La red corrupta de Dorribo tuvo ayuda de tres consejerías de la Xunta

Si hasta ahora la principal víctima política de la Operación Campeón era el exministro José Blanco, la apertura del sumario instruido por un juzgado de Lugo le ha estallado en las manos a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Según las diligencias efectuadas, un diputado del PP, Pablo Cobián, ya dimitido, cobraba del entramado del empresario Jorge Dorribo, personaje central de la trama presuntamente corrupta, por sus gestiones ante el Gobierno gallego. La Xunta, por su parte, concedía ayudas a fondo perdido y otorgaba contratos de obras a las sociedades del industrial lucense, quien no solo tenía acceso al despacho de Feijóo, sino que se jactaba de su influencia sobre el presidente y sobre otros consejeros de su Gabinete.

Cuando era diputado, Cobián gestionó una entrevista del presidente gallego con Dorribo en el despacho de Feijóo. Fue el 14 de octubre de 2010. En las siguientes semanas, el Gobierno gallego concedía a través de su instituto de crédito, el Igape, cuatro millones de euros a una sociedad de Dorribo, Nupel, para un proyecto de fabricación de medicamentos en formato unidosis. Las diligencias judiciales permiten deducir que Cobián cobró al menos 75.000 euros de la trama por esta y otras gestiones, que se extendieron a muchas actuaciones que afectan sobre todo a las consejerías de Infraestructuras y de Sanidad.

Los pinchazos telefónicos transcritos en el sumario apuntan a que el entonces diputado del PP era para el entramado de Dorribo un auténtico conseguidor de subvenciones y obras en el Gobierno gallego. Según los investigadores, Cobián hizo de intermediario en al menos 11 contratos de obras, además de la subvención de Nupel. El levantamiento del secreto sumarial da las primeras pistas de las razones de la imputación de siete cargos de la actual Xunta —el exdirector, el exsubdirector y una responsable de área del Igape y cuatro cargos de la consejería de Infraestructuras, dirigida por un hombre fuerte del Gobierno de Feijóo, Agustín Hernández—.

El propio Hernández se reunió el 6 de abril de 2011 con Carlos Monjero, mano derecha de Dorribo e imputado por la juez. Primero, en la cafetería de la Xunta y, a continuación, en las dependencias de la consejería, mientras eran objeto de un seguimiento por funcionarios de la Agencia Tributaria. La entrevista, a la que asistió un representante de la constructora Ferrovial, resultó “muy bien”, según afirmó después Monjero, con el teléfono pinchado. Una semana después, el hombre de Dorribo recibió la llamada de la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, para comunicarle la firma de un contrato para una carretera en Moaña (Pontevedra), y le solicitó un favor electoral: que avisara del inminente inicio de las obras al candidato del PP a la alcaldía, en vísperas de las municipales de 2011.

Siete cargos del Gobierno gallego están imputados por la juez

La implicación de la exconsejera de Sanidad, Pilar Farjas, ahora secretaria general del Ministerio de Sanidad, está relacionada con el proyecto de unidosis de Nupel. Farjas se reunió con Dorribo solo tres días antes de hacerlo con Feijóo, según figura en las anotaciones del empresario de Lugo. La otra puerta de entrada de la Xunta para el entramado corrupto era el ente Portos de Galicia, de la Consejería de Mar, con el que Dorribo gestionaba la concesión del centro de revisión y reparación de bateas cuando las primeras detenciones judiciales frustraron el proyecto.

El industrial se jactaba de su influencia sobre el presidente

Los tentáculos de la corrupción de Dorribo se extendieron ya antes de que Feijóo llegara al Gobierno gallego. El levantamiento del sumario ha servido para conocer las primeras pistas de los motivos por los que la juez ha imputado al exconsejero del bipartito Fernando Blanco, del BNG, responsable de Industria entre 2005 y 2008. Dorribo lo acusa de participar como socio en varias empresas, primero a través de un testaferro y directamente tras dejar el Gobierno gallego. La Agencia Tributaria encontró en los libros contables de Nupel anotaciones que apuntan a posibles pagos del empresario lucense a un partido político y a un consejero, sin especificar. Las fechas coinciden con la autorización por la consejería que dirigía Fernando Blanco de 1,45 millones de euros a fondo perdido. Por esta misma razón está imputado el exdirector general de I+D+i Salustiano Mato, en la actualidad rector de la Universidad de Vigo.