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'CASO FABRA'

El juez ratifica la apertura de juicio a Fabra y añade a un nuevo imputado

La fiscalía solicita 13 años de prisión por tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales

Carlos Fabra, durante su último pleno al frente de la Diputación de Castellón.
Carlos Fabra, durante su último pleno al frente de la Diputación de Castellón.

El titular del juzgado número 1 de Nules ha ratificado la apertura de juicio oral al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que será juzgado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. El juez ha decretado un nuevo auto que incluye la imputación del exsenador y exdiputado Miguel Prim, cuya implicación fue aceptada por la Audiencia provincial poco después de que el juez decidiera que Fabra se tenía que sentar en el banquillo. Para este exdirigente del PP ha señalado una fianza de 800.000 euros.

La decisión de la Audiencia de imputar a Prim, que tardó dos meses en resolver la cuestión, ha retrasado el señalamiento del juicio al presidente del PP de Castellón cuyo caso será remitido ahora a Castellón, donde ha de ser juzgado. La fiscalía pide para el dirigente del PP 13 años de prisión, que la acusación popular eleva a 20.

Prim fue el diputado a través del que Fabra, supuestamente, realizó gestiones ante el Ministerio de Agricultura, cuando esta cartera estaba bajo la dirección de Miguel Arias Cañete. La intención, según las acusaciones, era tratar de agilizar las autorizaciones para productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaba Vicente Vilar, el empresario que acabó denunciando a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Para hacer frente a la fianza, de 4,2 millones de euros, Carlos Fabra entregó, hace semanas, un listado de bienes susceptibles de ser embargados para garantizar su posible responsabilidad civil. Lo hizo de manera conjunta con su exesposa, María Amparo Fernández, a la que también se le imputan tres fraudes fiscales y para la que se marcó una fianza de 1,7 millones de euros. Entre los dos, según las acusaciones, defraudaron 1,2 millones de euros. El juzgado ha emitido los mandamientos correspondientes para que se anote en el Registro la situación de embargo cautelar.

En cualquier caso, las medidas sobre los embargos no afectan a la marcha del procedimiento ya que el juez decretó la apertura de una pieza separada sobre la responsabilidad civil.