Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012

Rajoy choca con Andalucía y Cataluña

Los gobiernos de Griñán (PSOE) y Mas (CiU) se rebelan contra las cuentas estatales

Rajoy choca con Andalucía y Cataluña Ampliar foto

La tensión territorial crece a cuenta del agravamiento de la crisis económica que vive España. El Gobierno de Mariano Rajoy quiere resolver la situación financiera límite a golpe de tijeretazo en el gasto público para tranquilizar a las autoridades europeas y a los bancos, que deben prestar a la Administración central 60.000 millones de euros este año. Esa estrategia se ha topado ya con algunos obstáculos.

Andalucía y Cataluña, las comunidades con más población y más presupuesto, donde no manda el PP, se rebelan contra la política económica que impone el Ejecutivo de Mariano Rajoy a través de las cuentas públicas.

El primer roce entre el Gobierno del PP y ambas autonomías tuvo lugar en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Andalucía se opuso al plan de reducción de déficit impuesto por el Ejecutivo al considerar que se cargaban en exceso las tintas sobre las autonomías, las administraciones que soportan mayor gasto social y, por tanto, donde es más difícil reducir gastos. Cataluña, que también se mostró muy crítica con el plan del Gobierno, se abstuvo en la votación.

Ese frente de resistencia a las estrategias económicas del PP se ha recrudecido al conocer el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tanto Andalucía, que se prepara para un Gobierno de coalición PSOE-IU o al menos de un pacto de legislatura entre ambas fuerzas, como Cataluña, recibirán en forma de inversiones del Estado mucho menos dinero del previsto en sus Estatutos de Autonomía. En plena crisis, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya incumplió el Estatuto catalán (invirtió 3,7 puntos menos en 2011 de lo establecido en la norma autonómica) pero mantuvo el compromiso con Andalucía. Ahora, Rajoy ha recortado también por ese lado al no sentirse rehén de los estatutos e invertirá en las cuentas del Estado mucho menos de lo que quieren ambos gobiernos autónomos.

El Estatuto de Andalucía, que siguió la senda marcada por el de Cataluña, fija que la inversión estatal “será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado”. Pero la inversión territorializada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 establece para Andalucía el 14,6% (1.851 millones de euros) cuando su población supone el 17,8%, según ha denunciado hoy Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones.

“No criticamos que en Andalucía bajen las inversiones en obra pública porque eso es normal en una circunstancia como ésta, lo que sí evidentemente suscita la enérgica protesta del Gobierno, que lo va a defender política y jurídicamente, es que no se cumpla el Estatuto. Sea mayor o menor la cantidad que va a invertir el Estado, nos corresponde una cuantía que por primera vez se incumple en los primeros Presupuestos de Mariano Rajoy”.

El Gobierno andaluz: “No sé si contaban con que Arenas callara y tragara”

Los socialistas andaluces, que seguirán gobernando en la Junta, con el apoyo de IU, pese a que todas las encuestas daban mayoría absoluta al PP, anuncian ahora una dura batalla legal y política contra el Gobierno central. “No sé si contaban con que Javier Arenas, callara y tragara con este incumplimiento, pero desde luego ni este Gobierno en funciones ni espero que el futuro Gobierno progresista de Andalucía, va a tragar con un incumplimiento flagrante de la ley que perjudica de modo directo a Andalucía”, ha insistido la portavoz del Gobierno andaluz.

Moreno declaró que intentarán resolver a través de la negociación “política” este incumplimiento, que ha calificado de “rebeldía estatutaria”, sin descartar medidas jurídicas contra el Gobierno central si no cumple con las inversiones que establece la norma autonómica.

Desde que se aprobó el nuevo Estatuto andaluz, en 2007, todos los Presupuestos Generales del Estado anteriores, aprobados por los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, han respetado el mandato estatutario de consignar una inversión territorializada similar al peso de la población andaluza. No obstante en los ejercicios de 2008 y 2009, el Estado no ejecutó todo lo previsto en sus cuentas. La comisión bilateral Junta-Estado celebrada en octubre pasado, a un mes de las elecciones generales del 20 de noviembre, cifró en 1.504 millones de euros la “desviación” económica que no se ejecutó, una deuda que puede reclamar el Gobierno andaluz al Ejecutivo de Rajoy.

En Cataluña, el choque institucional tiene una causa muy parecida aunque el Gobierno de CiU necesita los votos del PP en el parlamento catalán para sacar adelante sus leyes y propuestas. Los Presupuestos estatales para este año incumplen las inversiones que prevé el Estatuto y, además, no reconocen las deudas que el Estado tiene con la Generalitat en concepto de infraestructuras pendientes.

El Gobierno catalán, en manos de Convergència i Unió, ha tenido una reacción más suave que en otras ocasiones. Su portavoz, Francesc Homs, ha censurado las cuentas del Ejecutivo central —“no nos gustan nada”— pero ha eludido cualquier carga de profundidad al tiempo que llamaba al Gobierno del PP a negociar los Presupuestos con CiU en el trámite parlamentario.

Homs no ha ahorrado críticas, pero utilizando siempre un tono moderado. En este sentido ha lamentado que “el esfuerzo queda mal repartido” porque “antes que tocar los sueldos de los funcionarios se ha preferido tocar las partidas de dependencia, transporte público y formación para parados”. Al mismo tiempo ha criticado que estas partidas en las que más se recorta sean precisamente las que pueden acabar desestabilizando las cuentas autonómicas, especialmente en lo referente a atención a la dependencia.

Homs ha recordado que “ahora comienza la tramitación parlamentaria” y tienen dos meses de margen para, utilizar todos los recursos políticos a su alcance para “defender los intereses de la Generalitat”. Los nacionalistas catalanes no quieren darse por vencidos antes de tiempo. Sobre la exigua inversión que se prevé para Cataluña, muy por debajo de la aportación de esta comunidad al PIB nacional, Homs también ha preferido relativizarla: “Antes tampoco se cumplía”.

La Junta acusa al PP de rebeldía estatutaria y anuncia medidas legales

En el Gobierno central se sigue con preocupación lo que denominan “deriva soberanista” de CiU, al que consideran una aliado estratégico en el Congreso para no aprobar en solitario las medidas más impopulares. En el último congreso de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido mayoritario de la coalición catalana, se aprobó una apuesta porque esta comunidad autónoma tenga “un Estado propio” con las mismas competencias que cualquier otro país de la Unión Europea.

La líder catalán del PP, Alicia Sánchez Camacho, ha avisado al presidente Mariano Rajoy de que el Gobierno de CiU puede impulsar a partir de octubre una ofensiva a través de su reclamación del pacto fiscal para mejorar la financiación autonómica en lo que puede suponer un choque institucional. Los socialistas catalanes han trasladado al Gobierno de Mas que están dispuestos a negociar un nuevo modelo para reclamar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la mejora de la financiación catalana.

El presidente catalán iniciará en las próximas semanas una ronda de contactos con los partidos políticos representados en el parlamento catalán para impulsar un acuerdo sobre la reclamación del pacto fiscal. Rajoy no quiere oír hablar de esa reclamación, similar a los modelos de financiación que ahora tiene Euskadi, porque entrañaría un perjuicio para el resto de comunidades autónomas en el reparto de los fondos que recauda y gestiona la Administración central.

Más información