Mayor Oreja y Eguiguren

Dentro del campo constitucionalista, Mayor Oreja y Eguiguren representan las dos posiciones extremas respecto a la negociación con ETA. Lo primero que hizo el exministro nada más ser nombrado fue romper todas las vías de contacto establecidas en el periodo anterior; el presidente del PSE, por su parte, fue un teórico del pactismo vasco (tema al que ha dedicado cuatro libros) antes de practicarlo con Otegi. Y ambos han estado en el candelero la semana pasada por declaraciones relacionadas con el abandono de las armas por parte de ETA.

Mayor ha alertado, frente a los que “están muy contentos diciendo que ETA no mata”, de que, a cambio, la banda “puede alcanzar el poder” tras las autonómicas, con Otegi de lehendakari. La acusación es que la participación electoral de Bildu y Amaiur fue el precio negociado por el Gobierno a cambio del comunicado. Pero si la izquierda abertzale gobierna algún día será porque ha ganado las elecciones, y eso es algo que ya no se puede evitar ilegalizando las formaciones en las que se presente. Pudo haberse hecho en su momento, con el argumento, defendible politica y jurídicamente, de que, por mucho que dijeran sus estatutos, mientras ETA estuviera en activo, su brazo político no podía ser legal.

Pero lo que ha ocurrido es que ETA ha decidido abandonar la estrategia terrorista. Lo que tenía que haber hecho antes de la legalización de Bildu, lo ha hecho después; pero lo ha hecho: ha cumplido la condición última exigible para que la izquierda abertzale pueda participar en las elecciones. Se puede lamentar que el Constitucional no fuera más exigente, pero no dar marcha atrás en la legalización una vez que ETA ha renunciado, que era el objetivo de la política antiterrorista.

Es cierto que la opinión pública desconfía, como demuestra la encuesta del CIS; pero esa desconfianza no depende de que el fin de ETA se haya formulado como cese de la violencia y no como disolución. Hay que seguir exigiendo esto último, pero nunca podrá haber garantía absoluta de que no vuelvan. La mejor caución de que no ocurra es que a quien más perjudicaría es a la izquierda abertzale.

Un Gobierno presidido por Otegi sería ciertamente inquietante: el abandono de la violencia no significa por ahora la renuncia a la intolerancia que les lleva a negarse a renunciar a su pasado de complicidad con el terror y a mantener actitudes impositivas: siguen planteando que la “solución definitiva” pasa por una negociación política que alcance un “consenso sobre la formulación del reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir” (Comunicado de ETA. 11-1-11). Como si la integración de Navarra o el derecho unilateral a la separación fueran evidencias compartidas y no una opción de parte. Pero esas ideas no pueden derrotarse prohibiéndolas, sino refutándolas con mejores argumentos.

Eguiguren ha sido estos días el centro de una confusa controversia a cuenta de unas declaraciones suyas en las que habría manifestado (ha dicho que se le malinterpretó) estar convencido de que el Gobierno estaba hablando con ETA y que la Declaración de la Conferencia de San Sebastián que precedió al comunicado de ETA había sido pactada entre la izquierda abertzale y el Gobierno.

No es un tema para especulaciones, por lo que hubiera sido deseable mayor precisión o silencio. La declaración de San Sebastián incluía, junto a la petición de cese definitivo de ETA, la recomendación de que los Gobiernos de España y Francia negociasen con ella sobre las “consecuencias del conflicto”. La propia ETA ha precisado (en la entrevista aparecida en Gara que esa expresión significa negociar, a cambio de la inutilización de las armas, la liberación de los presos y la “desmilitarización de Euskal Herría”, que implica la retirada del País Vasco de las fuerzas de seguridad.

Todo esto es bastante absurdo. Una cosa es no oponerse a la celebración de la Conferencia a fin de facilitar la renuncia de ETA, y otra suponer que un Gobierno democrático pueda quedar comprometido por las recomendaciones aprobadas en la de San Sebastián, entre las que también figuraba una referencia oblicua a la mesa de partidos en que se discutan “cuestiones políticas” a fin de alcanzar “una paz duradera”.

Esas pretensiones provocaron la decepción de Eguiguren, que las consideró, a la salida de la Conferencia, propias de un pasado ya superado. Fue el presidente del PSE quien dijo en su momento que había llegado a la conclusión de que para ETA y la izquierda abertzale “era más fácil renunciar a la lucha armada a cambio de nada que a cambio de contrapartidas políticas”, porque nunca podría darles el Gobierno “lo que se considerasen obligados a pedir, ni ellos a aceptar lo que les pudiera ofrecer el Gobierno”. El cese de ETA fue unilateral, ante la “cerrazón de los Estados” (Gara, 11-11-11), es decir, ante la negativa a la negociación política tras el cambio de estrategia antiterrorista en 2007. Pero si nos empeñamos, acabaremos convenciéndoles de que no lo fue y de que tienen derecho a reclamar compensaciones políticas.