El tijeretazo autonómico encarece o merma servicios públicos esenciales

Recortar los gastos y aumentar los ingresos. Ese es el doble y espinoso objetivo de las comunidades autónomas, enfrascadas en este momento en el estudio de medidas de ajuste con el fin de cumplir el objetivo del déficit para este año: el 1,5% del PIB. O lo que es lo mismo, recortar entre todas casi 16.000 millones de euros.

Y eso ha de hacerse sin tocar servicios públicos esenciales, proclaman todos los Gobiernos autonómicos. Sin embargo, hay algunas que ya han tenido que echar mano de recortes en sanidad y educación: aumentando horarios a los profesores, reduciendo personal o cerrando quirófanos, imponiendo, como Cataluña con las recetas, tasas extraordinarias... Tras varios ejercicios de recortes en salarios, en plantillas o en inversiones, los nuevos sacrificios amenazan directamente al Estado de bienestar de cada comunidad autónoma.

Para este año el tijeretazo será aún mayor. Y probablemente los ingresos se reduzcan, al menos en lo que respecta a los procedentes del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido de que varias comunidades deberán rediseñar unos ya ajustados presupuestos.

Educación y sanidad son las partidas que absorben el grueso del gasto autonómico. Solo en caso de que se produzca “una hecatombe” o “si no hay otro remedio” se tocarán esos dos servicios públicos esenciales, han dicho algunos presidentes autonómicos. Pero ese “desastre” parece estar ya cerca. La sanidad y la educación están siendo cercadas en comunidades que han llegado a 2012 con el agua al cuello.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las que parten de una peor posición, por ser las que más han recortado ya y porque, aun así, tienen que recortar entre 1.900 y 4.400 millones más para cumplir el objetivo del déficit. El tijeretazo durante 2011 ya fue importante. Y las posibilidades de maniobra con los ingresos, escasas. Entre las más deficitarias pero con algo más de margen de maniobra se encuentran Extremadura, Murcia, Cantabria e incluso Baleares. Sin embargo, la primera es una de las que ha aplicado mayores subidas fiscales, con lo que alguna tasa más o los recortes parecen su única opción. Solo una comunidad, Madrid, cerró 2011 con un déficit inferior al tope impuesto por el Estado.

» Cataluña. El Gobierno catalán (CiU) ha optado por subir impuestos y tasas —la última, la polémica tasa por receta— como medida para equilibrar ingresos y gastos. Pese a eso, las previsiones no apuntan a un aumento suficiente de recaudación para las arcas públicas, con lo que ahora mira hacia las privatizaciones.

» Comunidad Valenciana. El PP aún no ha anunciado qué medidas adoptará, aunque admite serias dificultades. Planteó una tasa medioambiental, una central de compras y un tijeretazo añadido al de los 1.000 millones de euros que dio en 2011, con un recorte de más de 400 millones en sanidad, pero todavía no ha concretado nada.

» Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal, presidenta de la comunidad y número dos del PP, confía en que el gran tajo a los funcionarios, empresas públicas, organismos oficiales y su plan de ahorro en el gasto iniciados en 2011 equilibren la balanza.

» Baleares. El PP, que se hizo cargo del Gobierno el pasado mayo, ha pegado ya un buen tijeretazo a sus funcionarios, con propuesta de reducción del horario laboral para ahorro en nóminas, y ha suprimido parte de la estructura de departamentos oficial. Quizá por ello, “dada la situación actual, hay una serie de medidas que se están valorando y estudiando”. Es la respuesta que da el Gobierno autonómico sobre la posible aplicación del copago sanitario.

» Andalucía. Entre las autonomías que se encuentran en una posición media está Andalucía, aunque ha de gastar 2.400 millones de euros menos que el año pasado. Su situación preelectoral ha hecho que ninguna medida en los últimos meses sea drástica, algo que, a buen seguro, ocurrirá cuando pasen las elecciones. Aun así, la mitad de las empresas públicas han sido eliminadas, y el salario de los funcionarios está congelado. El PSOE, en el Gobierno desde hace tres décadas, asegura que no recortará en servicios básicos; el PP también, pero ha sido vago con su posición sobre el copago.

» Aragón y País Vasco son dos de las cinco comunidades en las que aún no se aplica ni siquiera el céntimo sanitario (el gravamen sobre la gasolina que estableció hace casi diez años el Gobierno de José María Aznar para dar a las autonomías otro instrumento recaudatorio) y la posibilidad del copago sanitario ni se ha planteado. En recortes, el Ejecutivo vasco (PSE) comenzó a reducir gasto corriente en 2009 y en 2011 llegó el turno de los funcionarios. El problema con los ingresos es que la capacidad recaudatoria está en manos de las diputaciones, de diferente signo político y con las que el Gobierno vasco no llega a un acuerdo. Aragón (PP), por su parte, tiene posibilidad de maniobra tanto en recortes como en ingresos.

» La Rioja, Navarra y Canarias, con la mayoría de los deberes hechos en cuanto a ajustes, son las otras tres comunidades que no han implantado el céntimo sanitario, que no se plantean el copago y que están muy cerca de cumplir el objetivo del déficit. Las tres sostienen que las cuentas del Estado no coinciden con las propias y que, salvando esas diferencias y manteniendo la contención, no precisarán más medidas.

» Galicia está en otra tesitura. Roza ya el objetivo del déficit con los recortes a funcionarios, la supresión de organismos y algunas tasas sanitarias, como la obligación de pagar 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria o el cobro de la atención médica a los inmigrantes que lleven menos de seis meses empadronados. Aun así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha lanzado la propuesta de aumentar el porcentaje que los usuarios de la sanidad pública pagan por los medicamentos con receta, cobrándoles en función de la renta.

» Madrid, única comunidad que cerró 2011 con un déficit por debajo del permitido, ha adelgazado la estructura del sector público eliminando, entre otras cosas, siete de sus 15 consejerías; ha reducido su personal eventual en casi un 15%; ha eliminado o enajenado 108 organismos; ha aumentado la jornada laboral de algunos de sus funcionarios; ha penalizado las bajas por enfermedad y ha suprimido 2.000 liberados sindicales.

Pero su presidenta, Esperanza Aguirre (PP), no descarta nuevos ajustes y nuevos ingresos a través de la privatización del 49% del Canal de Isabel II, prevista para antes de verano y con el que se aventuran unos beneficios de 4.000 millones.

Con información de José Marcos, Federico Simón, Lourdes Lucio, Clara Blanchar, Sonia Vizoso, Lluís Pellicer y Pedro Gorospe.