A vueltas con la tasa financiera

La Comisión Europea ha calculado que si se pusiera en marcha la tasa propuesta hace ya unos meses sobre transacciones financieras, se podrían recaudar unos 57.000 millones de euros al año, una cantidad no enorme, pero significativa: si a España le correspondiera entre el 8% y el 10%, le tocarían cerca de 5.000 millones de euros, es decir, el equivalente al sobreajuste que acaba de exigirnos el Eurogrupo.

Sin embargo, la última reunión de ministros de Finanzas acabó sin acuerdo al respecto. Y ello, pese a que el propio ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, encabezó una carta dirigida a la presidencia danesa de la Unión Europea, pidiendo que se aceleren los trámites y que la tasa se ponga en marcha antes de mediados de año.

La carta de Schäuble ha sido firmada también por los Gobiernos de otros ocho países comunitarios, Francia, Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Italia, Portugal y la propia España, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no haya hecho ningún comentario público al respecto y su firma haya pasado casi desapercibida.

El democristiano Schäuble dijo algo muy sensato, según recogió Eurobserver.com: “Si el proyecto se deja de lado, entonces habrá que pensar en hacer que los bancos paguen el IVA”. El ministro alemán subrayó algo que muchos ciudadanos europeos desconocen respecto a sus propios países: “No entiendo por qué existe un impuesto del valor añadido sobre cualquier intercambio de servicios, salvo en el caso de los servicios financieros”.

Lo asombroso es que existan personas que estén en contra de la tasa financiero y a favor del copago sanitario

La negativa a la implantación de la tasa sobre transacciones financieras (FTT, según sus siglas inglesas) ha sido liderada por Reino Unido y se debe, aseguran, a que es la City londinense la que concentra el 60% de esas operaciones. Es difícil de creer, sin embargo, que esas transacciones abandonaran el sólido sistema financiero británico por el hecho de tener que pagar una cifra tan pequeña como la propuesta por la Comisión: 0,10% en el caso de compraventa de acciones y de bonos, y 0,01% en el caso de los derivados.

Lo asombroso es que exista un notable grupo de personas que encuentra razonables los argumentos contrarios a la tasa sobre transacciones financieras y que apoya al mismo tiempo, sin el menor problema, el copago sanitario, como si cobrar un euro a un enfermo por acudir al médico fuera algo mucho más lógico que pedirle un 0,01% al vendedor de un derivado financiero. Es posible que haya que llegar a un cierto copago para el sostenimiento de la sanidad pública, pero se supone que ese debería ser el último paso después de agotar otras posibilidades, factibles, de aumentar los ingresos fiscales.

En una época en la que se habla continuamente de los sacrificios que deben hacer los ciudadanos y en la que los déficits obligan a muchos países a subir el IRPF o el IVA, incluso en productos de primera necesidad, parece increíble que todavía haya que discutir sobre los méritos y ventajas de tasar las vertiginosas operaciones que realiza el dinero, saltando fronteras y organismos reguladores.

Es verdad que los seres humanos somos contradictorios: negamos lo que damos por cierto en cuanto se nos presenta la ocasión. Pero lo que se disculpa en la condición humana resulta muy difícil de tragar en la actuación política.

En el ámbito “nacional”, en un plano completamente distinto de las cosas, aunque imposible de ignorar, tenemos un buen ejemplo de esa discordancia radical en el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

El ministro es capaz de compatibilizar dos perfiles contradictorios sin inmutarse. El mismo político que no pierde ocasión de ilustrarnos con sus convicciones sobre los derechos ciudadanos (en especial de las mujeres, a las que quiere dificultar el ejercicio del derecho al aborto) o sobre la necesidad de la cadena perpetua (revisable, eso sí), no ha tenido inconveniente para firmar, al mismo tiempo, indultos para evitar que vayan a la cárcel cinco mossos d’esquadra condenados por torturas. Y esta misma semana no dudó en repetir la jugada borrando de un plumazo las penas de prisión impuestas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a ex altos cargos de la Consejería de Trabajo de Cataluña, uno de ellos con condena previa por hechos semejantes. solg@elpais.es