El fiscal general reabre el bulo del 11-M que ya rechazaron 14 jueces

Ni el exjuez de Instrucción de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. Ni los magistrados de ese tribunal Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás. Tampoco los magistrados del Tribunal Supremo Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela. O los jueces Pablo Ruz y Eloy Velasco hasta en tres ocasiones. Ni tres magistrados de la Sección 17 de la Audiencia de Madrid. Ninguna de las resoluciones de hasta 14 jueces negando la reapertura de la investigación sobre los atentados del 11-M tiene más valor que una noticia periodística.

El nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, considera que la noticia del diario Libertad Digital titulada Hallado uno de los focos de explosión del 11-M, es una “notitia criminis” que merece ser investigada por el ministerio público para su inmediata remisión al juez que corresponda. Torres-Dulce reveló este viernes que, sin recibir ningún informe policial que lo avale, ha ordenado a la Fiscalía de Madrid indagar sobre la existencia de restos de los trenes en que se produjeron las explosiones.

El fiscal quiere saber, además, si existe algún proceso que investigue esos restos, a pesar de que el único en el que se planteó, abierto por la titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, Coro Cillán, fue archivado el 7 de febrero. El nuevo jefe de la fiscalía hasta se aventuró con el delito que se podría haber cometido: obstrucción a la justicia.

La información que sirve para reabrir el caso da cuenta del hallazgo en el taller de Tafesa —la empresa que se encargó de la reparación de los trenes— de chatarra procedente de uno de los convoyes, el que explotó en la estación de Santa Eugenia. Sus autores insinúan que la policía o el propio juez Del Olmo (el que investigó los atentados) habrían ordenado mantener esos restos allí. “Llama la atención que no se hiciera ningún estudio de los mismos o, en caso de que se hiciera, que se haya mantenido oculto”, sostienen los autores que, como siempre, apuntan a nuevas pruebas sobre los restos de explosivo que puedan contener con la intención de señalar a otros autores que no son los condenados. Son los mismos autores que durante años han sostenido que los trenes se habían destruido.

Hasta ahora, los defensores de la teoría de la conspiración mantenían que los que trataron de ocultar pruebas fueron los que ordenaron desguazar los vagones, a pesar de que, antes de hacerlo, se tomaron de ellos todas las pruebas para analizar el explosivo utilizado (el informe pericial se puede consultar en la web de EL PAÍS). Ahora, sin embargo, sus suspicacias —y las del fiscal general— se refieren a restos de estos que no han sido destruidos.

El fiscal impulsa una causa fijándose en los restos de un furgón ya analizado

Hasta hace solo dos meses, la Fiscalía de Madrid se oponía a reabrir el asunto. Sostenía que hacerlo suponía “una revisión de la instrucción” de los atentados realizada por la Audiencia Nacional, instrucción “que ya fue objeto de enjuiciamiento y sentencia firme”, la que condenó a los implicados. Tras la orden de Torres-Dulce, lo primero que hará es averiguar dónde está esa chatarra y si se trata de uno de los focos de las explosiones. Hecho esto, la intención es encargar un informe a la policía para que indague cómo llegaron hasta allí, según fuentes cercanas a esa fiscalía.

Tras la sentencia del 11-M, los colectivos que apoyan la conspiración, como el seudosindicato Manos Limpias, la AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, patrocinada por Esperanza Aguirre, han peleado durante años para repetir el análisis de los restos de explosivos hallados en los trenes, aunque sin éxito. En 2006, Manos Limpias presentó una querella en el Supremo contra el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez —los que investigaron el caso— por ordenar la destrucción de los vagones. Los magistrados la rechazaron de plano al recordar los “pormenorizados dictámenes periciales” sobre los explosivos, así como “un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil” que se hicieron previamente.

El siguiente en poner en duda esos informes fue Emilio Suárez Trashorras, condenado a miles de años por suministrar la dinamita a la célula islamista que cometió los atentados, en su recurso de casación ante el Supremo. Pero la sentencia recalcó lo que ya había dicho la Audiencia. Que toda o gran parte de la dinamita era del tipo Goma 2 ECO, que procedía de Mina Conchita y que los restos de otras marcas de dinamita también podrían proceder de ese mismo lugar.

Torres-Dulce ignora el archivo de la causa contra el exjefe de los Tedax

El nuevo intento surge de la AVT que, en 2008, presenta un escrito al juez Pablo Ruz en el que solicita que la policía haga estallar distintos tipos de dinamita en vagones similares a los de los atentados para determinar el que se utilizó en los ataques. Ruz consideró sus peticiones “inútiles, dilatorias y perjudiciales para la instrucción”, así como “manifiestamente impertinentes”. Los hechos, dijo, ya estaban juzgados.

Manos Limpias y la Asociación de Ayuda a las Víctimas volvieron a la carga en 2009 con el juez Eloy Velasco que, como su compañero, recordó que el caso era “cosa juzgada”. “No se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar (…) a que por fin satisfagan los intereses de algunas de las partes personadas (…) por mucha que sea la insatisfacción que el resultado (…) suscite en alguna de las partes procesales”, respondió Velasco. “No supone el análisis de ningún extremo novedoso en la causa”, zanjó. La petición fue reiterada al año siguiente y también rechazada.

En paralelo, el partido Alternativa Española presentó una querella en los juzgados de Madrid contra el exjefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y otra agente de ese grupo de desactivación de explosivos por ocultar pruebas. El juez de Instrucción 6, Ramiro García de Dios, al que correspondió el caso, lo archivó al no apreciar ningún delito.

Ante el nuevo fracaso, la Asociación de Ayuda a las Víctimas presentó una querella por los mismos hechos. Recayó en la juez Coro Cillán —sancionada en varias ocasiones por el Poder Judicial por desatención y ahora investigada por usar su cargo para favorecer a un amigo—, que abrió diligencias e imputó a Sánchez Manzano. Cillán mantuvo abierto el caso dos años, hasta que decidió tramitar el recurso a la Audiencia de Madrid del comisario que, desde el primer momento, pedía el archivo. La Sección 17 de la Audiencia de Madrid le dio la razón al entender que el caso ya había sido juzgado por el juez García de Dios. Que Cillán no podía investigar los mismos hechos. Los hechos sobre los que ahora se empeña en arrojar luz el fiscal general.