El PP pide que Blanco dimita por agilizar una licencia a un empresario amigo

La juez que investiga el caso Campeón, la trama ilegal que montó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo para lograr subvenciones públicas mediante la falsedad documental, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, remitió al Tribunal Supremo hace varios días una exposición razonada sobre la implicación en estos negocios sucios por supuesto tráfico de influencias del ministro de Fomento y cabeza de lista por Lugo en las elecciones generales del 20-N, José Blanco.

Otros dos políticos, ambos exdiputados, uno del Partido Popular, que gobierna en Galicia, y otro del BNG, que gobernó hasta hace dos años con el PSOE, han dimitido acusados por Dorribo de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de ayudarle en sus gestiones para conseguir ayudas públicas.

Un organismo público de la Xunta de Galicia, gobernada ahora por el PP, también está en el punto de mira de la juez por supuesta colaboración de varios de sus directivos con Dorribo en la consecución de subvenciones públicas.

Dorribo, que estuvo encarcelado hasta agosto tras ser detenido a finales de mayo, ha declarado a la juez que también pagó en una gasolinera 290.000 euros a Blanco a través de un primo de la esposa del ministro a cambio de que le agilizara una subvención por algo más de 400.000 euros del Ministerio de Economía y Hacienda (que nunca logró) o una autorización del Ministerio de Sanidad para comercializar medicamentos en unidosis (que nunca le concedieron).

En el escrito de la juez, según El Mundo, se transcriben además mensajes y conversaciones telefónicas que demostrarían el supuesto trato de favor que Blanco dio a su amigo José Antonio Orozco, consejero delegado de la empresa Azkar, al que el ministro compró la vivienda en la que reside en Las Rozas (Madrid) y sobre la que pesa una hipoteca de 370.000 euros.

Puestos a anular su agenda, que la anule definitivamente” Sáenz de Santamaría

Orozco era también socio del imputado Jorge Dorribo, por lo que supuestamente su teléfono había sido intervenido con orden judicial unos meses antes de que la Agencia Tributaria desarticulara la trama del caso Campeón.

Esos mensajes, entre enero y marzo de este año —Dorribo fue detenido en mayo—, probarían que el ministro Blanco hizo gestiones para agilizar la concesión de una licencia para levantar una nave industrial de Azkar en el área del aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

El alcalde de Sant Boi de Llobregat, el socialista Jaume Bosch, aseguró ayer que la concesión de la licencia, porque la nave estaba situada en su término municipal, se adecuó en todo momento a lo que marca la ley y que la empresa solicitante cumplió todos los requisitos urbanísticos.

Bosch aclaró que el industrial Orozco pidió la licencia el 15 de mayo de 2010 y la consiguió el 28 de febrero de 2011, nueve meses y medio después, sin que en el Ayuntamiento se adelantase su expediente sobre otros llegados antes.

El secretario de Estado habló con el alcalde de Sant Boi sobre la tramitación

El alcalde admitió que el secretario de Estado de Transportes, subordinado del ministro José Blanco, sí se preocupó por la marcha de la tramitación de la licencia, atascada supuestamente por la falta de un informe de la Agencia de Seguridad Aérea, dependiente a su vez del Ministerio de Fomento.

Blanco desbloqueó ese informe, según los SMS y las llamadas telefónicas que supuestamente están en el informe remitido por la juez al Tribunal Supremo.

El alcalde de Sant Boi de Llobregat insistió ayer en que la empresa de Orozco cumplía todos los requisitos para levantar la nave industrial y defendió que no hay ninguna anomalía en la licencia concedida. El Partido Popular, que lleva días pidiendo la dimisión de Blanco, insistió ayer: “Que dimita y deje de esconderse, es la única salida que le queda”, declaró la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaria. “Yo le digo”, remachó, “que puestos a anular su agenda [el ministro canceló una entrevista televisiva], que la anule definitivamente y dimita”.