El juez justifica los registros al socio de Urdangarin por la gravedad de los delitos

Diego Torres, el socio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, seguirá imputado por el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro que logró, entre 2004 y 2006, contratos a dedo de los Gobiernos balear y valenciano por cuatro millones. El juez que investiga el caso, José Castro, ha desestimado el recurso del abogado de Torres, que pidió el archivo de la causa. Según el juez instructor, las órdenes de entrada y registro en el despacho y la vivienda de Torres en Barcelona están justificados por la “gravedad” de los hechos que se investigan.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, expuso en el recurso que los registros fueron “desproporcionados” y que el socio de Urdangarin había entregado, antes de ser imputado, una serie de documentos al juzgado que sirvieron de base para “construir” la causa contra él. El auto del juez Castro considera, en cambio, que “la gravedad” de los posibles delitos cometidos y las penas que conllevan “justifican sobradamente la adopción de las diligencias de entrada”, ya que es difícil imaginar “otras menos gravosas” pero igual de efectivas. Castro ratifica que la documentación requerida “no acredita suficientemente” el destino de los fondos.

La investigación sobre la actividad privada del marido de la infanta Cristina tiene su origen en el caso Palma Arena, sobre las irregularidades en la adjudicación de una de las mayores instalaciones deportivas de Baleares. En ese caso están imputados el expresidente autonómico del PP Jaume Matas y otros altos cargos de su Ejecutivo. Según la pieza separada sobre el Instituto Nóos —que sigue secreta—, Urdangarin y Torres suscribieron dos contratos con el Gobierno de Matas a través del entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos.

Las facturas presentadas por Nóos no justifican los gastos que supuso la celebración, durante dos días, de dos congresos en Baleares. El agujero supera el millón de euros.

El recurso de González Peeters reprochaba al juzgado no haber comunicado la apertura de la pieza secreta. El juez entiende que no hacerlo es de sentido común porque, de otra forma, “se llegaría al absurdo de que las intervenciones telefónicas tuvieran que ir acompañadas de una previa declaración” del secreto.