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OPINIÓN

Reacción autonómica

El discurso de la insostenibilidad del Estado autonómico es cada vez más frecuente

La historia constitucional de España ha sido una historia reaccionaria, ha sido la historia de reacciones conservadoras frente al impulso de cambios progresistas. Todos nuestros ciclos constitucionales han empezado con una Constitución progresista —1812, 1837, 1869 y 1931— a la que ha seguido o la negación pura y simple del régimen constitucional, como ocurrió en 1814 con la Constitución de Cádiz o en 1936-39 con la Constitución de la Segunda República, o la revisión conservadora de la Constitución, como ocurrió en 1845 respecto de la de 1837 o en 1876 respecto de la de 1869. Las constituciones progresistas han tenido una duración muy breve. Las constituciones conservadoras o la negación del régimen constitucional han tenido una duración larga o muy larga.

En el ciclo constitucional que se inició con la Constitución actualmente vigente de 1978 se ha roto con la estructura de los cuatro primeros ciclos de nuestra historia constitucional. A diferencia de las constituciones de 1812, 1837, 1869 y 1931, que apenas estuvieron en vigor, la Constitución de 1978 tiene tras de sí más de 30 años de vigencia, sin que se haya visto suspendida en ningún momento en ninguna parte del territorio nacional. Por primera vez en nuestra historia, la Constitución que abre un ciclo constitucional ha podido proyectarse de manera indefinida en el tiempo. Con alternancia en el poder. El centro derecha ha ocupado el Gobierno de 1979 a 1982 y de 1996 a 2004. El centro izquierda lo ha ocupado de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011.

El impulso reaccionario, en ese sentido de revisar en clave conservadora el inicial impulso constituyente, no ha conseguido dominar este quinto ciclo de nuestra historia constitucional. Pero no ha dejado de estar presente, si bien circunscrito a la revisión de la estructura del Estado. El centro derecha español no ha dejado de tener reservas respecto de la interpretación de la Constitución que se acabó imponiendo tras el referéndum andaluz de 1980. Reinterpretar la Constitución en el sentido en que intentó hacerlo inicialmente el Gobierno de UCD, diferenciando entre la autonomía de las nacionalidades (Cataluña, País Vasco y Galicia) y la de las demás regiones no ha dejado de atraer nunca al centro derecha español y a los partidos nacionalistas hegemónicos en Cataluña y País Vasco.

Andalucía sigue siendo el obstáculo para la reforma constitucional

Hasta el momento, esa reinterpretación no ha tenido forma de abrirse camino. Pero en estos últimos años, como consecuencia de la incidencia de la crisis económica, ha empezado a hacerse visible un proyecto de reducción del contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía, que en ningún caso afectaría de manera sustancial a Cataluña y País Vasco, pero que sí podría incidir de manera significativa en las demás comunidades autónomas. El discurso acerca de la insostenibilidad del Estado autonómico en su actual configuración viene reiterándose cada vez con más frecuencia y con mayor audiencia.

Los resultados en las distintas elecciones a partir de las últimas catalanas de 2010, con el debilitamiento continuado y progresivo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las generales de noviembre del año pasado, están creando unas condiciones en las que es posible e incluso probable que se intente llevar a la práctica una revisión de la estructura del Estado en línea con la que se proyectó inicialmente en 1979.

Andalucía sigue siendo el obstáculo para esa operación. Si en las próximas elecciones andaluzas se confirma lo que indican las encuestas y el PP accede al Gobierno de la Junta de Andalucía, la debilidad de la izquierda habrá llegado a su máxima expresión. La posición política del PP más nacionalismo catalán y vasco va a ser más que hegemónica. El deslizamiento hacia una interpretación de la estructura del Estado en clave catalana y vasca va a resultar difícil de detener.

No digo que vaya a resultar fácil que tal interpretación se imponga. Hace treinta años el derecho a la autonomía en las regiones españolas era algo muy distinto a lo que es hoy. Hace treinta años la autonomía era una abstracción. Hoy son treinta años de ejercicio del derecho. Pero creo que hay que contar con que se va a intentar hacerlo. Al menos, eso es lo que indican los discursos que se están poniendo en circulación, así como los movimientos que se están produciendo tanto en CiU como en el PP. La reacción autonómica está en la agenda.

De ahí la trascendencia de los resultados de las elecciones andaluzas del 25-M. No es solamente el alcance de los recortes en las prestaciones sociales lo que puede verse afectado, sino también la estructura del Estado, el lugar que van a ocupar las distintas nacionalidades y regiones en el Estado.