Preocupación en los sindicatos por la propuesta de castigo del Gobierno

La propuesta del Ministerio del Interior de reformar el Código Penal para que los partidos políticos, asociaciones y sindicatos respondan penalmente por los delitos que puedan cometer sus miembros, militantes o afiliados durante una manifestación convocada por ellos, adelantada ayer por EL PAÍS, ha alarmado a las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras. Ambos reclamaron, tras la convocatoria de nuevas manifestaciones para el próximo 29 de abril, justo un mes después de la huelga general, que la decisión no siga adelante. “Siento una profunda preocupación por las modificaciones que se pretenden introducir en el Código Penal”, declaró Cándido Méndez, líder de UGT, que opinó que lo que busca el Gobierno es provocar “alarma” y “desmoralizar” a la ciudadanía en las protestas contra las políticas del Gobierno (reforma laboral, recortes presupuestarios, copago en los fármacos, subida de tasas universitarias…).

“Me suena fatal la propuesta”, añadió Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO. “No creo que sea muy adecuada. Empieza a ser habitual que al tiempo que se restringen derechos se busquen formas de recortar las vías de protesta. Es una tendencia de alto riesgo en términos democráticos”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no habló expresamente de esta idea del Ministerio del Interior pero sí aseguró que la próxima reforma del Código Penal será “proporcionada y equilibrada” y que con ella se pretende controlar la “espiral de violencia” de los colectivos antisistema y evitar nuevos episodios violentos como los sucedidos en los últimos meses en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

El Gobierno está extremadamente preocupado por la violencia que pueda generarse en las manifestaciones futuras, y quiere evitar a toda costa que en España acaben produciéndose algaradas callejeras tan graves como las ocurridas en Grecia el pasado febrero. Para ello, el Ministerio del Interior se está esforzando en lanzar un mensaje de total contundencia: cualquier incidente violento se tratará con la máxima severidad y sus protagonistas ingresarán en prisión provisional. Y el Código Penal ha sido el principal instrumento elegido para evitar que altercados callejeros como los ocurridos en Barcelona durante la última huelga general vuelvan a ser portada de la prensa internacional. La reforma la están pactando los ministerios de Interior y Justicia.

Pero cada medida y cada reforma del Código Penal tendrán que explicarse muy bien a la ciudadanía. En las redes sociales se apreciaba ayer gran preocupación por el posible recorte de libertades de las modificaciones legales que prepara el Gobierno, y que muchos atribuían a un intento de evitar que los ciudadanos salgan a las calles a manifestarse para protestar por los recortes. Desde el ministerio se asegura que con la responsabilidad penal de sindicatos y partidos solo se pretende que estas organizaciones establezcan mecanismos de control del orden eficaces cuando convocan una manifestación.