El alcalde de Las Palmas, imputado por corrupción urbanística
Una empresa que compró terrenos al ayuntamiento y vendió días después ganó nueve millones
El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado en calidad de imputado al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, del Partido Popular, por su presunta vinculación con el caso Canódromo, una trama de corrupción urbanística que se remonta a 2002, cuando Cardona era concejal de Urbanismo e impulsó convenios que ahora son objeto de investigación. Cardona declarará ante el juez el 14 de marzo, ocho días antes de que prescriban los hechos denunciados.
El Ayuntamiento vendió en 2002 tres parcelas no urbanas por 5, 5 millones de euros a la promotora de viviendas Urbacan, que pocos días después revendió los mismos terrenos por 14,5 millones de euros a la inmobiliaria Realia. La venta se produjo después de que uno de los suelos fuera declarado urbano. El intermediario de la operación, Eduardo Fernández Álvarez, y algunos trabajadores de Realia también han sido imputados.
En uno de estos solares, ubicado entre los barrios de Schamann y Escaleritas, el Ayuntamiento autorizó la edificación de dos torres de 15 plantas para albergar 120 viviendas, cuya construcción permanece hoy paralizada. Fue la asociación de vecinos Avecalta quien denunció la construcción de las dos torres precisamente en una de las zonas más masificadas de Canarias, que, previamente, estaba destinada a ser una zona verde.
Persecución “política”
Cardona compareció ayer para dar sus “explicaciones” de lo que considera una persecución “política”. Según el primer edil de Las Palmas, la versión de la denuncia “responde a un interés concreto que se aleja bastante de la realidad”.
La presidenta de Avecalta, María Ángeles Sánchez, manifestó su satisfacción y su asombro “porque todavía no se habían practicado las pruebas periciales solicitadas desde 2008”. Avecalta, en la denuncia, considera que puede haber delitos de “malversación de fondos y prevaricación”. En el auto de citación, sin embargo, no se revelan los delitos imputados al alcalde.
El juez de instrucción ha ordenado “la reapertura de las diligencias” al constatar que el Tribunal Supremo devolvió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el procedimiento administrativo por el que se decretó la nulidad del Plan Especial en el que se enmarca la construcción de las torres sin entrar “en el fondo del asunto”.
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