La igualdad que viene

Nunca se avanzó tanto en tan poco tiempo, coinciden los expertos. Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, con efímero ministerio propio por primera vez en la historia, han marcado los siete años de Gobierno -paritario- del presidente Rodríguez Zapatero. Aunque desvaídas en los últimos tiempos, dejan un andamiaje de leyes, ampliación de derechos y una agenda pública con valores como la tolerancia cero ante la violencia machista. El resultado es una corriente de cambios impensables hace una década y una opinión pública más sensible a una igualdad con asignaturas pendientes —la brecha salarial, entre otras—. La cuestión se coló de forma gráfica en el debate televisivo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Mientras el primero, que sacó el tema, hablaba de igualdad en sentido amplio, el segundo se centró en la conciliación. Dos maneras distintas de abordar la cuestión y un solo punto de acuerdo entre los candidatos a presidir el Gobierno: “Ellas concilian más que ellos”.

Con las urnas a la vuelta de la esquina -y listas electorales paritarias por ley en las que los números uno tienen predominio masculino-, los dos grandes partidos buscan el voto femenino con mensajes distintos. El PSOE tira de su acervo de Gobierno. “Hemos avanzado mucho y hemos estado muy solos (...) en un proceso para corregir lo que lleva siglos funcionando: la prevalencia de los varones sobre las mujeres”, vino a decir Pérez Rubalcaba. O como resume la feminista Ángeles Álvarez, miembro del comité electoral socialista: “Hemos pasado de la igualdad declarativa al impulso de la igualdad real”. Los socialistas enarbolan la bandera del miedo: acusan al PP de querer recortar el Estado del bienestar, el primer aliado de las mujeres porque las descarga de las tareas de cuidado que protagonizan.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres supera el 20%

El Partido Popular, favorito en las encuestas, plantea un discurso distinto: la principal barrera para la igualdad real entre mujeres y hombres es la difícil conciliación entre trabajo y familia -definida como “la primera sociedad del bienestar” en el programa electoral-. Quiere enmendar algunas leyes -aborto, dependencia y violencia-. Tampoco les gusta la paridad obligatoria por ley -oponen el “mérito” a la discriminación positiva-. “Nosotras dedicamos mucho más tiempo al cuidado y al trabajo doméstico, y no debería ser así, porque eso dificulta la promoción personal y hace que no seamos libres para poder elegir a qué nos dedicamos”, dice la portavoz de igualdad del PP, Sandra Moneo. De ahí la promesa de un “plan de conciliación” para flexibilizar horarios laborales y escolares y que cree una bolsa de horas para atender asuntos propios, entre otras medidas. A ellas suma un permiso de paternidad ampliado y con un periodo mínimo obligatorio -el Gobierno, que lo aumentó a 13 días, pospuso su extensión a cuatro semanas por la crisis. Un total de 275.637 hombres lo tomaron el año pasado-. “Si las mujeres no encuentran dificultades para acceder al mercado laboral, los hombres tendrán que asumir su responsabilidad en la esfera privada”, dice Moneo.

Este giro de las políticas de igualdad hacia las de conciliación supone un cambio de fondo. “Las primeras se orientan solo a las mujeres con empleo, para lograr que haya más madres en el mercado laboral. Las segundas favorecen la promoción de las mujeres en todas las esferas públicas”, explica Teresa Torns, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, ni unas ni otras tocan “una raíz honda” de la desigualdad: “la división sexual del trabajo, incluido el no remunerado”. “La conciliación es necesaria para la igualdad, pero no al revés”, matiza la socióloga Constanza Tobío, de la Universidad Carlos III.

La izquierda alerta de que ellas acusan más el recorte del Estado de bienestar

Con la tarjeta de presentación de un Gobierno por primera vez paritario -“fue un símbolo muy importante que tuvo un efecto arrastre incluso en el PP”, según Tobío- Zapatero apostó por políticas de igualdad visibles con la inestimable ayuda de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Su primera ley fue contra la violencia machista. Se aprobó por unanimidad. La norma, de 2004, introdujo una medida novedosa, avalada por el Tribunal Constitucional: el agravamiento penal para los hombres, más castigados que las mujeres en las agresiones a la pareja.

La violencia machista, planteada como una cuestión de desigualdad, dejaba de ser un problema privado para convertirse en público. De la mano de esta ley España empezó a convertirse en adalid de los derechos de las mujeres fuera de sus fronteras y, pese a las resistencias, su empuje acabaría por impulsar la primera medida de ámbito europeo para amparar a las víctimas, la euroorden de protección. En la piel de toro, la norma tuvo otro efecto añadido: la intolerancia hacia las agresiones y, a la par, el auge del valor de la igualdad en sentido amplio, un derecho constitucional que debía ser efectivo.

Los populares proponen ahora “mejorar” la ley de violencia, “que debe estar por encima del rifirrafe político”, según Moneo. Quieren “reforzar” la protección a las víctimas e incluir a los menores. El PSOE la reivindica como uno de sus grandes logros y apuesta por mejorar la prevención y la asistencia. El número de víctimas se mantiene en más de una por semana.

De la violencia, a la equiparación. La siguiente gran apuesta llegó en 2007: la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Una norma con tres patas: más poder político y económico para las ciudadanas y mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado -permiso de paternidad de 13 días-. La paridad electoral -ningún sexo más del 40% de candidaturas en cada tramo de cinco nombres-, criticada por el PP, ha contribuido a aumentar la presencia de diputadas -37%- y senadoras -28,2%-. La de alcaldesas apenas despega -16,7%-. Cuatro mujeres -tres, del PP- presiden comunidades autónomas.

El PSOE propone paridad obligatoria en las grandes firmas en ocho años

El PP siempre ha defendido el mérito frente a la discriminación positiva; las cuotas provocan ronchas. Pero su líder, Mariano Rajoy, ha estado muy atento a la aportación femenina, empezando por su propio equipo. El programa popular no prevé pasos atrás en la Ley de Igualdad. Ni siquiera en una medida muy contestada desde el mundo empresarial: la mayor presencia femenina en los consejos de administración y el establecimiento de planes de igualdad en las compañías de más de 250 empleados.

El número de mujeres consejeras en las grandes compañías se ha convertido en un termómetro de la paridad en la élite económica: las consejeras de las empresas del IBEX, el 6% en 2007, son ahora el 11,3%. Muy lejos aún del objetivo del 40% que recomendaba la norma para 2015. De ahí que el PSOE proponga ahora que esa presencia paritaria sea obligatoria en ocho años. La resistencia del poder económico a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el poder económico se da en toda Europa. Tanto que la Comisión ha amenazado con implantar cuotas obligatorias si no hay avances sustanciales pronto.

Este mensaje cala: “Ellos tienen derecho a cuidar y ellas a trabajar fuera”

“A pesar de las resistencias, ha habido avances en las empresas. Ya es normal negociar planes de igualdad”, asegura la secretaria de Mujer del sindicato Comisiones Obreras, Carmen Bravo. “Es importante que la igualdad no dependa de la voluntad, sino que haya obligaciones”, plantea la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la opinión de la patronal CEOE. Las dos sindicalistas remarcan, entre los problemas pendientes, además del desempleo -que castiga más a las mujeres, el 22,1% frente al 21% de los varones-, la brecha salarial, que supera el 20%.

Las sindicalistas comparten un temor: los recortes al Estado del bienestar. Aquí entra en liza otra de las leyes Zapatero, la de Dependencia, que consagró, en 2007, el derecho de las personas que no se valen por sí mismas a recibir atención pública -servicios o ayuda económica-, lo que debía aliviar la carga de cuidados en las familias, sobre todo en manos femeninas. Una ley cuyas dificultades se han agudizado con la crisis y que el PP quiere retocar en aras de la libre elección en los servicios y de las prestaciones básicas iguales en toda España.

Con la arquitectura de leyes igualitarias lista, la segunda legislatura de Zapatero fue contradictoria. Arrancó con la creación del Ministerio de Igualdad y con la primera ministra de Defensa -“la imagen de Carme Chacón embarazada pasando revista a las tropas dio la vuelta al mundo”, plantea Torns-. El departamento, con poco presupuesto, sacó adelante la ley del aborto: es un derecho en las primeras 14 semanas. El PP quiere modificarlo, pero no concreta cómo.

Dos años y muchas críticas de la derecha después -la ministra Bibiana Aído fue una diana habitual-, en 2010 Zapatero acabó con el Ministerio de Igualdad. El argumento fue el ahorro, y la titular se enteró por la prensa. “Suponía el 0,01% del gasto”, lamenta Soledad Murillo, responsable de las políticas de igualdad en la primera legislatura. La rebaja -la igualdad pasó a formar parte del Ministerio de Sanidad- aún causa amargura en los sectores feministas, incluidos los de carné socialista. Pero no solo. “Fue un retroceso. Quitó las políticas de igualdad del primer foco de atención”, afirma Santiago Fernández, portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad. “Esas políticas no son caras y permiten un avance social que se refleja en todas las esferas”, añade. La ola de la igualdad también moja a los hombres: ese es otro cambio. “El mensaje empieza a calar. Ellos tienen derecho a cuidar y ellas, a trabajar fuera de casa”, asegura Tobío. Mientras, ellas concilian más que ellos.