Reingreso escandaloso

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que pone en entredicho el rigor en la aplicación de sus criterios cuando se trata de administrar justicia a un integrante del Poder Judicial. El caso concreto sobre el que versa la sentencia de este alto tribunal tuvo en su día amplia repercusión por tratarse de un juez —el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía— al que llegó la onda de corrupción en forma de un soborno de 73.800 euros para la compra de su vivienda, que expandió el llamado caso Malaya, protagonizado por Juan Antonio Roca, exgerente del Ayuntamiento marbellí en la última etapa del gilismo. A cambio, el juez Urquía dictó algunas resoluciones favorables a los intereses de Roca en algunos procedimientos que le correspondió instruir.

Urquía fue condenado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a dos años de prisión y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación, pero el Supremo solo apreció después la comisión del primer delito y le impuso una pena de 21 meses de suspensión que ya ha cumplido, si bien el Consejo General del Poder Judicial se negó a rehabilitarlo hace dos años por entender que los antecedentes penales derivados de esa condena seguían vigentes y no expiran hasta finales de este año. Además de ello, Urquía tiene pendiente de revisión en el Supremo otra condena de otros dos años de prisión y 17 de inhabilitación por aceptar otro soborno de 60.000 euros de un imputado en un caso que instruía.

El Tribunal Supremo alega, sin embargo, en su sentencia que los antecedentes penales del juez —condena en firme por cohecho— no le impiden reingresar en la carrera judicial, aunque reconoce que sí le hubieran impedido acceder a ella. Observa un “vacío legislativo” que quizás solo esté en la mente de los magistrados, pues si la carencia de antecedentes penales constituye un requisito exigible para convertirse en juez habrá que deducir, aunque no lo diga expresamente la ley, que también debería ser imprescindible para ejercer esa función. Habrá que esperar a lo que suceda con la otra condena por cohecho, pero a veces los intereses corporativos y la endogamia familiar que todavía perdura en buenas dosis en la judicatura— Urquía es hijo de juez— parecen ocupar el lugar de los razonamientos jurídicos.