La rebelión autonómica crece con el veto navarro a la amnistía fiscal

Mientras el presidente Mariano Rajoy reclama a las comunidades autónomas más austeridad y sacrificios en el gasto público tras la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos, los Gobiernos de algunas de esas autonomías, donde no manda el PP, se rebelan contra las medidas más impopulares aprobadas por el Ejecutivo central.

Navarra se sumó ayer a la rebelión iniciada desde Euskadi y se plantea no aplicar la amnistía fiscal que ha impulsado La Moncloa para intentar recaudar 2.500 millones de euros del dinero negro de los defraudadores. Al igual que harán las tres Diputaciones forales vascas, la Comunidad Foral de Navarra no es partidaria de amnistías.

El Ejecutivo foral que preside Yolanda Barcina, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), debate ahora si secunda la postura de los socialistas, sus socios en el Gobierno autónomo, y renuncia a la medida impulsada por Rajoy en virtud del margen que ofrece el autogobierno foral, o bien realiza la correspondiente traslación. “Al Gobierno de Navarra no le gustan las amnistías de ningún tipo de delitos”, afirmó ayer el portavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN.

La postura de su socio de Gobierno, el PSN, es rotunda: “La amnistía fiscal en Navarra no se aplicará”. Así lo señaló el vicepresidente del Ejecutivo, el socialista Roberto Jiménez, en la cadena SER. “[La medida del Gobierno central] es la gota que colma el vaso, porque a los defraudadores lo que hay que hacer es perseguirles”. Jiménez recordó que el acuerdo de gobierno entre UPN y PSN contemplaba la lucha contra el fraude. Y este punto es la clave de un posible nuevo roce entre los socios del Ejecutivo, ya que UPN es, por otro lado, socio del PP en las Cortes Generales. Así, los regionalistas deberán en las próximas semanas decantarse en un sentido u otro, mientras se concreta hasta dónde puede llegar el veto de los socialistas y sus consecuencias.

Mientras Navarra se plantea el veto a la amnistía para los defraudadores, dado que tiene plenas competencias fiscales, otras autonomías, como Cataluña y Andalucía, barajan una batalla en los tribunales contra unos Presupuestos Generales del Estado, los de 2012, que reducen las inversiones por debajo de lo que establecen sus estatutos de autonomía.

En ese contexto de fuerte contestación a las medidas del Gobierno, Mariano Rajoy defendió ayer en Andalucía, una de las comunidades más beligerantes con las cuentas estatales, su duro proyecto de Presupuestos con el que pretende cumplir los compromisos de déficit para que los bancos sigan prestando dinero a España. “Los Presupuestos son duros, desagradables, incómodos, no le gustan a nadie, pero la alternativa era infinitamente peor”, declaró el jefe del Gobierno en una reunión con el PP andaluz en Antequera (Málaga) tras el fracaso político de Javier Arenas en las elecciones andaluzas. “No se puede decir que no hemos tratado de ser justos y equitativos: no tocamos las pensiones, no hemos bajado el sueldo de los funcionarios, se lo hemos congelado, y no hemos subido el IVA, y ha sido difícil no hacerlo”, argumentó Rajoy.

El jefe del Ejecutivo aseguró que no espera “ninguna ayuda” del PSOE en esta coyuntura económica, para la que el Gobierno “sabe lo que tiene que hacer”.

Ni ayuda de los socialistas ni de sus posibles aliados parlamentarios, aunque el PP tiene una mayoría absoluta suficiente. CiU ha expresado ya su malestar y rechazo al proyecto de Presupuestos porque castiga a Cataluña, según interpreta, pero mantiene una puerta abierta para modificarlos durante la negociación.

“Los Presupuestos pisotean y castigan a Andalucía”, denuncia el PSOE

El PNV amagó ayer con una censura completa al proyecto de ley, como ya han anunciado el PSOE, IU y UPyD. Los nacionalistas vascos, que durante meses han mantenido una creciente sintonía en materia económica y fiscal con el PP vasco, se han opuesto frontalmente a la amnistía fiscal lanzada por el Ejecutivo, bloqueando, en sintonía con Bildu y los socialistas, que se vaya a aplicar en las tres provincias vascas, donde las competencias fiscales corresponden a sus Diputaciones. Apenas dos días después de esta oposición, abanderada por el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el principal cargo institucional que mantiene el PNV desde su salida de Ajuria Enea, los peneuvistas adelantaban ayer que muy probablemente enmendarán a la totalidad en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012.

Pedro Azpiazu, portavoz del PNV en la comisión de Presupuestos del Congreso, un hombre clave en todas las negociaciones que en los últimos años ha mantenido su partido con los sucesivos Gobiernos, recalcó ayer en una entrevista en Euskadi Irratia: “En estos momentos nuestro voto es contrario a los Presupuestos, pero veremos cómo evolucionan las cosas”.

El diputado añadió que el PNV tratará de introducir modificaciones al proyecto de cuentas, algo que consideró difícil, dado que el Ejecutivo no precisa de sus votos. El PNV considera además muy escasas las inversiones y partidas que los Presupuestos destinan a Euskadi —521 millones, un 17,4% más que el año pasado, la mayor subida de todas las comunidades españolas, fundamentalmente por el proyecto de AVE vasco—, y quiere trabajar para aumentarlas.

Rajoy: “No se puede decir que no hemos tratado de ser justos y equitativos”

En Andalucía, las cuentas estatales han dado motivo a los dirigentes del PSOE para cargar las tintas contra el Gobierno de Rajoy. A la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, se le quedó corto el diccionario para encontrar calificativos contra el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, el primero que incumple el Estatuto de Autonomía en materia de inversiones.

El Estatuto contempla en una disposición adicional que las inversiones estatales en la comunidad serán similares al peso de la población andaluz. El Ministerio de Hacienda prevé un 14,6% de inversión regionalizable este año, cuando la comunidad debería alcanzar el 17,8%. Díaz aseguró que los Presupuestos “machacan”, “desprecian”, “pisotean”, “castigan”, “atacan” y se “burlan” de Andalucía al no respetar el mandato estatutario. La dirigente socialista se mostró comprensiva con que las inversiones públicas bajen, pero no con que esa rebaja no respete el peso de la población.

La censura de Andalucía a las cuentas de Rajoy es secundada también por el Gobierno de Cataluña. Convergència i Unió volvió a emplazar ayer al Partido Popular a negociar los Presupuestos si quiere su apoyo parlamentario. Ante los primeros mensajes del Ejecutivo popular en el sentido de que no hay más dinero para las autonomías, CiU subió ligeramente el tono con amenazas veladas de acudir a los tribunales si el Estado no paga las deudas que tiene contraídas con la Generalitat: 759 millones correspondientes a la liquidación de 2008 y 219 millones de la de 2009.

El portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, aseguró que piensan apurar a fondo el mes de tramitación de enmiendas que se abre ahora. “Nuestra obligación es negociar”, señaló.

Preguntado por si el Gobierno de la Generalitat de Cataluña podría acudir a los tribunales en caso de fracasar la vía del diálogo, Sánchez Llibre no lo descartó. “Nos dejaremos la piel negociando, y si no lo logramos deberemos activar todos los mecanismos a nuestro alcance para reclamar este dinero”.

Sánchez Llibre recalcó que, más allá de la negociación existen “otros métodos”. El Gobierno de CiU ya amenazó con acciones judiciales al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por estos impagos, pero nunca formalizó la denuncia ante los tribunales. El Gabinete socialista tampoco incluyó en los Presupuestos de 2011 el porcentaje de inversiones para Cataluña que exigía su Estatuto de autonomía. Rajoy, con la misma crisis encima, hizo lo mismo.

Con información de Amaia Arrarás (Pamplona), Lourdes Lucio (Sevilla), Javier Rivas (Bilbao) y Miquel Noguer (Barcelona).