Rajoy impone recortes máximos a las autonomías pese a Mas y Griñán

Hasta ahora nunca un partido había tenido tanto poder territorial como el que atesora el PP en España. Acapara el Gobierno central y 13 de los 17 presidentes autonómicos son del PP. Este martes los populares exhibieron su hegemonía y cerraron filas con el Ejecutivo para defender el objetivo del déficit que ha fijado para las comunidades autónomas. Lo hicieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de interlocución del Gobierno con los consejeros de Economía de todas las comunidades, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró inflexible con aquellas comunidades que pedían al Ejecutivo que suavizara el objetivo de déficit para 2012, que supone un ajuste de 15.600 millones de euros; y donde los consejeros del PP apoyaron sin fisuras y casi sin debate el límite fijado en el 1,5% del PIB. El debate lo puso, sobre todo, la consejera andaluza, la socialista Carmen Martínez Aguayo, que rechazó el objetivo de déficit y consideró “inadecuado e insensible” el ajuste al que le obliga el Gobierno. Cataluña y Canarias se abstuvieron, y el País Vasco evitó votar.

A menos de un mes para las elecciones andaluzas, Montoro cargó contra la postura de Martínez Aguayo, a la que acusó de “votar contra la austeridad en el gasto público [necesaria] para salir cuanto antes de esta crisis”. Y añadió: “Seguramente esta postura tiene que ver con las elecciones dentro de un par de domingos”. Montoro, que fue cabeza de lista del PP por Sevilla, está participando activamente en la campaña electoral con su presencia en mítines y actos por todas las provincias andaluzas.

Este miércoles Martínez Aguayo ha asegurado en la cadena SER que en ningún caso la Junta se plantea no respetar el límite de déficit impuesto, pese a "estar en total desacuerdo con el objetivo". También ha señalado que en la reunión de ayer nadie planteó específicamente  establecer un copago sanitario".

Para despejar las dudas que pudieran quedar a algún responsable autonómico, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue claro al asegurar en el Senado que “el rumbo está marcado”. Y precisó: “Haré lo que esté en mi mano para resolver los problemas de todos, pero todos tendrán que poner de su parte”.

Desde que el pasado viernes el Gobierno presentó las principales cifras para 2012, donde cargó a las comunidades buena parte del ajuste previsto, algunos presidentes autonómicos alertaron de la extrema dificultad para cumplirlo. El nuevo escenario deja un panorama de duros recortes. El conjunto de las Administraciones deberá pasar de un déficit del 8,51% registrado en 2011 al 5,8% comprometido por Rajoy ante Bruselas. Y las comunidades deberán digerir una rebaja de casi un punto y medio de esa rebaja, lo que se traduce en recortes por importe de 15.600 millones. En el Gobierno admiten que las comunidades tendrán que cargar con la mayor parte del ajuste, pero también las responsabilizan de ser las principales culpables de que España haya sido incapaz de controlar su déficit en 2011.

A los responsables de las cuentas regionales se les pone cara de circunstancias cada vez que se les pregunta cómo van a alcanzar esa cifra, que, además, no tiene en cuenta el descenso de la recaudación derivada de un retroceso de la economía española del 1,7% previsto para este año. En los últimos días algunas comunidades como Asturias, Canarias, Cataluña o Andalucía habían dejado entrever que les resultaría extremadamente difícil reducir el desfase presupuestario entre ingresos y gastos hasta el 1,5% del PIB sin tocar servicios esenciales. Otras comunidades del PP también admitían en privado la dificultad. Máxime cuando algunos de estos territorios no lograron evitar en 2011 una desviación del déficit de más del doble de lo previsto. Castilla-La Mancha, por ejemplo, registró un desfase presupuestario del 7,3% del PIB y este año debe recortar casi seis puntos. Una tarea casi imposible teniendo en cuenta que Cataluña, que lleva un año aplicando severos ajustes, solo ha sido capaz de recortar unas décimas.

Pero unas horas antes del consejo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, convocó a los responsables de Economía del PP para fijar una postura común y disipar dudas. Uno de los más aplicados fue el de Madrid, Percival Manglano, quien aseguró que el déficit fijado por el Gobierno “es lo que España necesita para poder salir de las crisis cuanto antes”. Madrid es la única región que cumplió con el objetivo del año pasado.

Montoro calificó como “absurdo, inconveniente, inútil e inoportuno” el debate sobre que el Gobierno pida un mayor esfuerzo a las comunidades que el que realiza él mismo. E insistió, cuando le preguntaron sobre una posible flexibilización del déficit para algunas comunidades, que estas cuestiones “lanzan un mensaje pésimo a los mercados”. Por su parte, la responsable socialista de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, acusó al Gobierno, tras esta reunión, de llevar a “las autonomías a una situación insostenible”. En una nota enviada por el PSOE, la responsable de Economía indicó que "los socialistas no entendemos la inflexibilidad del Gobierno con las comunidades”. Rodrigúez Piñero aseguró temer “pretendan introducir el copago en sanidad y educación”.

 Los populares abandonaron la reunión con la tarea de ajustar sus cuentas. Algunos no sabían cómo. “No es una cuestión de déficit, es una cuestión de ingresos”, señalaba uno de los responsables autonómicos. El ministro de Hacienda evitó responder si el Gobierno está dispuesto a poner en marcha medidas adicionales para aumentar los ingresos de las autonomías, como limitar la cartera de servicios básicos, permitir a las comunidades cobrar por otros servicios o que puedan aumentar las tasas. “Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer en casa”, señaló Montoro. “Se podría estudiar un nuevo sistema de tasas para las matrículas universitarias, en función de la renta”, apuntaba otro consejero.

El Consejo también aprobó por unanimidad el mecanismo para que las comunidades autónomas y los Ayuntamientos puedan pagar a los proveedores. Las Administraciones que se acojan a este instrumento, un crédito sindicado de 35.000 millones en el que participan los bancos, tendrán que presentar una declaración con las facturas pendientes de pago antes del 1 de abril, para que los proveedores puedan empezar a cobrar en mayo.