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El Congreso rechaza limitar las pensiones de los expresidentes del Gobierno

La cámara baja vota en contra de la propuesta, presentada por UPYD y apoyada por IU

PP, PSOE y CIU ya habían avanzado que la rechazaban

Los exmandatarios reciben una pensión de 80.000 euros anuales además del sueldo del Consejo

Aznar y González cobran más de 150.000 euros cada uno de salarios privados

La líder de UPyD Rosa Díaz conversa con el portavoz de ERC, Joan Tardá, antes del pleno del Congreso.
La líder de UPyD Rosa Díaz conversa con el portavoz de ERC, Joan Tardá, antes del pleno del Congreso. EFE

No habrá límites a las pensiones de los expresidentes del Gobierno. El Congreso ha rechazado esta tarde (con 291 votos en contra, 26 a favor y 3 abstenciones) la propuesta de UPyD de limitar los honorarios de los expresidentes y hacerlos incompatibles con sueldos privados. Los grupos popular, socialista y el de CIU ya habían avanzado que se opondrían. Los exmandatarios reciben una pensión de unos 80.000 euros al año y otros medios materiales, como coche oficial, dos asistentes y seguridad. José María Aznar y Felipe González compatibilizan además esa ayuda con salarios de empresas privadas: Aznar cobra unos 200.000 euros anuales por su trabajo en News Corporation y Endesa, y González alrededor de 126.000 euros al año de Gas Natural. El grupo de IU-ICV-CHA sí ha apoyado la iniciativa.

La propuesta ha sido defendida en el Pleno por el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. El diputado ha asegurado que es "de ética política" acabar con lo que ha calificado como "privilegios" de "casta política", máxime en la situación actual en la que se están "imponiendo" a los ciudadanos todo tipo de medidas de recorte. Por ello cree que hay que imponer el principio de igualdad ante la ley, empezando por los presidentes del Gobierno, que tienen especial "ejemplaridad". Los exinquilinos de La Moncloa pueden desde 2008 convertirse además en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello (71.000 euros anuales), como ha hecho recientemente el último exmandatario, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los expresidentes, como 'los jarrones chinos', deben ser 'cuidados y mimados' en casa, pero no ponerse en venta

José Luis Centella, Izquierda Plural

La propuesta de UPyD, planteada también la pasada legislatura por Rosa Díez, busca limitar en el tiempo las prerrogativas de los exmandatarios y hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes de la empresa privada. Para Martínez Gorriarán, el problema no es la cuantía de esa partida presupuestaria, aunque cree que "no es poco" teniendo en cuenta que a lo largo de los años se ha ido extendiendo a expresidentes autonómicos, exministros o exconsejeros.

La iniciativa ha contado con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, José Luis Centella, ha hecho especial hincapié en las incompatibilidad argumentando que los expresidentes, como "los jarrones chinos", deben ser "cuidados y mimados" en casa, pero no ponerse en venta al mejor postor.

Críticas a la política espectáculo

El estatuto es 'la mejor garantía' para separar los intereses públicos de los privados

Nacho Sánchez Amor, PSOE

El portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban, estuvo de acuerdo en no permitir la compatibilidad entre las retribuciones públicas y las privadas de los expresidentes: "O a setas, o a Rolex", resumió gráficamente. Ahora bien, dijo discrepar de la "política espectáculo" de este tipo de propuestas contra quienes se dedican a la política.

También el nacionalista catalán Jordi Jané censuró la "política espectáculo" de este tipo de iniciativas y avisó de que los propios políticos deberían evitar ese tipo de polémicas que, a su juicio, contribuyen al desprestigio de la su actividad.

El PP y el PSOE fueron aún más claros en su rechazo a la propuesta. Para el socialista Nacho Sánchez Amor, el estatuto de los expresidentes del Gobierno es precisamente "la mejor garantía" para separar los intereses públicos de los privados y subrayó que, si se recurre a la experiencia de los exmandatarios, siempre será mejor que acudan con el respaldo de fondos públicos en lugar de que estén a merced de una empresa privada.

Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, descalificó la iniciativa por "efectista" y remarcó que la regeneración democrática es "incompatible con la demagogia". A su juicio, la sociedad entiende que sus expresidentes del Gobierno no estén en su situación de "infrarepresentación institucional", por lo que pidió "desterrar planteamientos facilones".