“Andalucía es un testigo incómodo ante la invasión conservadora”

En el peor momento del PSOE en Andalucía, José Antonio Griñán (Madrid, 1946) se presenta por primera vez como candidato a presidente de la Junta, cargo que desempeña desde 2009 tras la marcha de Manuel Chaves.

Pregunta. Parece que tiene todo en contra, pero confía en remontar. ¿En qué se basa?

Respuesta. Me baso en un dato objetivo: el PSOE en Andalucía siempre saca mejores resultados que lo que dan las encuestas. Además, advierto en la ciudadanía un mayor acercamiento que no vi en noviembre, incluso simpatía.

P. ¿El dato más difícil de combatir es que más de un 70% de los ciudadanos quiere un cambio en el Gobierno andaluz?

R. Eso ocurre siempre que hay una situación económica mala. El problema es que el cambio significa ir a algún sitio, y los ciudadanos, antes de decidir, quieren saber adónde van. La gente va viendo ya, por las decisiones del Gobierno de Rajoy, que el cambio es un retroceso.

P. Por lo ocurrido en los últimos meses, ¿fue un error celebrar el congreso federal antes de las elecciones andaluzas?

R. ¿Por qué? No. Hemos llegado a las elecciones con una dirección del partido estable. Lo otro habría sido llegar a las elecciones con una gestora.

P. Se lo digo por el lío que se formó con el apoyo de la dirección andaluza a Carme Chacón, la formación de las listas…

R. Eso forma parte del guion de un partido democrático. Eso a la ciudadanía ni le molesta ni le afecta, sino que le gusta. Ahora nadie duda que la única dirección ejecutiva del partido es la que lidera Rubalcaba y todo el mundo está con Rubalcaba.

P. ¿Cómo lleva saber que si el PSOE pierde Andalucía se quedará sin su último gran bastión de poder institucional?

R. Cuando separé las elecciones lo hice porque quería hablar de Andalucía. Nunca se había dado tanta importancia a nivel estatal a unas elecciones andaluzas. Y están a nivel nacional porque para los conservadores, que han invadido prácticamente todas las instituciones en Europa y en España, Andalucía es un testigo incómodo. Es testigo de que se pueden hacer las cosas de otra manera, de que se puede competir sin rebajar salarios, sin recortar derechos, sin recortar el Estado de bienestar. Eso es incómodo para la derecha que por eso está centrando toda su atención en vencer a los socialistas en Andalucía.

P. El Gobierno andaluz asumió en 2011 un déficit del 1,3% y este año usted ha votado en contra del 1,5%. ¿Por qué?

R. Porque es un disparate. Si la Administración del Estado debe más del 5%, no es posible que tenga un déficit superior a quien tiene un déficit en torno al 3%.

P. ¿Y no era un disparate el 1,3% ya en 2011?

R. Ya, pero entonces, la previsión del 1,3% era en un escenario en el que se crecía. Nadie previó el nuevo desplome de la economía, ni Rajoy. En el escenario actual de recesión se tenía que haber redistribuido el déficit equitativamente. No tiene ningún sentido que la Administración del Estado no tenga que hacer los mismos ahorros que las comunidades, que tenemos los bienes sociales más importantes que gestionar.

P. ¿Qué opina del discurso que señala a las autonomías como despilfarradoras?

R. Creo que el discurso antiautonómico persigue dos cosas. Por un lado, privatizar la sanidad y reducir la educación pública. Y por otro, estoy convencido de que hay una estrategia para romper la famosa fórmula de igualdad que conquistó Andalucía el 28 de febrero de 1980 y que se llamó café para todos. El objetivo es dejar que Cataluña, País Vasco y Galicia lleven su propio ritmo y que las demás comunidades vuelvan a ser autonomías más rezagadas.

P. Si tiene que recortar el Presupuesto, ¿dónde lo hará?

R. Lo miraremos en su momento, pero no recortaremos derechos. Sabemos hacer ajustes, los hemos hecho siempre, y el ejemplo más claro es en farmacia. Ahora que se discute el copago, simplemente con una subasta de medicamentos podemos ahorrar 40 millones de euros.

P. En el caso de los ERE, lo más incomprensible es que durante 10 años hubiese un foco de corrupción en la Consejería de Empleo sin que saltasen las alarmas…

R. Sí, probablemente, no digo que no. En esa consejería debió haber una mayor capacidad de control. En esta legislatura ya no estaba este señor [Javier Guerrero] en esa dirección general, y cuando se advirtieron los primeros síntomas empezamos una investigación. Se diga lo que se diga, un buen número de los imputados lo son por la documentación que ha remitido la Junta.

P. Insiste en que ha colaborado con la juez.

R. Cuando Guerrero ha pedido que no fuéramos acusación, la juez nos ha mantenido porque estamos aportando todo lo que vamos conociendo. Queremos que se sancione a los culpables y se pueda reintegrar aquello que se ha percibido indebidamente. Dicho esto, no exageremos hablando de que si son tantos o cuantos millones. Esta es una partida que aprueba el Parlamento y que ha solucionado el problema de más de 6.000 trabajadores. Que ha habido intrusos, sí; que ha habido ayudas ilícitas, también, pero eso no significa que todo el mundo haya percibido irregularmente el dinero.

P. La juez sostiene que toda la partida es ilegal…

R. Bueno, yo no sé si sostiene eso. Sería, en todo caso, nulo y estaríamos hablando de Derecho Administrativo. Es legal y lo único que sucede es que alguien ha aprovechado de las circunstancias para delinquir.

P. El caso va más allá de una dirección general. Ya están imputados los dos viceconsejeros que hubo en una década, un consejero, y la Guardia Civil apunta al otro [José Antonio Viera, diputado del PSOE].

R. Todo tiene origen en la dirección general, lo que vayamos viendo lo pasaremos al juzgado.

P. La juez también le ha apuntado a usted alguna vez por el procedimiento con el que se daban las ayudas.

R. El procedimiento no tiene que ver nada. La Intervención fiscaliza, reprocha el procedimiento que se utilizaba pero no advierte ninguna irregularidad, ninguna. No es el procedimiento el que provoca el delito, sino que alguien se aprovecha del procedimiento para delinquir, que no es lo mismo.

P. ¿Las responsabilidades políticas del caso están resueltas?

R. En principio, las responsabilidades políticas se dilucidan en las urnas, eso es evidente. Nosotros, cuando hemos comprobado una actuación presuntamente delictiva, hemos denunciado, investigado y acusado. Hemos pedido la imputación y el encarcelamiento. Nuestro comportamiento ha sido irreprochable.

P. Si José Antonio Viera es imputado, ¿qué hará?

R. Depende de lo que se le impute. Tenemos como norma que la imputación por un delito de corrupción, que signifique enriquecimiento, es incompatible con la militancia. Cuando la imputación es por algo que no tiene que ver nada con la corrupción podemos mantener la presunción de inocencia.

P. El PP insiste a diario en su responsabilidad en el caso.

R. Aquí hay una instrucción política paralela, que nada tiene que ver con la instrucción judicial. Aquí se han dicho cosas muy graves: que ordené destruir papeles, que concedía los ERE... Se han dicho barbaridades y eso es malversar políticamente la realidad. La realidad ya es bastante grave, y vamos a ir hasta el final, sea quien sea, pero, por favor, vamos a distinguir los planos.