Los funcionarios de Castilla y León trabajarán más con el mismo sueldo
La jornada de los 87.000 empleados públicos de la Junta se incrementará en 2,5 horas a la semana
Los 87.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León deberán trabajar 2,5 horas más a la semana y verán congeladas sus retribuciones en 2012, ha informado hoy el presidente de la Comunidad Autónoma, Juan Vicente Herrera, que ha llamado a este colectivo y a la sociedad a realizar "esfuerzos".
Frente a la actual jornada laboral de 35 horas semanales, la nueva jornada, aprobada hoy por el Gobierno regional, será de 37,5 horas, ha explicado en una conferencia de prensa Herrera, quien no obstante ha añadido que esta y otras medidas se intentarán pactar con los sindicatos representativos del colectivo de funcionarios.
La Junta de Castilla y León ha realizado este anuncio en el marco de un Consejo de Gobierno en el que han visto la luz el decreto de prórroga de los presupuestos de 2011, el proyecto de ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria -techo de gasto-, el anteproyecto de ley de Medidas Financieras y el Plan de Racionalización del Gasto Corriente.
Herrera ha defendido la aplicación de estas medidas vinculadas a los funcionarios para lograr los objetivos de déficit marcados, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales "con calidad y equidad", asegurar la "sostenibilidad" del sistema de prestaciones autonómico y contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo.
Otra de las ideas de la Administración autonómica para reducir el gasto asociado a la actividad de los funcionarios es flexibilizar sus horarios, promover acciones de ahorro energético y rebajar el coste de los servicios asociados a la seguridad y la limpieza, aunque Herrera ha asegurado que los hospitales no estarán menos limpios que ahora.
La Junta de Castilla y León se ha propuesto también, y así se lo comunicará a los sindicatos, "intensificar el control del absentismo laboral" de los funcionarios por la vía de una nueva regulación que limite la aportación económica de la Administración cuando un trabajador esté de baja por incapacidad temporal. "Parece razonable", ha asegurado Herrera.
Estas medidas, incluidas en el Plan de Racionalización del Gasto Corriente que prevé también la disminución de liberados sindicales al pasar de los 950 actuales a 658 -ya anunciada-, supondrán un ahorro de 136 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, quien prevé adecuar estas mismas condiciones laborales a sus empresas públicas.
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