Corruptores y corruptos

No hago mucho caso de las cartas que circulan por Internet, pero estos días una de ellas llama la atención. Su encabezamiento es “Ley de Reforma del Congreso”, y el remitente, como sucede a menudo, pide el reenvío del texto a conocidos que pudieran estar de acuerdo con el contenido. En sustancia se trata de proponer un cambio constitucional que delimite estrictamente el estatuto del diputado, modificando múltiples aspectos de la condición actual. El propulsor o propulsores de esta idea quieren que el “representante del pueblo” deje de tener unos privilegios y excepciones que —se considera implícitamente— han tenido consecuencias nefastas para la democracia. En lo fundamental se defienden medidas que limitarían draconianamente los juegos de intereses económicos en los que pueden verse inmersos los representantes de la ciudadanía. Se exige una radical transparencia. También el fin de la impunidad de los diputados, los cuales, durante su mandato, deberían responder ante los tribunales, como cualquier otro ciudadano, de aquellos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. Se recuerda, por último, que el servicio democrático a la ciudadanía no es una profesión, de la cual deba sacarse rendimiento, sino una función honorable que debe ser ejercida con dignidad y siempre provisionalmente, es decir, con una fecha de caducidad que dé paso a nuevos representantes.

Curiosamente, me encontré con esta carta —bien redactada, concisa, clara— una tarde en que estaba releyendo el libro de C. M. Bowra La Atenas de Pericles, un estudio esencial sobre la génesis de la democracia ateniense en el que no dejan de encontrarse paralelismos con el presente. También Pericles, hombre culto y de elevados ideales, al que acompañaba una justa fama de incorruptible, advirtió tempranamente que la corrupción era el enemigo por antonomasia de la nueva libertad. Pericles quería que los representantes populares exhibieran una estricta honradez, ya que, precisamente, la deshonestidad y la codicia habían abortado los anteriores intentos de instaurar una democracia en Atenas. Quería, asimismo, que los elegidos en las votaciones pudieran ser juzgados en caso de transgresión y, él mismo, pese a su prestigio, no escapó a las críticas y a las multas por conductas, no deshonestas pero sí desacertadas.

Pericles intuyó lúcidamente lo que la carta sobre la “Ley de Reforma del Congreso” denuncia 2.500 años después: el desmoronamiento de la honorabilidad pública de los políticos ha sido catastrófico para la democracia y ha facilitado el advenimiento de una oligarquía que, en nuestra época, se enmascara en el burdo, y a la vez enigmático, dominio de El Mercado. Es inquietante, en el actual escenario, que los salvadores que tienen que rescatarnos de los desmanes y de las incompetencias de los políticos elegidos democráticamente sean tecnócratas que, como banqueros, estuvieron asociados a los grandes especuladores que provocaron el colapso financiero de hace unos años. Esto, al menos, sucede en Grecia, Portugal, Italia y, si las informaciones de los periódicos son ciertas, también parcialmente en España.

En el llamativo caso de Italia, El Mercado ha conseguido echar al hombre más rico del país, el incombustible Berlusconi, frente al que la impotente oposición italiana había fracasado siempre. Inservible ya para los nuevos intereses, el corrupto Berlusconi ha sido sustituido por el tecnócrata Monti, del que se espera que sea honrado pero que procede del mundo de la alta especulación de Wall Street. La oscura paradoja está servida: hundida la honestidad de la clase política, juzgada corrupta en una mayoría alarmante de países, se ofrece la tarea de salvación a los corruptores, o a los que trabajaron al servicio de los corruptores. Atrapada en este círculo vicioso, no es posible la supervivencia de la democracia.

Esta, creo, es la advertencia que nos hace llegar la carta sobre la “Ley de Reforma del Congreso”. Y el fármaco que ofrece, con el cual estoy por completo de acuerdo: únicamente restaurando la honorabilidad y confianza de los políticos democráticos podría romperse aquel círculo vicioso. Los corruptores nunca nos librarán de los corruptos, pero si lográramos acabar con los corruptos entonces, quizá sí, podríamos hacer frente a los corruptores. La solución, hoy, solo puede ser drástica y —aunque sea un ferviente admirador de Atenas— espartana. Los representantes del pueblo, los diputados y los integrantes de otras instancias, deben ser alejados, por ley, de toda imagen de privilegio, de toda percepción de corruptibilidad por parte de la ciudadanía. Sea como sea, hay que instaurar una nueva silueta del delegado popular, alguien al que se respete por su idealidad —independientemente de su ideología— y al que se reconozca la grandeza democrática de oponerse a los corruptores. Democracia u oligarquía de los mercados.

La tarea no solo no es fácil sino que roza con lo imposible, especialmente en países como España, particularmente cobardes en el momento de mirarse en el espejo de la historia y hacer autocrítica. Sin grandes traumas judiciales y sin restitución de los bienes robados hemos asistido, con notable apatía, a toda la gama posible de la corrupción. Se ha gritado mucho en las tertulias y se ha sido escasamente eficaz en las instituciones. En la tragicomedia no falta, casi, ninguna pieza. Hemos tenido directores de la Guardia Civil ladrones; presidentes de instituciones musicales, estafadores; capos autonómicos que expoliaban el patrimonio a la vista de todos; y, últimamente, como es sabido ad nauseam, un representante de la Familia Real que se ha dedicado presuntamente a cobrar durante años un impuesto revolucionario (o “monárquico”) a quien se le pusiera por delante. Sin embargo, esto no sería nada, casos aislados que representarían el peaje que, a veces, hay que aceptar por la libertad, si no fuera por el clima de sospecha que se ha consolidado y que, en determinados países, entre ellos España, ha colocado a los políticos (democráticos) en lo más alto del listón de las preocupaciones ciudadanas.

Lamentablemente, la sospecha está fundamentada. Los principales partidos que aún rigen el país han albergado y amparado en sus huestes asombrosos casos de corrupción que casi nunca han denunciado con suficiente energía; como no denunciaron durante largos lustros la especulación inmobiliaria y bancaria que abrió las puertas de la catástrofe económica. El ciudadano sospecha con razón cuando ve el destino económico de tantos antiguos representantes del pueblo: bancos, consejos de administración, jubilaciones milagrosas, cátedras nacidas por generación espontánea, cargos fantasmales en fundaciones no menos fantasmales. Y se pregunta: ¿qué servicios se están pagando?, ¿qué informaciones se están cobrando? Incluida la pregunta más delicada: ¿dónde está la frontera que separa a corruptos de corruptores?

Tenemos que responder a esta vieja pregunta que, de algún modo, ya se hizo Pericles. Los tecnócratas o los que sirvieron a la corrupción nunca salvarán la democracia. Únicamente podemos salvarnos a nosotros mismos dando la espalda tanto a corruptos como a corruptores. Si no podemos, para que nos representen, elegir a los mejores —que sería, desde luego, lo conveniente—, elijamos, cuando menos, a los dignos. Y como ya no podemos ser ingenuos debemos dotarnos de leyes implacables que, al ahuyentar a los mercenarios de la política, aseguren tal dignidad.

Rafael Argullol es escritor.