“La sociedad vasca tiene la sensación de que es preciso esclarecer el pasado”

Manuela Carmena (Madrid, 1944) llega cada día a su despacho en la sede del Gobierno vasco en bicicleta. La conocida juez, ya jubilada, ha sido la persona elegida por el Ejecutivo de Patxi López como asesora para llevar a buen puerto el primer decreto de reparación de las víctimas de motivación política en el País Vasco, que aborda violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios entre 1968 y 1978 —según el borrador presentado por el Gobierno, que está en fase de alegaciones en el Parlamento vasco— y que incluye indemnizaciones de 35.000 a 390.000 euros.

Pregunta. ¿Por qué este decreto se elabora ahora, meses después de la declaración por parte de ETA del cese definitivo de la violencia? El PP vasco asegura que no es el momento oportuno.

Respuesta. La sociedad vasca tiene la sensación de que se precisa un esclarecimiento del pasado para acabar con muchos años de impunidad. Hay que hacerlo ahora porque, en realidad, debió haberse hecho mucho antes. Por otro lado, todo ha sido el fruto de una largo proceso político que comenzó hace años y que acaba de culminar.

P. ¿Su aprobación no puede contribuir a sostener la idea de ETA y la izquierda abertzale de que en Euskadi hubo dos bandos con sufrimientos similares?

R. No. ¿Por qué hay que hacer paralelismos? Son situaciones y sufrimientos muy distintos. Pero hay que saber qué es lo que ha pasado. Estas víctimas sienten que han sufrido y no han sido reparadas; ¿Por qué no vamos a arroparlas? Por otro lado, la mayoría no tenía nada que ver con ETA ni con la izquierda abertzale.

P. ¿Cómo se lo explicaría a una víctima de ETA?

R. Estas víctimas también han sufrido injustamente. Una persona que ha sido torturada, o que ha visto morir a un familiar de forma injusta y cuyo crimen nunca se investigó, tiene derecho a ser reparada. Son vulneraciones de derechos humanos que no pueden quedar impunes. Contra el terrorismo no vale todo. Yo sé que esto es muy difícil decírselo a las víctimas del terrorismo. Pero, si somos un Estado de derecho, nos toca hacer esto.

P. El decreto dice que tiene como objetivo la solidaridad social y contribuir a la convivencia y legitimación del Estado de derecho... ¿La democracia está deslegitimada en Euskadi?

R. Debe hacerse un examen de lo sucedido después de un periodo tan difícil como fue la Transición, no tanto porque esté deslegitimada la democracia sino para hacerla más fuerte. Una democracia sana debe ser capaz de revisar su pasado.

P. ¿Qué casos están estudiando? ¿De qué estamos hablando?

R. Muchos, y muy distintos. Por ejemplo, estamos en contacto con una señora cuyo marido murió tras una manifestación en Bilbao en 1975. Le dieron varios porrazos y fue a poner una denuncia. Entonces lo detuvieron y le obligaron a beberse una botella de coñac y otra de aceite de ricino. El hombre tenía un problema hepático grave y murió. El caso nunca se investigó. La familia nos está presentando los documentos que guarda desde hace 37 años, como las cartas que enviaron al Rey para pedir ayuda. Hay muchas personas así, que en su día trataron de que se hiciera justicia y no lograron nada.

P. Las asociaciones de víctimas de ETA se quejan de que la policía y la guardia civil han sido el colectivo más azotado por la banda. Y, sin embargo, aquí aparecen como verdugos.

R. No hay que hablar de colectivos, sino de comportamientos individuales. Nosotros no vamos a imputar a nadie hechos delictivos. Esto es un ejercicio de solidaridad centrado en las víctimas, no en los autores. Por eso queremos tener conversaciones con las víctimas del terrorismo, para explicarles con detalle todas estas cosas. Las víctimas de abusos policiales buscan también verdad y reparación, y han sufrido injustamente.

P. ¿Qué se considera un sufrimiento injusto?

R. Todos los ataques a la vida y a la integridad de las personas que tengan su origen en una motivación política. Hay casos muy curiosos, en los que el crimen fue por error. Estamos viendo el de un sacristán de 58 años que fue a tocar las campanas de la Iglesia, y un policía le pegó un tiro. Sucedió en 1969. La noticia del diario Abc del día siguiente explicaba que era un hombre “de orden” que había formado parte del movimiento nacional.

P. ¿Qué buscan las víctimas, reparación, una indemnización…?

R. Sobre todo, quieren que se sepa la verdad. Reciben la posibilidad de que se investigue el pasado con gran sorpresa. Desde las instituciones, nunca nadie había pensado en ellos. Siempre han visto que tenían respaldo social pero que el Estado les abandonaba. Lo que queremos ahora es que les arrope. Por eso hablamos de solidaridad. Sienten esperanza a pesar del nivel de frustración que pueden tener porque muchos querrían que estos hechos fueran juzgados. Pero estamos hablando de delitos casi en su totalidad prescritos.

P. ¿Cuántos casos hay?

R. Víctimas mortales creemos que puede unas 60, pero es un número aproximado. Tenemos menos listadas las torturas, pero ya hay personas y asociaciones que se están poniendo en contacto con nosotros para comunicar casos que desconocíamos y que habrá que estudiar.

P. ¿Cómo se pedirán las indemnizaciones?

R. A través de unas comisiones de valoración de los casos. Cuando entre en vigor el decreto empezarán a funcionar, pero ahora estamos ya trabajando. Tenemos una web con un teléfono y una dirección de correo. Y estamos poniéndonos en contacto con las víctimas y familiares de los casos más conocidos.

P. ¿Qué es lo que deben probar las víctimas?

R. Todo se centra en una entrevista, lo más importante. A partir de ahí la comisión de valoración preguntará, hará evaluaciones, examinará los documentos que puedan aportarse, escuchará testimonios... todo lo que sea necesario. Pero las reglas de prueba no van a ser las de una investigación judicial. Los años de impunidad han oscurecido tanto los hechos que hay que ser conscientes de que quizá no va a haber una prueba plena. Buscaremos la suficiente que nos indique que la historia es veraz y que la víctima debe ser reparada.

P. ¿Aparte de las indemnizaciones, va a haber algún tipo de reconocimiento?

R. Aún no se ha precisado del todo. Creemos que cada víctima debe recibir una declaración de la verdad en la que recogeremos la narración de sufrimiento. Y esas declaraciones de las verdades individuales queremos que formen parte de un todo que después nosotros podamos remitir a donde corresponda.

P. ¿Será como los hechos probados de una sentencia?

R. En absoluto. Esto no es un juicio. Se trata de una narración del sufrimiento que ha vivido esa persona.

P. ¿Cuándo se aprobará el segundo decreto, sin duda más polémico, para las vulneraciones de derechos posteriores a 1978, es decir, ya en democracia?

R. Ese documento va a tratar fundamentalmente sobre la tortura, y será necesaria una mayor investigación de cada caso. Pero, por ahora, nuestra prioridad es consolidar este primer decreto.