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LAS MEDIDAS PENALES DEL GOBIERNO, A DEBATE

¿Registro de reincidentes o endurecimiento penal?

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio analizan las propuestas de política penal del Ejecutivo sobre vandalismo y multirreincidencia.

La lucha contra la multirreincidencia es uno de los caballos de batalla del Partido Popular y también de CiU, y ya lo fue durante la anterior legislatura, cuando se reformó el Código Penal en 2010. Entonces se plantearon fórmulas para luchar contra este fenómeno más severas que las que finalmente se aprobaron. Ahora, el ministro del Interior ha planteado medidas muy concretas. Las más importantes, que cualquier hurto sea delito independientemente de la cantidad que se sustraiga (ahora se exige que sea más de 400 euros); ampliar el catálogo de faltas que, cometidas de forma reiterada, sean delito; aumentar las penas para los robos con fuerza en las cosas y las de robo en casa habitada —este último ya con penas previstas de tres a cinco años de prisión— o establecer penas específicas para los delitos cometidos por dos o más personas. Todo, con un propósito: que lleguen efectivamente a entrar en prisión aquellos que cometen faltas o delitos no muy graves pero de forma recurrente.

Desde el Ministerio del Interior se plantea una primera opción frente a la reforma del Código Penal, que es constituir un registro de faltas que funcione adecuadamente y que permita tener constancia de quiénes son los multirreincidentes y actuar en consecuencia con la respuesta que ya prevé el Código Penal —desde 2003 la comisión de tres faltas de hurto en un año convierte el hecho en delito—.

“Pero esto último, que es una opción que estamos estudiando muy seriamente para ver cómo se podría articular, no es tan sencillo como parece”, explica el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “Estamos ante un caso de inefectividad de la norma penal por disfunciones operativas, por las limitaciones de los sistemas informáticos judiciales, que no funcionan integradamente con los de la policía. Tenemos algunas ideas, pero sería necesario un plan conjunto no solo entre Justicia e Interior sino también con el apoyo y colaboración del Consejo General del Poder Judicial y de algunas comunidades autónomas y Ayuntamientos. Una segunda opción, en el caso de que lo anterior resultase imposible sería una reforma penal en la que las faltas más reiteradas pasaran a ser delito, pudiendo acordar en la fase de instrucción la medida cautelar de prisión respecto del pequeño infractor multirreincidente -que actualmente resulta inviable- e incluyendo una facultad moderadora de la pena final por los tribunales para respetar el principio de proporcionalidad. Se trata de introducir un elemento disuasorio y de poner a la persona fuera del circuito y empezar a trabajar la reinserción. En el caso de otras medidas, como aumentar las penas para robo en casa habitada, lo que buscamos es impedir que bandas organizadas de otros países vengan a asentarse en España, por ejemplo”.

Estas son las opciones del ministerio, cuestionadas desde algunos sectores jurídicos. “Estas propuestas generan varias dificultades”, indica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio. “Si lo que se pretende es hacer posible la detención de este tipo de autores, aunque la medida pueda dar imagen de efectividad, lo cierto es que un hurto de 10 o 50 euros, aunque se considere delito, continuará teniendo la gravedad que tiene. Y frente a lo que suele sostenerse, el Código Penal español en materia de hurtos ya es, comparativamente con otros países, muy duro. Es cierto que hay grupos de autores persistentes. Pero la posibilidad de imponerles la prisión provisional —aparte de sobrecargar el sistema penitenciario— no supone más que aplazar la verdadera cuestión, que sigue siendo: por mucho que alguien sea persistente ¿queremos imponerle penas gravísimas por delitos que no lo son? Esta cuestión, además, ya estaba prevista desde 2003 con un registro de faltas que nunca se ha implantado y que pretende ahora paliarse con endurecimientos legales. ¿No ha habido tiempo desde 2003 para hacerlo?”.

“Lo mismo ocurre con aumentar las penas por robo en casa habitada”, continúa Cancio. “Lo cierto es que las penas por este delito son ya muy considerables en España. No hay ningún indicio, ningún estudio, que indique que elevar la pena en este ámbito pueda generar algún efecto de intimidación, como afirmó el ministro. Eso carece de todo respaldo en datos”.