El 10% del mayor contrato al duque de Palma acabó en su empresa privada

El análisis de cientos de facturas incorporadas a la pieza separada del caso Palma Arena, la investigación que afecta a los negocios de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey y esposo de la infanta Cristina, prueba el desvío de fondos públicos desde el Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, a empresas privadas con ánimo de lucro propiedad del duque de Palma.

El principal contrato público logrado por Iñaki Urdangarin para organizar a finales de noviembre de 2005 dos jornadas de promoción de Baleares a través de deportistas famosos le costó a la Comunidad Autónoma 1,2 millones de euros. De ese dinero, según las facturas entregadas por Diego Torres, socio de Urdangarin y principal imputado en la causa, al menos 116.000 euros acabaron en la caja de la empresa Aizoon, propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin, presidente de Nóos, un instituto sin ánimo de lucro, contrató para la “gestión de la logística del IB Forum” a la empresa Aizoon, propiedad suya, según la fotocopia de una “primera factura” fechada en Barcelona el 25 de noviembre de 2005, solo un día después de culminar el evento organizado por el Instituto Nóos en Baleares.

Hay gastos de 15.000 euros por una cena de gala para 100 personas

La investigación judicial sostiene que Urdangarin logró resucitar el Instituto Nóos cuando se hizo cargo de su administración, el 28 de noviembre de 2004, y hasta que lo dejó, cuando era presidente, el 14 de junio de 2006. Durante ese año y medio, Urdangarin logró contratos públicos para organizar eventos o asesorar a instituciones en la Comunidad Valenciana y en Baleares y en varios Ayuntamientos importantes (Madrid, Alcalá de Henares...), además de contar entre sus clientes o patrocinadores de eventos a numerosas empresas privadas.

El Instituto Nóos, según la investigación judicial, daba a Urdangarin y su socio, Diego Torres, la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.

El Instituto Nóos organizó el evento para el que había sido contratado por el Gobierno balear, al igual que hizo en la Comunidad Valenciana con un acto similar durante tres años. Pero lo peculiar de su actuación es que, junto a los proveedores normales en este tipo de actos (hoteles donde alojaba a los invitados —hay facturas de 80.000 euros para 120 personas—, restaurantes donde celebra cenas de gala que llegaron a costar 15.000 euros para 100 comensales, ponentes, suministradores de distinto material audiovisual o documental...), se incluyeron otras empresas que eran propiedad de Urdangarin o Torres, con lo que el ánimo de lucro de quienes se presentaban con carácter no lucrativo quedaba probado.

La investigación pone en duda que el dinero se haya aplicado al encargo

Torres y Urdangarin, según el relato judicial, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”.

Ese desvío de fondos, según la investigación judicial, lo disimulaban mediante “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

En el segundo año de colaboración del Gobierno balear con el Instituto Nóos, se firmó un convenio para la creación de una especie de Observatorio permanente de Deporte y Turismo. Nóos facturó al Gobierno balear 445.000 euros por este servicio, que, según la investigación judicial, no se llegó a prestar. Sin embargo, una de las empresas privadas de Iñaki Urdangarin, denominada Nóos consultoría, facturó al Instituto Nóos un importe de 92.600 euros en concepto de “colaboración en la elaboración del observatorio permanente sobre turismo y deporte”.

Nóos facturó por un supuesto observatorio del deporte

Las facturas que se han incorporado al sumario del caso Palma Arena reflejan este movimiento de fondos entre un instituto sin ánimo de lucro, propiedad de Urdangarin y su socio Diego Torres, y las empresas con ánimo de lucro de Urdangarin y Diego Torres.

El socio principal del duque de Palma tenía colocados en este entramado mercantil a su mujer y a sus cuñados, que también facturaron por sus servicios jurídicos al Instituto Nóos por los eventos organizados en Baleares y Comunidad Valenciana. Además, un hermano de Urdangarin también facturó por sus servicios al Instituto Nóos.

El juez imputó hace varios meses a Torres y está pendiente del análisis de numerosa documentación incautada en las sedes de las distintas empresas para decidir si hace lo mismo con el duque de Palma.

Las primeras conclusiones de la investigación judicial, reflejadas en los autos donde el juez ordenaba los registros, apuntan a que la imputación de Urdangarin “será inevitable”, según todas las fuentes jurídicas consultadas.

El juez decidirá si imputa a Urdangarin por fraude a la Administración

“Hasta donde en este momento se conoce”, escribe el juez que instruye la causa, “no existe constancia de que partes importantes de las sumas recibidas [por el Instituto Nóos] se hayan aplicado a los encargos ya que, de una parte, la totalidad de las facturas presentadas no se corresponde con las sumas percibidas para los eventos, incrementándose la diferencia al descontar aquéllas que no guardan relación alguna con los encargos y todavía más si se cuestiona la procedencia de determinadas facturaciones”.

La causa separada abierta a raíz del caso Palma Arena —las irregularidades descubiertas en la adjudicación de un polideportivo por parte del Gobierno balear por las que está imputado el ex presidente Jaume Matas— investiga a Urdangarin y su socio en relación con los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.