Roca exculpa a Julián Muñoz de los sobornos a los concejales de Marbella

El tiempo y la prisión han convertido en aliados a dos antiguos enemigos. El exasesor urbanístico de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca desvinculó ayer tajantemente al exalcalde Julián Muñoz de los sobres con dinero con los que supuestamente sobornaba a los concejales del equipo de gobierno. En la sesión del juicio del caso Malaya, Roca negó que los sobres marcados con las siglas J. M., que totalizan 162.000 euros, correspondieran al exregidor. “Esas siglas corresponden a Javier Manríquez, un colaborador de Jesús Gil en la campaña electoral de 2003”, afirmó el exgerente de urbanismo.

Los pagos comenzaron a llegar a los concejales después de la moción de censura de agosto de 2003, en la que un pacto tripartito, supuestamente urdido por Jesús Gil con ayuda de Roca, desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. En ese momento el fallecido presidente del Atlético de Madrid y el alcalde derrocado se convirtieron en enemigos. Según Roca, Gil no hubiera tolerado que él le pagara ninguna cantidad a quien fue su sucesor en el cargo: “Antes de que yo le pagara algo a Julián Muñoz, Jesús Gil se hubiera pegado un tiro”.

Sobre la moción de censura, Roca aseguró que fue Gil quien “tuteló” las negociaciones con los entonces portavoces del PSOE, Isabel García Marcos, y Partido Andalucista, el fugado Carlos Fernández. Según Roca, el fundador de Grupo Independiente Liberal nunca le habló de que existiera algún acuerdo económico con los portavoces para que secundaran el derrocamiento de Muñoz. El exasesor urbanístico reconoció haber estado en la notaría donde se firmó la moción de censura pero negó que sufragara los viajes a Portugal y a Madrid de los ediles que la secundaron. Los concejales pusieron tierra de por medio con Marbella por orden de Gil, para evitar que Julián Muñoz pudiera hacerles cambiar de parecer, afirmó el exasesor.

Como ya ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando hizo su gran declaración inculpatoria, Roca reconoció los pagos al resto de los ediles. Así indicó que a la alcaldesa Marisol Yagüe le corresponderían inicialmente 84.000 euros; mientras que a los portavoces Isabel García Marcos y Carlos Fernández, 42.000 euros; otros ediles que eran tenientes de alcaldes, como Tomás Reñones recibiría 18.000 euros; y el resto, 6.000 euros. Estas “gratificaciones” buscaban, insistió, crear una “especie de pacto antitransfuguismo”.