Cuando el terror era un ‘impuesto’

ETA secuestró a Ángel Berazadi el 18 de marzo de 1976. Veinte días después, su cuerpo inerte apareció en la carretera de Elgoibar a Azkoitia (Gipuzkoa). Tenía 58 años, esposa y seis hijos, y era director gerente de la empresa Sigma. Treinta y dos años después, y a escasos kilómetros de allí, en Azpeitia, Ignacio Uría, de 70 años, recibió dos tiros en la frente mientras se dirigía, como cada día, a jugar a las cartas con los amigos. Era consejero de la constructora Altuna y Uría, concesionaria de las obras del tren de alta velocidad en el País Vasco que tan poco gusta a los terroristas. Berazadi y Uría han sido el primero y el último de los empresarios asesinados por la banda terrorista. En total han sido 41. El número de secuestros roza el medio centenar. Los más largos, los de José María Aldaya en 1995 —342 días— y el de Emiliano Revilla en 1988 —249 días—. Miles de empresarios más han sido conminados a pagar un impuesto mafioso bajo la amenaza de las pistolas.

El comunicado de ETA del pasado 20 de octubre anunciando el fin de la violencia ha sido recibido con un inmenso alivio por los empresarios —aunque, como ocurre en el resto de la sociedad vasca, hay quien se fía más y quien se fía menos—. Ellos ya habían alcanzado una cierta tranquilidad. La última oleada de cartas solicitando el impuesto se recibió en octubre de 2010, y en abril ETA anunció que cesaba la extorsión. Era la primera vez que renunciaba a financiarse de este modo. No había ocurrido en ninguna de las treguas anteriores, durante las cuales las cartas siguieron llegando.

“Han sido décadas muy duras”, afirma Enrique Portocarrero, director del Círculo de Empresarios Vascos, en el que participan los responsables de las principales compañías vascas. “El empresariado ha vivido con una angustia terrible. A pesar de todo, la gente ha resistido y ha tirado adelante haciendo frente a ETA”. “Durante todos estos años hemos sufrido y resistido”, añade Pedro Abasolo, presidente de la empresa Tubos Reunidos. “Hemos seguido invirtiendo, creando riqueza, pero siempre con el lastre del terrorismo. Sobre la extorsión, en nuestra empresa siempre hemos tenido las ideas muy claras: no pagar”. ¿Y el que lo ha hecho? “No somos nadie para juzgar”, responde. Algo en lo que coincide con los presidentes de las patronales vasca y navarra. “Son situaciones personales muy difíciles”.

En 2002, la banda cobró 1,4 millones por la extorsión, el 90% de sus ingresos

El chantaje, teorizado años antes, empezó a practicarse a mediados de los 70. Ha afectado a empresarios grandes y pequeños, a profesionales liberales —abogados, médicos, futbolistas, cocineros...—, y se ha modulado en función de las necesidades de la banda, que extendió los tentáculos del impuesto cuando su debilidad operativa no le permitía ni llevar a cabo secuestros ni hacer demasiado creíble su chantaje.

“Durante los últimos años ha habido picos terribles”, explica José Manuel Ayesa, expresidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. “La desesperación les ha llevado a amenazar a todo el entorno. Enviaron una carta a la hija de 13 años de un empresario. La niña la recibió, la llevó al colegio y se la enseñó a sus amigos. A pesar de todo, creo que durante los últimos años el pago ha sido mínimo”.

Pagar o marcharse

Los empresarios elegidos por la banda para la extorsión no han tenido muchas opciones: pagar, marcharse de Euskadi o quedarse y resistir, con escolta o sin ella, asumiendo el riesgo para su vida y la de sus familias. La amenaza no era broma. ETA necesitaba el impuesto para su supervivencia, como lo demuestra la documentación incautada en octubre de 2004 en Salies-de-Béarn (sur de Francia) tras la detención del entonces dirigente Mikel Albizu, Antza, y de Soledad Iparragirre, Anboto, responsable de la tesorería de la banda. Los papeles dejan claro que ETA considera esencial imponer “castigos” a los que no paguen y actuar contra todo aquel que denuncie la extorsión.

Sabes que estás dando dinero a terroristas, pero piensas en tus hijos”

“GEZI nos daba justo lo que necesitábamos para comer”, se señala en un análisis interno de la banda que maneja la policía francesa. GEZI es el aparato de recaudación, acrónimo de Gora Euskal Zerga Iraultzalia —Viva el impuesto revolucionario vasco—. Continúa el texto: “Hay que ser absolutamente firmes en este campo. Por un lado, tenemos que imponer castigos relacionados con el impuesto (y, si confirmamos que la caída de GEZI ha sido consecuencia de una cita, sabemos contra quién tenemos que ir). Por otro, tenemos que hacer detenciones para garantizar el futuro de la caja durante algún tiempo”. Según esas cuentas, ETA había ingresado con el impuesto 1.434.681 euros en 2002. Era el origen de casi todo el dinero —el total de los ingresos era de 1.555.966—. Aunque no era suficiente: la banda necesitaba para mantenerse casi dos millones al año, según el documento.

Son muchos los que se han tenido que enfrentar al terrible dilema moral de pagar o no pagar. De repente, llegaba la primera carta. No era demasiado agresiva. Una invitación a contribuir a la causa. Después llegaba otra, al cabo de algunas semanas. “Y, finalmente, en una posterior, en mi caso la tercera, te decían ya que, si no pagabas, pasabas a ser objetivo prioritario de ETA”, explica un empresario vizcaíno que habla con la condición del anonimato.

Nadie quiere decir públicamente que ha pagado. En primer lugar, porque puede constituir un delito y la justicia ha imputado e incluso procesado a empresarios por hacerlo. En segundo, porque nadie se siente cómodo con ello. “Es algo realmente terrible”, explica este empresario. “Sabes que estás dando mucho dinero [en su caso, a finales de los 80, fue una cantidad importante: 24 millones de pesetas tras negociar con ETA, que le había pedido 40] a unos terroristas. Pero también piensas que les puede pasar cualquier cosa a tus hijos o a tu mujer”.

Alguno quizá ha pagado voluntariamente. Pero la inmensa mayoría cedía a la extorsión de una banda armada que les decía incluso cómo debían ser los billetes en los que quería cobrar su impuesto. El chantaje llegó a estar tan generalizado que es difícil vivir en el País Vasco y no conocer a alguien cercano que haya tenido que enfrentarse a una de estas cartas. Incluso los consejos de administración debatían si debían ceder al chantaje.

El pago

Una vez decidido el pago, había que llevarlo a cabo. Los terroristas no tienen una sede para llamar a su puerta, pero encontrarlos no era difícil. “En las cartas me decían que usara los conductos habituales de la izquierda abertzale”, relata este empresario. “Y sabes perfectamente adónde ir. Aquí todos nos conocemos. Preguntas a uno, que pregunta a otro, que pregunta a otro, y a través de terceros se fija un día, una hora y un lugar”. En su caso, pidió a un conocido que hiciera el pago en su nombre y lo hizo en una sola entrega. El hombre quedó con un intermediario en un lugar público, en este caso sin cruzar la frontera con Francia, con los sobres repletos de billetes. “Fue curioso, porque la persona que yo había enviado pidió un recibo, algo que acreditara que había entregado el dinero. Es absurdo pedirle eso a una banda terrorista, pero claro, él no sabía cómo probar ante mí que había pagado. El otro le preguntó en broma que adónde tenían que enviarlo, ¡como si no supieran donde vivía, con todas las cartas que me habían mandado! Naturalmente no recibí nada”.

La patronal justifica a los empresarios que pagaron: “No podemos juzgarlos”

Pagar no exime de un riesgo posterior. Cinco años después de haberlo hecho, la policía avisó a este empresario de que su nombre, con datos muy precisos, había aparecido en unos papeles incautados a unos etarras. Podía ser objeto de secuestro en cualquier momento. “No entendí porqué pasaba esto después de haber pagado, pero hubo que dejar el País Vasco rápidamente casi con lo puesto. Lo cogimos todo, nos fuimos a otra ciudad y nos instalamos en casa de un amigo. Era noviembre. Tuvimos que buscar un colegio para mis hijos con el curso ya empezado y sin saber cuánto tiempo nos tendríamos que quedar”. Al final fueron dos años. “Después pensé que, si querían hacerme algo, casi les iba a ser más fácil donde vivía entonces que en mi ciudad, donde suelo estar acompañado”. Así que regresaron. No pasó nada más.

Las cartas las ha quemado. “Las guardé en un cajón durante algún tiempo, pero se me ponía mal cuerpo cuando las veía. Es una situación terrible en la que te colocan. Te daban ganas de llorar cada vez que veías lo que hacía ETA”. Cuando se enteró del comunicado de la banda anunciando el fin de la violencia habló con un amigo, también empresario, víctima de un atentado. “Estaba muy emocionado. Él lo ha pasado muy mal. Finalmente, a lo mejor llega la tranquilidad a este pueblo”.

Ha habido algunas voces que se han alzado contra la extorsión. Como Juan Alcorta, que en abril de 1980, tras ser requerido por ETA para pagar, publicó una carta en los periódicos vascos: “Sé que con esta decisión puedo poner en peligro los años que me puedan quedar de vida, pero hay algo en mi conciencia, en mi manera de ser, por la que prefiero cualquier cosa que ceder a un chantaje que está destruyendo mi tierra. [...] ETA: seguiré viviendo como he vivido siempre. Me veréis en las empresas de las que soy responsable. Me veréis en Atocha, aplaudiendo a la Real. Me veréis en algún partido de pelota. Me veréis en alguna sociedad popular cenando. Así pues, no tendréis necesidad de buscarme”. José María Korta también se opuso públicamente a la extorsión. Fue asesinado en agosto de 2000.

Miedo a hablar de ETA

Los empresarios son uno de los colectivos amenazados más reacios a hablar sobre ETA. “La subcultura de la violencia que hay en Euskadi es muy fuerte y no acaba de la noche a la mañana”, opina Carlos Trevilla, exsecretario general de UGT-Euskadi. “Hay mucho miedo aún… y aquí ha pagado mucha gente. En algunos expedientes de regulación de empleo que he visto, el empresario te reconocía, ante agujeros negros que aparecían en las cuentas de la empresa, que eran de la extorsión”. Curiosamente, este sindicalista dice que se ha sentido siempre cerca de los empresarios. Por ETA. “El antagonismo de intereses quedaba aparcado por algo mucho mayor. Querían destruirlos unos totalitarios que no permitían una sociedad en libertad. El alivio que tienen que sentir hoy algunos empresarios es nuestro alivio”.

Según un estudio, el terrorismo redujo un 10% el PIB per cápita de Euskadi

Los efectos negativos para la economía vasca han sido múltiples, aunque la comunidad autónoma ha sabido salir adelante y crear un sólido tejido industrial y empresarial. La tasa de paro, por ejemplo, es del 12,17%, según la última Encuesta de Población Activa, frente al 21,5% de la media nacional. “Pero el terrorismo ha sido totalmente pernicioso”, señala José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao. “Por las mayores dificultades para captar inversiones, por la gente que se ha marchado, porque las empresas de otros sitios utilizaban la baza del terrorismo para obtener pedidos cuando estaban en competencia con nosotros... El cese de la violencia va a ser muy positivo”.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), acompañaba al lehendakari Patxi López en su viaje a EE UU cuando ETA hizo público su comunicado el 20 de octubre. “Estaba allí promocionando mi ciudad como ejemplo de desarrollo medioambiental”, relata. “Antes había estado en Brasil. Y claro que ves cierta desconfianza en los inversores. Cuando oyen País Vasco, piensan: ‘Ah, donde ETA’. El fin de la violencia va a ser sin duda un motor económico. Hemos perdido tantos millones, tanto talento, por esta lacra...”.

Javier Gardeazabal, de la Universidad del País Vasco, y Alberto Abadie, de la Universidad de Harvard, publicaron en 2003 un artículo sobre los costes económicos del terrorismo en el País Vasco en la American Economic Review que concluía que el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Euskadi era un 10% menor de lo que hubiera sido sin terrorismo. Para ello crearon una especie de País Vasco virtual, sin violencia, a través de una combinación de las demás regiones españolas con características similares a las de Euskadi antes de que comenzara la actividad terrorista. “Hay quien ha opinado que el cálculo del 10% es bajo, pero se trata de una pérdida de extraordinaria importancia”, señala Gardeazabal.

Los empresarios confían en que el turismo aumente notablemente con la paz, como ya ha ocurrido desde que progresivamente se han ido reduciendo los atentados y la kale borroka. Euskadi es una de las regiones donde más se ha incrementado en 2011, un 8%. El pasado fin de semana los turistas paseaban junto al Guggenheim. “Hemos leído sobre el comunicado”, explicaba Gretchen Hoffmann, estadounidense de 58 años, afincada en Londres. “Pero ya sabíamos que ETA estaba muy débil”. A su lado, una joven alemana de 19 años ni siquiera había oído hablar de la banda.