El Supremo pide a Gallardón refuerzo para recaudar 4.000 millones de pleitos

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo recaudó durante 2011 casi 1.700 millones de euros en ingresos directos por sentencias “plenamente favorables” a la Administración pública en distintos litigios fiscales. El resultado fue mucho mayor al de otros ejercicios gracias al plan de actualización y puesta al día de la sala iniciado en julio de 2010, cuando los jueces denunciaron que había 6.000 millones de euros bloqueados en litigios que tenía que tramitar una instancia del Tribunal Supremo paralizada debido al atasco judicial.

 El presidente de la Sala, José Manuel Sieira, ha pedido ahora al ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, que prorrogue hasta diciembre el plan de actualización y refuerzo de personal previsto inicialmente hasta junio de este año para conseguir poner la sala “al día”, reduciendo al número de asuntos a un nivel en el que se pueda trabajar “sin agobios”.

La cifra aportada a las arcas del Estado en el año 2011 por la Sección que se encarga de Derecho Tributario duplica las previsiones más optimistas formuladas por el magistrado José Manuel Sieira el pasado noviembre en un encuentro abierto con los medios de comunicación.

Entonces, Sieira dijo que, a la vista de los 322 millones de euros generados en los cinco últimos meses de 2010, en una anualidad podría llegarse “a los 700 u 800 millones de euros” de recaudación por sentencias firmes favorables a la Administración pública.

Sin embargo, esta cifra se ha visto ampliamente superada por los 1.671.582.490 euros generados en 2011, y el presidente de la Sala de lo Contencioso cree que de mantenerse el refuerzo de magistrados y letrados, podría repetirse la cifra en el presente año de 2012.

En la apertura del año judicial de 2009, el recién designado presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, disparó las alarmas al revelar que la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal tenía bloqueados 6.000 millones de euros en litigios pendientes (un billón de las antiguas pesetas), fondos que no revertían en el circuito económico, bloqueaban múltiples expectativas y “podían tener incidencia directa en la economía nacional”.

Cada magistrado de la Sala Tercera pone a la semana cinco sentencias

Desde entonces, la reducción de esa bolsa de asuntos pendientes para desbloquear esos fondos constituye el objetivo prioritario de la Sala de lo Contencioso del Supremo.

En la actualidad, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, las cantidades en litigio en la Sección Tercera del Tribunal Supremo que se encarga de las cuestiones fiscales se han reducido de los 6.000 millones estimados por Dívar a poco más de 4.000 millones de euros (4.016.188.716 euros), cifra que podría quedar reducida a casi a la mitad si a finales de 2012 se mantienen las expectativas.

Esos 4.000 millones de euros son los que se ventilan en los 2.265 litigios pendientes en materia tributaria entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las Administraciones locales y forales y los contribuyentes en desacuerdo con el cobro de esos impuestos que recurrieron al Tribunal Supremo.

Hay 2.265 litigios pendientes sobre impuestos con las Administraciones

En algunos de estos litigios se ventilan decenas de millones de euros, pero los de cuantía más elevada, por valor de 103 y 104 millones de euros, respectivamente, corresponden a sendos recursos interpuestos por el BBVA contra la Administración del Estado contra sanciones tributarias, según datos recabados en el alto tribunal.

El Supremo y el Ministerio de Justicia suscribieron en enero de 2011 un nuevo plan de actualización por el que se incorporaron al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 19 magistrados y nueve letrados, como refuerzo de los 33 magistrados y seis eméritos de la plantilla. Desde entonces se ha reducido sensiblemente la bolsa de atraso en la Sala Tercera, por lo que el presidente Sieira ha solicitado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que prorrogue el refuerzo de personal hasta, al menos, el próximo mes de diciembre.

En julio de 2010 había pendientes de sentenciar 11.300 asuntos, que se han reducido en torno a los 7.200 a 1 de abril de 2012. Dado que en la Sala de lo Contencioso Administrativo entran actualmente un total de 8.000 asuntos al año, al ritmo actual de reducción de 300 a 500 asuntos mensuales, las previsiones apuntan a que en diciembre de este año la cifra pendiente se sitúe en torno a los 4.000 o 4.500 recursos, cifra con la que la Sala Tercera se pondría “al día”.

La productividad es del doble de la de cualquier otra sala del Supremo

Por ponerse “al día” se entiende que los recursos que entran en la Sala de lo Contencioso no tardan, por término medio, más de un año en resolverse. Una cifra que permitiría a los magistrados trabajar “sin agobios”.

En la actualidad, un magistrado de la Sala Tercera pone a la semana un promedio de cinco sentencias, el doble, por término medio, que cualquier otro magistrado del Tribunal Supremo.

Con el sistema de trabajo implantado, los magistrados que trabajan sus ponencias en solitario ponen alrededor de tres sentencias a la semana, mientas que los grupos de trabajo en equipo —integrados por un magistrado y un letrado del Gabinete Técnico, dirigidos por un magistrado de la Sala— dictan alrededor de seis en el mismo periodo.

Con la Sala “al día”, los magistrados podrán centrarse en validar una jurisprudencia que sirva de guía a los demás tribunales y centrarse en las cuestiones que afectan al núcleo del Estado dejando a los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas la interpretación de las restantes normas.

El plan del último año permite una reducción sin precedentes

El Gobierno, que deberá decidir si prorroga ese refuerzo especial en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha decidido aplicar durante los próximos ocho meses una especie de amnistía fiscal para los defraudadores que quieran hacer una “declaración tributaria especial”.

A cambio de pagar un 10% de la cantidad que pretendan legalizar, los defraudadores se librarán del delito que, caso de haberse descubierto la evasión de impuestos que cometieron, les habrían imputado los Tribunales de Justicia previo estudio de la Agencia Tributaria.