Euskadi pide recortes laborales de 100 millones a los funcionarios

El Ejecutivo de Patxi López ha propuesto a los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública un compromiso de estabilidad en el empleo, incluidos los interinos, a cambio de un esfuerzo de reducción de 100 millones en gastos laborales mediante la suspensión de contratos de relevo, suprimiendo las primas de jubilación o rebajando los complementos por incapacidad temporal debido a enfermedades.

El PSE ha propuesto esta mañana a sus 66.769 empleados para 2012, en la única comunidad en que gobierna, “otro sacrificio” tras el recorte salarial de 2010 basado en congelar y eliminar diversas primas. En concreto, el Ejecutivo socialista ofrece a los sindicatos convertir a los interinos en funcionarios y no tocar las escalas salariales pero, a cambio ahorrar unos cien millones eliminando las primas por jubilación voluntaria, a través de la suspensión de los contratos de relevo, de la prórroga del servicio activo a partir de los 65 años, y de suspender el devengo de la carrera profesional —se reconoce la carrera pero no se paga en 2012—. La última medida sería la revisión de los complementos por enfermedad (incapacidad temporal), reduciéndolos del actual 100% a lo que marca la ley.

López propone eliminar las primas por jubilación voluntaria, suspender los contratos de relevo y el devengo de la carrera profesional

Pese a la dureza de las medidas, el Ejecutivo reconoce que la situación económica vasca permite adoptar recortes menos drásticos que en otras comunidades. Con la mitad de paro que en el resto de España, el 10,6%, en el tercer trimestre, el 1,3% de déficit presupuestado para este año con una deuda viva a finales de 2012 de casi 5.000 millones de euros, el 50% del presupuesto de gastos para ese año. La caída de la recaudación fiscal ha hecho sin embargo que Euskadi vuelva a un escenario de ingresos por impuestos concertados como el de 2006. El presupuesto del Gobierno para 2012 es un 2% menor que el vigente. Según ha explicado el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, la intención del Gobierno del lehendakari, Patxi López, es negociar “una propuesta que está muy alejada del modelo de recorte catalán o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna” explicó Ramos. “Les pedimos un esfuerzo para poder garantizar la estabilidad en el empleo, también para los interinos”, ha agregado.

En Euskadi, según sus datos, hay 66.769 trabajadores públicos en la administración general, con un 32% de trabajadores interinos al comienzo de la legislatura. Esta cifra se ha reducido al entorno del 17% con las ofertas públicas de empleo pactadas, que incluyen 12.692 plazas de las que ya se han cumplido 6.450. La lucha contra el absentismo ha pasado del 6,1% al 5,15% en los últimos tres años, también se mantendrá.

Los datos del Gobierno vasco indican que en los primeros diez meses de este año se han contabilizado 48.135 bajas, que han supuesto un coste de 43,8 millones de euros en materia de complementos por incapacidad temporal. La suspensión de los contratos de relevo afectará a un colectivo que en 2010 fue de 334 funcionarios.

El 5,15% de absentismo se computa solo con las enfermedades comunes, no se incluyen ni vacaciones ni cualquier otro tipo de libranzas o bajas maternales, paternales o licencias sindicales. Cada punto de absentismo supone en torno a los 22 millones de euros en la administración pública vasca.

El último bloque de la propuesta del Gobierno vasco contempla una instrucción de Función Pública para la contención del gasto en la administración general, que ya en 2011 ha logrado "importantísimos ahorros" con la suspensión de las sustituciones y acumulación de tareas para cubrir las vacantes.

Varios sindicatos han coincidido en reclamar una nueva política fiscal que recaude más y que posibilite el mantenimiento y mejora de los servicios y el empleo públicos.

ELA ha descalificado la propuesta porque exige a los agentes sociales y a los trabajadores del sector público "responsabilidad para que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis".

LAB también ha criticado la propuesta que, a su juicio, "no deja ningún margen a la negociación", por lo que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012.

CCOO también ha mostrado su rechazo explícito al planteamiento del Gobierno porque supone pérdida de derechos y recortes que recaen "sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores".

Este sindicato ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos actuales, la mejora de la atención a la dependencia y la extensión en la red pública de la educación de cero a tres años.

UGT ha rechazado igualmente la propuesta y ha advertido de que, de llevarse a cabo, situaría a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida del poder adquisitivo del 12 por ciento.

A juicio de UGT, el planteamiento del Gobierno Vasco perjudica la creación de empleo y repercute negativamente en los servicios públicos, y concluye avisando de que si lo mantiene, generará conflictividad laboral.