habló de disolución, sino de desarme y de cese definitivo de la violencia. La banda insiste en que la clave para el final de la violencia está en el desarme, al que están dispuestos a acceder si el Gobierno central establece un contacto con ella.

Antes de que se conociera la oferta de ETA a la Comisión de Verificación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había dicho en el Consejo de Ministros: "La política antiterrorista que tiene este Gobierno es muy clara. Este Gobierno no va a negociar con los terroristas. Hay un mensaje muy claro: ningún preso puede esperar nada de ninguna negociación, de ellos depende desligarse de la banda y cumpliendo la legislación penitenciaria obtener los beneficios que esa Ley prevé y este Gobierno va a moverse en el marco de la Ley que, entre otras cosas, prevé el perdón".

Fuentes oficiales del Ministerio del Interior restaron valor a esta posición: “El Gobierno no necesita de verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve. Con la Guardia Civil y la policía se ha derrotado a ETA y con ellas es suficiente para verificar una eventual disolución de la organización terrorista”.