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Batalla en el Poder Judicial por un puesto clave en la Audiencia Nacional

Gómez Bermúdez compite con otros seis magistrados por la presidencia de la sala que tiene la última palabra sobre los beneficios a presos de ETA

Gómez Bermúdez habla con el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza. Tras ellos, el exfiscal general del Estado Cándido Cónde-Pumpido, y la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.
Gómez Bermúdez habla con el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza. Tras ellos, el exfiscal general del Estado Cándido Cónde-Pumpido, y la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.

Es un puesto clave. La persona elegida para ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —cuyo nombramiento abordará este mes el Consejo General del Poder Judicial— no solo dirigirá el tribunal que juzga todos los casos de terrorismo y criminalidad organizada. El elegido tendrá un papel fundamental en la gestión del final de ETA. Tras el cese de la violencia, toca abordar los posibles beneficios penitenciarios para los presos de la banda. Y la sección que dirige el presidente, la primera, es la que tiene la última palabra en los asuntos penitenciarios. Ésa, entre otras razones, es la que augura una pugna dura en el Poder Judicial, según varios de sus vocales.

El actual titular, Javier Gómez Bermúdez (de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura), opta a la reelección. A la espera de que ayer concluyera el plazo de presentación de candidaturas, competirá con sus compañeros de tribunal Javier Martínez Lázaro (de la progresista Jueces para la Democracia y exvocal del gobierno de los jueces a propuesta del PSOE), Alfonso Guevara (APM), Teresa Palacios (APM), y Ángel Hurtado. También se presenta el titular del Juzgado Central 3, Fernando Grande-Malaska y el magistrado de la Audiencia de Madrid Juan Pablo Gonzalez, ex vocal del Consejo a propuesta del PP, a falta de conocerse si y algún otro candidato ha enviado su solicitud por correo.

El Poder Judicial, de teórica mayoría progresista, debe adoptar el nombramiento por la mitad más uno de sus vocales, pero se prevé que el grupo conservador (10 de los 21 consejeros) acuda a la votación mucho más compacto. Fuentes de la institución aseguran que, en la designación, tendrá mucho peso un nombramiento pendiente desde hace meses para magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La idea, según esas fuentes, sería que los progresistas cedieran ese puesto al candidato de los conservadores (Antonio del Moral) a cambio del puesto clave de la Audiencia.

Pero los progresistas, como casi siempre en el Consejo, parecen divididos. Carecen por el momento de un candidato claro. El que en principio estaría llamado a serlo, Martínez Lázaro —un magistrado con fama de gran solvencia y capacidad entre sus compañeros— no cuenta con el apoyo de todos sus miembros. A algunos de los vocales de esa sensibilidad no ha gustado su apoyo público al juez Baltasar Garzón ante las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo y que podrían apartarlo de la carrera. Bermúdez también cuenta con algunos apoyos en ese sector, entre ellos el del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez.

Donde el apoyo del actual presidente es más incierto es entre los conservadores, el sector que, paradójicamente lo aupó al cargo hace cinco años hasta en tres ocasiones, después de que el Supremo anulara dos veces su nombramiento por falta de motivación. El sector progresista no le dio entonces ni un solo voto.

A priori, algunos de los actuales vocales propuestos por el PP le han manifestado su simpatía, según fuentes del Consejo, pero no parece que ocurra lo mismo con el Gobierno. Sus medios más afines cargaron contra él tras el juicio del 11-M, en el que descartó todos los bulos conspirativos lanzados desde el partido. Tampoco fue muy bien vista en el PP su actuación en el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún. Bermúdez, haciendo uso de sus competencias, arrebató el asunto a la Sección Segunda para llevarlo al pleno de la Sala que, por unanimidad, revocó el procesamiento de los mandos policiales implicados.

El interés del Ejecutivo en la decisión del Consejo no es menor. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que se mostrará flexible en la aplicación de beneficios a los presos de ETA, algo que, en última instancia deberá estudiar la sección de la Audiencia Nacional dirigida por el futuro presidente. Así pues, la sintonía entre el ministerio y el magistrado elegido es importante.

Sin embargo, Bermúdez ha sufrido ya un fracaso con los actuales integrantes del Poder Judicial. En 2009 se presentó a la presidencia de la Audiencia Nacional, pero fue descartado para la terna que llegó al pleno. Al final el puesto se lo llevó Ángel Juanes, con el que, desde entonces, no ha mantenido buenas relaciones. El enigma es si ahora, los que eligieron a Juanes querrán poner en la Sala a alguien más afín a este.