“Las pruebas se mueren”

“Con la absolución de Garzón nos quitamos un peso de encima”, confesaba Fernando Magán, abogado de varios de los denunciantes que acudieron a la Audiencia Nacional en 2006 para pedir que se investigaran los crímenes del franquismo. Muchos familiares de las víctimas se sintieron culpables de su procesamiento. Como Hilda Farfante, hija de dos maestros fusilados. “Ya no me siento culpable, ahora estoy enfadada. Cuando vi que le absolvían, me alegré mucho. Pero luego leí la sentencia: a Garzón le han absuelto, pero a las víctimas nos han hundido aún más”. Purificación Gallardo, nieta de fusilado, estaba de acuerdo: “Después de esto, ¿qué juez se va a atrever a ayudarnos?”.

Los familiares de las víctimas están contentos por la absolución, pero no le perdonan al Supremo el tiempo que les ha hecho perder el procesamiento de Garzón. La sensación, repetían todos ayer, es agridulce. Como cuando se abren las fosas comunes del franquismo y junto al alivio de saber por fin dónde estaba tirado su padre, su madre, su hermano o abuelo, se mezcla el dolor que provoca que las viudas, madres o hijos de los fusilados hayan muerto sin ver su nombre en una lápida.

Las pruebas de un crimen se recogen, se custodian, a veces se pierden y otras, se mueren. Este último es el caso de las víctimas del franquismo, señalaba ayer Emilio Silva, nieto de fusilado y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “El Supremo nos ha hecho perder mucho tiempo con el procesamiento de Garzón y tiempo es lo que no tienen los familiares de las víctimas. Se han destruido muchas pruebas porque desde que se inició este proceso ha muerto gente que podía llevarnos a abrir fosas del franquismo”.

Murió con 97 años el pasado 15 de febrero Julia Manzanal, que en las cárceles franquistas que habitó por su condición de roja vio morir a su bebé en brazos y cómo a otras madres les quitaban a los suyos para entregarlos a familias adeptas al Régimen. También falleció en noviembre del año pasado, con la misma edad, Trinidad Gallego, compañera de prisión de Julia, y testigo como ella del robo de niños, que Garzón cifró en 30.000 solo en los primeros años del franquismo. “Ningún juzgado me ha escuchado”, declaró a este diario, tiempo antes de morir.

Murieron testigos sin haber contado a un juez lo que vieron, y murieron también muchas víctimas sin que un tribunal recogiera su testimonio y, en el caso del robo de niños, una muestra de ADN que cotejar si la investigación llevaba a ese hijo sustraído. Fallecieron después de una lucha de muchos años. Como Jesús Pueyo, que en 1977 ya escribía cartas al Rey pidiendo ayuda para localizar a sus siete familiares fusilados y que murió en enero con 90 años y a menos de un mes de ser llamado a declarar en el Supremo para contar la terrible historia de su familia.

“Cada vez es más difícil encontrar a ancianos de 90 años que te digan: ‘junto a aquel chopo enterraron al hijo del zapatero…’ Eso lo sé yo y lo sabían también los jueces del Supremo”, lamentaba ayer Antonio Ontañón, que sí tuvo oportunidad de revelar a los magistrados el resultado de 30 años de investigación.

María Martín, la anciana que, rodeada de togas y con un hilo de voz, relató al tribunal el pasado 1 de febrero cómo en 1936 fusilaron a su madre, opinaba ayer: “Estoy muy contenta de que hayan absuelto a Garzón, aunque haya sido de aquella manera, que parecía que salía del tribunal con las manos puestas en la cabeza. Me da mucha pena que deje de ser juez. Yo sigo sin que nadie me diga que puedo recoger los restos de mi madre. Tengo 81 años”.

Los denunciantes pedirán al Supremo que resuelva “de urgencia” el asunto sobre la competencia de las fosas, todavía pendiente. Prácticamente todos los jueces territoriales han archivado las causas. Solo los de Granada y El Escorial las devolvieron a la Audiencia Nacional por entender que se trataba de crímenes contra la humanidad. La sentencia absolutoria apunta a que la opinión del Supremo es que los jueces no tienen nada que aportar en este asunto: “La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria, pero corresponde al Estado y no al juez”.

Las víctimas anuncian un gran homenaje a Garzón. Muchas se han sumado a la querella en Argentina. “Confío más en aquella justicia que en la mía”, confesaba Fausto Canales, hijo de fusilado.