Cambios sobre cambios

Como si se tratara de una ley de la naturaleza imposible de soslayar, cada Gobierno, al iniciar su mandato, cambia el modelo y la estructura de la educación, con los indudables trastornos que ello causa a la escuela y las familias. El del PP no podía fallar. Resulta así muy difícil que una estructura se asiente y muestre sus virtudes y sus debilidades para ir corrigiéndola con prudencia. En esta ocasión, el ministro del ramo, José Ignacio Wert, acaba de anunciar las modificaciones que planea introducir, entre las que destacan las relacionadas con la asignatura Educación para la Ciudadanía y la estructura de la educación secundaria.

El problema de Educación para la Ciudadanía es artificial; generado por la intolerancia de la Conferencia Episcopal y los sectores más extremistas, que tildan de adoctrinamiento la información acerca de puntos de vista diferentes sobre la familia, las relaciones interpersonales y la necesidad de respetarlos, aunque no se compartan. Es justamente esta parte de la asignatura la que se pretende revisar a pesar de que los problemas de nuestra educación no radiquen en la existencia o el contenido de esa materia y de que los conflictos suscitados, puramente ideológicos, hayan sido mínimos. A falta de mayores concreciones sobre el cambio, el contexto en que surge da pistas acerca de su orientación y de las razones que asisten a un ministro que ayer justificaba su decisión recitando un texto “adoctrinador” que ni siquiera recogen los libros escolares que ahora se pretenden modificar. En cualquier caso, los niños no son propiedad de los padres y un Estado democrático y aconfesional tiene la obligación de organizar la enseñanza teniendo en cuenta lo que beneficia a su formación integral, a veces al margen de las preferencias particulares de los progenitores o de sus iglesias.

La otra modificación, de más calado, es la reducción de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un año, que se añade al bachillerato, al tiempo que se mantiene la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Tal reforma introduce una disfuncionalidad que habrá que resolver. Todos los alumnos tendrán que cursar un año después de haber culminado la ESO, aunque no vayan a completar la etapa formativa siguiente. Estaba ya aceptado el sistema que daba fin a la escolaridad obligatoria en coincidencia con el fin de la ESO y también el método de orientar el último curso de la secundaria en función de las preferencias y aptitudes y dependiendo de que la opción a seguir fuera el bachillerato, la Formación Profesional o el mercado de trabajo. Tal alternativa parece menos agresiva que el cambio que ahora se propone.

Nuestras escuelas y nuestros docentes necesitan apoyo a una tarea que es fundamental y es compleja. También necesitan prudencia en los cambios, que debieran ser evolutivos. No es evidente que las reformas propuestas, que el Gobierno debería explicar con detalle a la ciudadanía, vayan en esta dirección.