La juez alega “riesgo de fuga” al enviar a prisión al exdirector de los ERE

“Omitió clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal”. Desvió “fondos públicos para su lucro personal”. Demostró “una absoluta falta de diligencia”. “Permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces”. Estos argumentos sirvieron a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para decretar la madrugada de ayer prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero. Alaya estima que podría fugarse debido a las “presiones externas” de terceros a los que podría “perjudicar claramente”.

Después de tres días de declaraciones, prolongadas durante 20 horas, la juez justificó su decisión en la “relevancia” del testimonio de Guerrero, dada la precaria situación económica y personal que padece y la gravedad de los delitos que le achaca. Para Alaya, pese a que el inculpado ha colaborado con la justicia, aún conoce hechos delictivos que no ha desvelado a la investigación.

La juez subraya en su auto de prisión que hay riesgo de fuga por “las penas que llevan aparejadas” la malversación y cohecho continuados (hasta 18 años de cárcel). Además, la magistrada subraya la “repercusión mediática del caso y la evidente alarma social creada”, y enfatiza la pérdida de “cierto arraigo social y laboral”, al no poder incorporarse como funcionario de la Junta, que ha suspendido su reingreso. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión por las irregularidades que Guerrero cometió durante casi una década (entre 1999 y 2008). A la fiscalía se le sumaron las acusaciones de la Junta, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía había pedido una fianza de 933 millones. Este dinero incluye las ayudas directas a empresas y para ERE concedidas por la Consejería de Empleo, y que Anticorrupción considera están dadas por un procedimiento ilegal. La Junta sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

Ante la petición de cárcel del fiscal, surgió la unanimidad de las defensas, una circunstancia excepcional, que consideraron desproporcionada la medida por la clara colaboración con la justicia que ha demostrado Guerrero y su nulo riesgo de fuga. Pero Alaya ignoró la unanimidad y dictó un auto en términos muy duros sobre los gravísimos delitos de los que le acusa.

La juez destaca cómo “en connivencia con otros” aprobó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas a empresas pese a conocer su “absoluta falta de competencia” para ello. La instructora destaca cómo “de manera manifiestamente injusta y arbitraria” concedió ayudas públicas para favorecer a familiares y amigos, o personas próximas al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE. Además, Alaya subraya cómo estas ayudas contravienen la normativa europea y los empresarios no presentaron ni siquiera solicitud para recibirlas en la mayoría de los casos.

La concentración de ayudas en la Sierra Norte sevillana, comarca de donde procede Guerrero, es muy llamativa: de 75 millones en subvenciones directas, 50 millones fueron a parar a sociedades de esta zona pese a contar con solo 30.000 habitantes. Alaya enumera cómo favoreció a familiares (su suegra percibió una póliza de 200.000 euros) y a numerosos amigos, además de beneficiar a su chófer, con quien supuestamente gastó parte de 900.000 euros en cocaína y fiestas. “Una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo, para favorecer a personas o entidades”, concluye la magistrada.