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Juicio a Garzón por investigar los crímenes del franquismo

El Supremo se fractura ante el juicio a Garzón pero sigue adelante por un voto

La Sala Penal del alto tribunal, con fuertes tensiones entre sus miembros, salva la cara a Varela

Tres de siete magistrados votaron por anular el proceso sobre el franquismo

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La justicia española está desde este martes bajo observación internacional, después de que el Tribunal Supremo iniciara el primer juicio relacionado con los crímenes del régimen franquista, pero contra el juez que intentó investigarlos. Tres de los siete magistrados encargados de juzgar a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo votaron a favor de anular el proceso por irregularidades en la instrucción. Otros cuatro entendieron que el juicio no era ilegal y decidieron reanudar la vista. Con estos precedentes, el juicio arrancó bajo sospecha de los observadores de organizaciones de derechos humanos. El fiscal del caso había tildado de “insólita” la instrucción del magistrado Luciano Varela. “Hice lo que creí que debía hacer, no es cuestión de ideología. Aquí había cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos”, argumentó Garzón. 

La Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó este martes todas las cuestiones previas planteadas por la defensa del juez Baltasar Garzón y por el fiscal de sala del Supremo Luis Navajas, después de una serie de deliberaciones en la que finalmente acordó, por mayoría de un solo voto, continuar el juicio por la investigación de los crímenes del franquismo. En la decisión final se impuso el malestar de algunos miembros del tribunal por la contundencia con la que el fiscal Luis Navajas descalificó la instrucción del juez Luciano Varela por “insólita” e “insostenible”. También, por la renuencia a estimar una alegación que no solo dejaba en evidencia a Varela, sino también al anterior tribunal que avaló las polémicas resoluciones del instructor y del que formaban parte el hoy magistrado en excedencia Adolfo Prego y el propio presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra. Este tribunal fue apartado como órgano de enjuiciamiento ante una recusación de Garzón, por falta de imparcialidad objetiva, que fue estimada por la Sala Especial del Supremo.

Aunque en un primer momento se barajaron diversas soluciones para evitar seguir adelante con el proceso, las tensiones entre los moderados y el sector más recalcitrante de la sala llevaron al bloque de la derecha del tribunal a cerrar filas en cuanto a salvar la cara a Varela y seguir adelante con el juicio. Según las fuentes consultadas en el alto tribunal, el lunes ya se habría acordado la continuación del juicio por cuatro votos a tres, es decir, por un solo voto de diferencia. Las fuentes consultadas mantuvieron la reserva sobre los nombres de los discrepantes.

En la decisión se impuso el malestar de algunos jueces con el fiscal Navajas

En definitiva, la Sala acordó por la mínima rechazar las cuestiones previas y continuar el juicio, en el que Garzón se enfrenta a 20 años de inhabilitación como juez.

En el primer punto del acuerdo adoptado “por la mayoría”, y que será desarrollado en la sentencia definitiva, el tribunal declaró que, “sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados cometidos en la instrucción”, los efectos que se han producido “no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones”.

Esta fue la fórmula que ha avalado la polémica instrucción del juez Luciano Varela, pese a los sólidos argumentos de la defensa y del fiscal sobre la “insostenible” actuación de corregir y orientar los escritos de acusación de Manos Limpias y de Falange Española de las JONS, esta última expulsada después del procedimiento.

Al principio se barajaron varias soluciones para finalizar el proceso

El acuerdo de la mayoría rechazó también que el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias carezca de legitimación para llevar adelante la acusación en solitario, pese a que no ejercen la acusación el fiscal ni ningún ofendido por el delito.

Esta decisión, que supone no aplicar a Garzón la doctrina Botín, denominada así en atención a haber sido aplicada al presidente del Santander para no tener que juzgarle por el caso de las cesiones de crédito, fue justificada en que los bienes jurídicos protegidos frente al delito de prevaricación “son de naturaleza pública”.

El Supremo se remitió en su acuerdo a la doctrina contenida en la sentencia que declaró la legitimidad de las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia para solicitar la apertura del juicio oral al lehendakari Juan José Ibarretxe.

El Supremo también rechazó el testimonio en el juicio de personalidades internacionales, aunque “sin perjuicio de que la defendibilidad [sic] de la interpretación de las resoluciones objeto del juicio pueda ser objeto de la prueba documental”.

El tribunal que acordó iniciar el juicio contra Garzón está integrado por el presidente, Carlos Granados; el ponente, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano y José Manuel Maza Martín.