El Gobierno rebaja la tensión para dar imagen de normalidad y diálogo

Justo al llegar hoy formalmente a los 100 días de Gobierno, Mariano Rajoy se ha encontrado con un descontento social inesperado. A estas alturas, en sus planes estaba contar con el aval a sus políticas de las elecciones andaluzas y un fracaso estrepitoso de la huelga general. No ha sido así. El paro y, sobre todo, las multitudinarias manifestaciones del jueves en toda España, con el propio Ministerio del Interior calculando un seguimiento cercano al millón de personas en las calles, han evidenciado un malestar y una tensión que ahora el Gobierno trata de reconducir. El primer giro a esa estrategia se apreció ayer mismo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mostró, tras el Consejo de Ministros, su respeto por las opiniones y decisiones de UGT y CC OO, que ayer emplazaron de nuevo al Gobierno a negociar con una fecha en el horizonte: el Primero de Mayo. Si antes de esa fecha no se han abierto conversaciones para cambiar el rumbo de la reforma laboral, los sindicatos tratarán de convertir esta simbólica fecha en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno.

Tras el Consejo de Ministros, Santamaría, además de lanzar un mensaje interno tranquilizador, se esforzó por dirigirse más allá de los Pirineos, a nuestros socios europeos y a los mercados internacionales. Puso énfasis en separar el paro bastante normalizado en toda España de los sucesos violentos de Barcelona con los que culminó la manifestación de la capital catalana. “No son la sociedad española”, ahondó Santamaría. Estas palabras llegaron en respuesta a una pregunta de un periodista de una televisión holandesa, que estaba retransmitiendo en directo la conferencia, y en la misma la vicepresidenta se esforzó para que no se asimile a España con imágenes aisladas de violencia que se han visto en otros países como Grecia. Preocupa mucho esa asociación de ideas.

La vicepresidenta no dejó pasar la oportunidad para condenar lo ocurrido en Barcelona, pero situándolo en su contexto más medido: “Esa no es la no es la manera en que los españoles ejercen sus derechos o salen de las situaciones complicadas”. A lo que añadió que el jueves “se ejercieron todos los derechos en una situación pacífica y ordinaria”.

Lejos de criticar a los sindicatos al día siguiente de la huelga, las declaraciones de la vicepresidenta apuntalan la línea que inauguró la jornada anterior la ministra de Empleo. El mismo día de la huelga, Fátima Báñez se dispuso a preparar una tarea difícil: gestionar el día después. “Los sindicatos son actores muy importantes para la solución de los problemas de este país y confío en su responsabilidad para que den lo mejor de sí mismos”, resaltó la titular de Empleo, volviendo a mostrar su disposición al diálogo.

Las palabras de Báñez y Santamaría contrastan con la manera en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afronta la resaca de la huelga: “[Los sindicatos] van a caer como el muro de Berlín”. A pesar de haberse sentado a negociar con los sindicatos, y ser la primera comunidad autónoma que pactó servicios mínimos en todas las áreas esenciales (transportes, sanidad, educación y atención social), Aguirre atacó con crudeza a los sindicatos al calificar la huelga de “política, y por tanto, ilegal”.

El contraste se acentúa escuchando a Santamaría: “Yo respeto el derecho de cada cual, en este caso de las organizaciones sindicales a defender lo que consideren oportuno con los métodos que consideren oportunos. Luego cada cual tiene que dar explicación de los resultados de esos instrumentos”.

La estrategia de La Moncloa es clara. La espiral de confrontación con los sindicatos y con los miles de españoles que representan y se manifestaron masivamente el jueves no puede aportar nada bueno. Y esa amenaza de “creciente conflictividad social” si no se rectifica y se negocian enmiendas a la dura reforma laboral durante el trámite parlamentario también está presente. El PP, por de pronto, también entrará en juego en ese escenario.

En el propio partido reconocen que han perdido pulso en estos meses, desde la victoria electoral de Mariano Rajoy, el pasado 20 de noviembre, y pretenden recuperarlo para contraponer sus tesis a las del PSOE y los sindicatos. Hoy mismo, María Dolores de Cospedal, la secretaria general, convocará en la sede central de Génova a más de 150 dirigentes (los diputados de las comisiones económicas del Congreso, Senado y Cámaras autonómicas) para darles las instrucciones. No quieren quedarse encerrados en sus sedes ni en sus argumentos. Intentan, al menos, dar la batalla de las ideas. Tienen imposible defender que los Presupuestos no han bajado prácticamente en todas las partidas, pero al menos quieren servirle de parapeto al Gobierno y a Rajoy.