La realidad financiera subordina los planes de PSOE y PP para la UE

El 2 de septiembre, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la primera reforma constitucional en sus 33 años de historia. Una propuesta presentada por los grupos Socialista y Popular para la reforma del artículo 135, con el objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria en todas las Administraciones públicas, y de la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo sentirse “muy satisfecho” por ser “realmente muy importante para España en este momento”.

Ninguno de los dos partidos explicó a las claras la urgencia y la motivación última de la reforma y, pese a las diferencias y acusaciones que habían mantenido hasta entonces, acordaron en tiempo récord una reforma de la Constitución. De hecho, en el debate parlamentario del 23 de agosto, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, exigió respuestas al presidente: “Cuando el Banco Central Europeo comenzó a comprar deuda pública española [en agosto] ¿le remitió a usted o a algún ministro del Gobierno una carta? ¿Nos puede decir si se la remitió o no y cuál es su contenido?”.

No hubo respuesta y, pese a ello, sí hubo acuerdo para la reforma. Sí supimos que en el verano el BCE había remitido una carta al Gobierno italiano con sus condiciones para comprarles deuda, en las mismas fechas en las que empezó a comprar deuda española. Sin embargo, Italia sí hizo pública la carta y fue publicada por los medios de comunicación. A partir del acuerdo constitucional entre PP y PSOE, la prima de riesgo de Italia empezó a superar a la española.

La campaña electoral parece haber borrado este episodio de un plumazo y ahora ambos partidos sostienen que las diferencias en política económica europea son radicales. “Ah, ¿pero el PSOE tiene una política económica para Europa? Porque durante años le hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta al respecto y se ha negado”, asegura Álvaro Nadal, secretario de Economía del Partido Popular. “Esta área es, seguramente, donde más diferencias hay entre PP y PSOE”, asegura Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE.

Lo cierto es que el programa socialista no tiene ningún apartado específico sobre política europea y el futuro diseño de la Unión. Pero López Garrido, candidato socialista por Madrid, recuerda que en la Presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010, el Gobierno ya planteó su proyecto de una unión económica, con un Tesoro europeo que pudiera emitir eurobonos, y la creación de un Ministerio de Finanzas que fije una política económica común y se financie con la tasa sobre las transacciones financieras.

“Nuestro planteamiento, que fue criticado en su momento, ahora es compartido por todo el mundo. Y la ausencia de ese gobierno económico común ha tenido en estos meses consecuencias devastadoras para el proyecto europeo”, subraya. López Garrido reprocha al PP su falta de apoyo al primer plan de ajuste. “Es la derecha más insolidaria de toda Europa. Si no hubiera sido por el apoyo de los nacionalistas, ahora estaríamos como Italia”.

Los socialistas repiten ahora, como un mantra, que el ajuste no puede ser la única salida a la crisis, que hay que aplicar medidas de estímulo del empleo y que para ello hay que generar ingresos. “Hay que ir a impuestos más progresivos, revisar las desgravaciones del impuesto sobre sociedades e implantar un tributo sobre las grandes fortunas y otro sobre los beneficios de la banca, que ha recibido ingentes ayudas públicas. Habrá que subir los impuestos sobre el tabaco y el alcohol para financiar la sanidad. Y la tasa sobre transacciones financieras puede ser recaudada por la UE o por los Estados y servir para reducir la aportación de estos a las arcas comunitarias”.

Para el PP, estas propuestas son “el plan Marshall de Rubalcaba, que ya nadie se cree”. En su caso, las posiciones que defiende a lo largo de las 19 páginas que el programa electoral dedica a Europa parecen más un planteamiento para la negociación y de fondo que un programa de medidas concretas para aplicar de inmediato. Quizás porque el escenario que manejan está abierto a demasiadas incógnitas. Nadal, candidato por Albacete, insiste en que la aproximación a la crisis europea debe tener dos patas: “Por un lado, una agenda de reformas que obligue a los países a aumentar su flexibilidad y mejorar la competitividad de su economía y, al mismo tiempo, facilitar la liquidez mientras esas reformas surten efecto, da igual a través de qué instrumento”. Es decir, ya sea el banco central quien lo impulse o el nuevo fondo de estabilidad financiera. Nadal no se muestra, sin embargo, favorable a los eurobonos, “sobre los que no ha habido ninguna propuesta oficial pero que desincentivarían la disciplina fiscal si los países supieran que cuentan con un respaldo común”, pero no ve mal una propuesta para la creación de un Ministerio de Economía europeo, aunque “sería más fácil si hubiera algún tipo de presupuesto federal y no veo a los alemanes compartiendo impuestos por ahora”.